{"id":253104,"date":"2025-07-07T13:58:10","date_gmt":"2025-07-07T11:58:10","guid":{"rendered":"https:\/\/fernandezadvocats.es\/?p=253104"},"modified":"2026-01-21T18:05:53","modified_gmt":"2026-01-21T17:05:53","slug":"la-cosa-juzgada-material-ante-la-desestimacion-de-la-demanda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fernandezadvocats.es\/es\/la-cosa-juzgada-material-ante-la-desestimacion-de-la-demanda\/","title":{"rendered":"La cosa juzgada material ante la desestimaci\u00f3n de la demanda por falta de legitimaci\u00f3n activa: Implicaciones de la no aportaci\u00f3n de prueba esencial"},"content":{"rendered":"

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Recientemente nos ha sido notificada una sentencia en primera instancia, que ha devenido firme, por la que se desestima la demanda por falta de legitimaci\u00f3n activa. En el caso concreto, la parte actora reclamaba a nuestro cliente una deuda adquirida mediante una supuesta cesi\u00f3n de cr\u00e9ditos, que esta entidad hab\u00eda adquirido de otra entidad crediticia, y la demanda es desestimada por falta de legitimaci\u00f3n activa al no haber presentado la escritura p\u00fablica que acredita esta cesi\u00f3n, entendiendo, por tanto, que no tiene legitimaci\u00f3n para reclamar.<\/p>\n

Una vez firme esta sentencia, el problema que se nos suscita es el siguiente: \u00bfpodr\u00e1 la misma entidad interponer una nueva demanda por la misma deuda, aportando esta vez el documento omitido, o habr\u00e1 cosa juzgada?<\/p>\n

Para responder a esta pregunta, que no est\u00e1 exenta de controversia, debemos hacer una interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de instituciones fundamentales como la cosa juzgada material y la preclusi\u00f3n de alegaciones y prueba, ponderando la seguridad jur\u00eddica con el derecho a la tutela judicial efectiva.<\/p>\n

La instituci\u00f3n de la cosa juzgada material<\/strong><\/h3>\n

La cosa juzgada material es uno de los pilares del ordenamiento procesal, cuya finalidad primordial es garantizar la seguridad jur\u00eddica, la estabilidad de las resoluciones judiciales firmes y evitar la perpetuaci\u00f3n de los litigios. Se encuentra regulada principalmente en el art\u00edculo 222 de la LEC.<\/p>\n

Este precepto establece, en su apartado primero, el efecto negativo o excluyente de la cosa juzgada: \u201cLa cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias, excluir\u00e1, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea id\u00e9ntico al del proceso en que aqu\u00e9lla se produjo\u201d, a\u00f1adiendo en su apartado cuarto que \u201cLo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin a un proceso vincular\u00e1 al tribunal de un proceso posterior cuando en \u00e9ste aparezca como antecedente l\u00f3gico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellas por disposici\u00f3n legal\u201d.<\/p>\n

En consecuencia, y de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, para que opere este efecto es necesaria la concurrencia de las tres identidades cl\u00e1sicas: identidad de sujetos, de objeto (lo que se demanda) y de causa de pedir (el fundamento f\u00e1ctico y jur\u00eddico de la pretensi\u00f3n).<\/p>\n

La legitimaci\u00f3n activa como presupuesto de la acci\u00f3n y su tratamiento procesal<\/strong><\/h3>\n

La legitimaci\u00f3n activa, definida en el art\u00edculo 10 de la LEC como la titularidad de la relaci\u00f3n jur\u00eddica u objeto litigioso, es un presupuesto esencial para la v\u00e1lida constituci\u00f3n del proceso para que pueda dictarse una sentencia sobre el fondo del asunto.<\/p>\n

