{"id":238552,"date":"2025-03-04T15:38:50","date_gmt":"2025-03-04T14:38:50","guid":{"rendered":"https:\/\/fernandezadvocats.es\/?p=238552"},"modified":"2025-03-05T12:34:44","modified_gmt":"2025-03-05T11:34:44","slug":"vulnerabilidad-del-inquilino-en-desahucios-y-ejecuciones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fernandezadvocats.es\/es\/vulnerabilidad-del-inquilino-en-desahucios-y-ejecuciones\/","title":{"rendered":"El Tribunal Constitucional anula la obligaci\u00f3n de los grandes tenedores de acreditar la vulnerabilidad del inquilino en desahucios y ejecuciones"},"content":{"rendered":"

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Recientemente, el Pleno del Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia de gran relevancia, con fecha de 29 de enero de 2025, en respuesta al recurso de inconstitucionalidad presentado por 136 diputados del Grupo Parlamentario Popular. La impugnaci\u00f3n se dirigi\u00f3 contra diversos preceptos de la Ley 12\/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, entre ellos, la obligaci\u00f3n impuesta a los grandes tenedores de acreditar la situaci\u00f3n de vulnerabilidad econ\u00f3mica del demandado o ejecutado antes de interponer una demanda de desahucio o iniciar la v\u00eda de apremio.<\/p>\n

Fundamentos de la Declaraci\u00f3n de Inconstitucionalidad<\/h3>\n

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales los arts. 439.6 y 655 bis 1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que establec\u00edan la mencionada obligaci\u00f3n. Seg\u00fan el Tribunal, estos preceptos vulneran el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola). La doctrina constitucional ha reiterado en varias ocasiones que el acceso a la jurisdicci\u00f3n es el primer contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, lo que implica el derecho a ser parte en un proceso y promover la actividad jurisdiccional que derive en una decisi\u00f3n judicial (STC 140\/2018, FJ5, entre otras).<\/p>\n

Si bien este derecho no es absoluto y puede estar sujeto a restricciones legales, dichas limitaciones deben responder a un fin de inter\u00e9s general, estar suficientemente delimitadas y respetar el principio de proporcionalidad. La norma impugnada pretend\u00eda garantizar una mayor protecci\u00f3n a las personas en situaci\u00f3n de vulnerabilidad econ\u00f3mica en procesos de desahucio y ejecuci\u00f3n hipotecaria. No obstante, el Tribunal considera que esta obligaci\u00f3n impuesta a los grandes tenedores no supera el test de proporcionalidad, ya que la acreditaci\u00f3n de la situaci\u00f3n de vulnerabilidad podr\u00eda lograrse mediante otros mecanismos sin restringir el acceso a la justicia de los propietarios o ejecutantes.<\/p>\n

Implicaciones de la Sentencia<\/h3>\n

Sobre el art\u00edculo 439.6 de la LEC<\/strong><\/h4>\n

Este precepto impon\u00eda a los grandes tenedores (definidos en Catalu\u00f1a como aquellos con cinco o m\u00e1s viviendas) la obligaci\u00f3n de acreditar la situaci\u00f3n de vulnerabilidad econ\u00f3mica de los demandados antes de interponer una demanda de desahucio en los casos regulados en los arts. 250.1.1\u00ba, 2\u00ba, 4\u00ba y 7\u00ba de la LEC.<\/p>\n

El Tribunal considera que esta exigencia resulta innecesaria y excesiva, ya que el art. 441.5 de la LEC ya prev\u00e9 que, en los supuestos de vivienda habitual, se informe a la parte demandada de la posibilidad de acudir a las administraciones competentes en materia de vivienda y asistencia social. Adem\u00e1s, el Juzgado debe comunicar de oficio la existencia del procedimiento a dichas administraciones para que puedan evaluar la situaci\u00f3n de vulnerabilidad y, en su caso, proponer soluciones habitacionales. En consecuencia, la exigencia previa de acreditaci\u00f3n por parte del demandante se considera una carga desproporcionada y una barrera injustificada al ejercicio de la acci\u00f3n judicial.<\/p>\n

Sobre el art\u00edculo 655 bis 1 de la LEC<\/strong><\/h4>\n

De manera an\u00e1loga, este precepto obligaba al ejecutante, si era gran tenedor o empresa de vivienda, a acreditar la situaci\u00f3n de vulnerabilidad del deudor antes de iniciar la v\u00eda de apremio cuando el bien objeto de la subasta fuera la vivienda habitual del ejecutado.<\/p>\n

El Tribunal concluye que esta carga procesal tambi\u00e9n es desproporcionada, ya que las administraciones competentes pueden evaluar la situaci\u00f3n de vulnerabilidad sin necesidad de imponer dicha carga al ejecutante. La exigencia de acreditaci\u00f3n impuesta al ejecutante genera un obst\u00e1culo innecesario para la realizaci\u00f3n de su derecho, vulnerando as\u00ed el art. 24.1 de la CE.<\/p>\n

Efectos de la Sentencia y Normas Derivadas<\/h3>\n

Como consecuencia de la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad de los arts. 439.6 y 655 bis 1 de la LEC, el Tribunal tambi\u00e9n ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad de los siguientes preceptos:<\/p>\n