Si bien tradicionalmente se ha debatido sobre si la legitimaci\u00f3n es una cuesti\u00f3n puramente procesal o si afecta al fondo, la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia se inclinan por considerar que la falta de acreditaci\u00f3n de la legitimaci\u00f3n ad causam (es decir, la titularidad del derecho que se reclama) conduce a una desestimaci\u00f3n de la demanda por razones de fondo. Esto es as\u00ed porque el tribunal, cuando analiza la legitimaci\u00f3n, valora si el demandante es efectivamente la persona a quien la ley concede la acci\u00f3n o el derecho reclamado. Si no se acredita esta titularidad, la conclusi\u00f3n es que el demandante no ha acreditado ser el acreedor o titular del derecho, por lo que se trata de una decisi\u00f3n sobre el fondo de la pretensi\u00f3n (en este sentido, vid. SAP Pontevedra, Secci\u00f3n 1\u00aa, n\u00fam. 392\/2008, de 18 de junio, que posteriormente comentaremos).<\/p>\n

La preclusi\u00f3n de alegaciones y la aportaci\u00f3n documental<\/strong><\/h3>\n

El principio de preclusi\u00f3n rige el desarrollo del proceso civil, implicando que los diferentes actos procesales se han de realizar en las fases y momentos legalmente establecidos. Una vez transcurrido el plazo o la oportunidad procesal para realizar un acto, esta posibilidad se extingue.<\/p>\n

En relaci\u00f3n con la prueba, y espec\u00edficamente la documental que acredita la titularidad del cr\u00e9dito, que es el caso que analizamos, esta se ha de aportar con los escritos iniciales (demanda y contestaci\u00f3n), salvo las excepciones legalmente previstas. El art\u00edculo 222 de la LEC es claro cuando se\u00f1ala que \u201cSe considerar\u00e1n hechos nuevos y distintos, en relaci\u00f3n con el fundamento de las referidas pretensiones, los posteriores a la completa preclusi\u00f3n de los actos de alegaci\u00f3n en el proceso en que aqu\u00e9llas se formularen.\u201d<\/p>\n

Dicho esto, la no aportaci\u00f3n de la escritura de cesi\u00f3n de cr\u00e9dito en el primer proceso no constituye un \u201checho nuevo y distinto posterior\u201d a la preclusi\u00f3n de las alegaciones, sino una omisi\u00f3n probatoria respecto de un hecho (la titularidad del cr\u00e9dito) que ya exist\u00eda y que hab\u00eda de ser acreditado en el primer litigio, destacando tambi\u00e9n que la carga de demostrar la titularidad del cr\u00e9dito recae sobre la entidad demandante.<\/p>\n

An\u00e1lisis del supuesto espec\u00edfico: desestimaci\u00f3n de la demanda por falta de acreditaci\u00f3n de la legitimaci\u00f3n activa<\/strong><\/h3>\n

Entiende quien redacta, apoyado por numerosa jurisprudencia, que cuando una sentencia firme desestima una demanda de reclamaci\u00f3n de cantidad por falta de legitimaci\u00f3n activa, por no haber acreditado la titularidad del cr\u00e9dito aportando la escritura p\u00fablica de cesi\u00f3n, o de manera fehaciente an\u00e1loga, nos encontramos ante una resoluci\u00f3n que, en esencia, ha resuelto sobre el fondo del asunto. El tribunal ha concluido que el demandante no ha conseguido demostrar ser el acreedor de la deuda reclamada.<\/p>\n

En consecuencia, esta sentencia desestimatoria produce plenos efectos de cosa juzgada material, conforme al art\u00edculo 222 de la LEC. Si la entidad intentara interponer una nueva demanda contra el mismo deudor, reclamando la misma deuda y bas\u00e1ndose en la misma causa petendi (el impago del cr\u00e9dito), aunque en esta ocasi\u00f3n aportara la escritura de cesi\u00f3n omitida en el primer procedimiento \u2014o acreditara ser la titular del cr\u00e9dito de otra forma fehaciente an\u00e1loga\u2014 el demandado podr\u00eda oponer \u2014y entendemos que eficazmente\u2014 la excepci\u00f3n de cosa juzgada, con el resultado nuevamente de la desestimaci\u00f3n de la demanda.<\/p>\n

Es importante distinguir esta situaci\u00f3n de aquellos casos de falta de legitimaci\u00f3n ad processum, en que la falta de legitimaci\u00f3n es puramente procesal (por ejemplo, un defecto en la representaci\u00f3n procesal, que es subsanable) y no afecta al fondo del derecho reclamado. En el supuesto analizado, por el contrario, la falta de prueba de la titularidad del cr\u00e9dito es un elemento nuclear para la viabilidad de la pretensi\u00f3n.<\/p>\n

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Secci\u00f3n 1\u00aa, n\u00famero 392\/2008, de 18 de junio, analiza un supuesto en esencia id\u00e9ntico, y determina lo siguiente:<\/p>\n

\u201cCentrado as\u00ed el debate, el Juzgado \u00aba quo\u00bb comienza su an\u00e1lisis por la supuesta falta de legitimaci\u00f3n activa y concluye que, en realidad, el hecho en el que se sustenta afecta, no a la legitimaci\u00f3n, sino a la instituci\u00f3n de la cosa juzgada. Con estas premisas, la sentencia desestima la demanda al considerar que, a la luz de la prueba practicada, concurren en el presente caso \u00ablas identidades subjetiva y objetiva exigidas por la ley ya que lo que la actora ha hecho es plantear la misma pretensi\u00f3n aportando los documentos (existentes en el primer proceso o susceptibles de poder ser aportados) acreditativos de la titularidad de la relaci\u00f3n jur\u00eddica en virtud de la cual accionaba en el procedimiento anterior y cuya no presentaci\u00f3n en momento procesal oportuno determin\u00f3 que por falta de legitimaci\u00f3n activa ad causam (que afecta al fondo del asunto) se dictase sentencia absolutoria sobre el fondo\u00bb.<\/p>\n

[\u2026]<\/p>\n

SEGUNDO.- La revisi\u00f3n en esta alzada de la prueba practicada (fundamentalmente, la documentaci\u00f3n aportada por ambos litigantes) lleva a la Sala a compartir en sus propios t\u00e9rminos las conclusiones sentadas en la sentencia impugnada sobre la concurrencia de cosa juzgada.\u201d<\/p>\n

Merece tambi\u00e9n citar el Auto de la Audiencia Provincial de Vizcaya, Secci\u00f3n 4\u00aa, n\u00famero 474\/2008, de 7 de julio, que analiza la materia objeto del presente art\u00edculo:<\/p>\n

\u201cLa cuesti\u00f3n suscitada en esta alzada, en cuanto el juzgador \u00aba quo\u00bb, no lo olvidemos, sobresee el procedimiento por falta de legitimaci\u00f3n activa \u00abad procesum\u00bb al actor, exige tener en cuenta la distinci\u00f3n, generalmente aceptada por la doctrina procesalista y proclamada por la jurisprudencia del TS, entre: a) la capacidad para ser parte y capacidad procesal, que integra, para todo tipo de proceso, un verdadero presupuesto procesal, a lo que tradicionalmente se conoc\u00eda como \u00ablegitimatio ad procesum\u00bb, regulada actualmente en los art\u00edculos 6 a 9 LEC, cuya apreciaci\u00f3n imposibilita el an\u00e1lisis de la cuesti\u00f3n de fondo debatida; b) lo que se denomina \u00ablegitimaci\u00f3n\u00bb en puridad, lo que conoc\u00edamos como \u00ablegitimatio ad causam\u00bb, la cual est\u00e1 relacionada con la pretensi\u00f3n que se ha formulado en el proceso, en cuanto viene determinada por la titularidad de la relaci\u00f3n jur\u00eddico-material invocada, por virtud de la cual es precisamente esta persona y no otra la que debe figurar en \u00e9l, ya sea en concepto de actor ya de demandado (arts. 10 y 11 LEC), y cuya falta puede ser apreciada de oficio o a instancia de parte, seg\u00fan ha declarado, entre otras muchas STS de 9 de octubre de 1993.<\/p>\n

Por lo que respecta a la primera, su apreciaci\u00f3n, si se trata de un defecto insubsanable o se hubiera dejado concluir el plazo para su subsanaci\u00f3n, determinar\u00e1 diversas consecuencias en funci\u00f3n del momento de su apreciaci\u00f3n o a la parte que le afecte; en el caso presente, al afectar al actor y plantearse en el acto de la audiencia previa, dar\u00eda lugar al sobreseimiento del proceso. La segunda, dada su \u00edntima conexi\u00f3n con la cuesti\u00f3n de fondo debatida, el estudio de la misma, y en su caso, su apreciaci\u00f3n producir\u00eda el dictado de una sentencia desestimatoria de la pretensi\u00f3n del actor, como consecuencia de su falta de legitimaci\u00f3n activa, por carecer de ella, con los consiguientes efectos de cosa juzgada material, sin que, a juicio de la Sala, pueda ser apreciada en otra fase del proceso, pues, por afectar a la cuesti\u00f3n de fondo, su consideraci\u00f3n supone no tener en cuenta la plenitud propia del debate y de la prueba que se logra tras la tramitaci\u00f3n \u00edntegra del proceso; as\u00ed se infiere, de alg\u00fan modo, del art\u00edculo 416.1\u00ba LEC, que si bien acepta la posibilidad de resoluci\u00f3n en el acto de la audiencia previa \u00absobre cualesquiera circunstancias que puedan impedir la v\u00e1lida prosecuci\u00f3n y t\u00e9rmino del proceso mediante sentencia sobre el fondo\u00bb, ello no cabe predicarlo de la falta de legitimaci\u00f3n \u00abad causam\u00bb, pues la sentencia analiza el fondo para estimarla o no y produce efectos de cosa juzgada.<\/p>\n

En el caso presente, esta Sala estima que la falta de legitimaci\u00f3n activa del actor no es de car\u00e1cter procesal y, por tanto, no es incardinable en los art\u00edculos 416 y 418 LEC, sino que pertenece al \u00e1mbito de la acci\u00f3n ejercitada o cuesti\u00f3n de fondo, al tratarse de una cuesti\u00f3n a dilucidar, tras el sometimiento a contradicci\u00f3n y prueba en el proceso, en la sentencia que se dicte, y no en esta fase del proceso en la que nos encontramos. Y ello no s\u00f3lo por las consideraciones generales hechas m\u00e1s arriba, sino tambi\u00e9n, atendidas las circunstancias concretas del caso, ya que, si bien en el acta notarial aportada en la audiencia previa, el comisario ratifica lo realizado por los s\u00edndicos y manifiesta \u00abconocer y tener por autorizado previamente\u00bb lo actuado, no se ha tenido oportunidad de proponer y practicar la prueba pertinente para adverar o contradecir tal extremo, por lo que no cabe apreciar en el momento procesal en el que nos encontramos la legitimaci\u00f3n activa del recurrente.\u201d<\/p>\n

Conclusi\u00f3n<\/strong><\/h3>\n

Una sentencia firme que desestima una demanda de reclamaci\u00f3n de cantidad por falta de acreditaci\u00f3n de la legitimaci\u00f3n activa \u2014entendida como la no demostraci\u00f3n de la titularidad del cr\u00e9dito reclamado por omisi\u00f3n de un documento esencial como la escritura de cesi\u00f3n\u2014 produce efectos de cosa juzgada material.<\/p>\n

La entidad demandante no puede pretender subsanar su omisi\u00f3n probatoria iniciando un nuevo procedimiento id\u00e9ntico, ya que el principio de preclusi\u00f3n impide la aportaci\u00f3n tard\u00eda de pruebas que deb\u00edan presentarse en el momento procesal oportuno del primer litigio. Permitir un segundo juicio para enmendar esta omisi\u00f3n probatoria vulnerar\u00eda el principio de preclusi\u00f3n y la propia esencia de la cosa juzgada, que busca evitar que asuntos ya decididos puedan reabrirse indefinidamente, poniendo en peligro el principio de seguridad jur\u00eddica.<\/p>\n

Por tanto, la correcta aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 222 de la LEC, y al amparo de la jurisprudencia mencionada, conduce a la conclusi\u00f3n de que, en el supuesto analizado, la entidad no podr\u00eda interponer con \u00e9xito una nueva demanda.<\/p>\n

El presente art\u00edculo es meramente divulgativo y no supone asesoramiento ni compromiso de actualizaci\u00f3n. Para m\u00e1s informaci\u00f3n o asesoramiento, contacta con info@fernandezadvocats.es<\/a><\/em><\/p>\n

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