{"id":253470,"date":"2025-08-26T10:01:35","date_gmt":"2025-08-26T08:01:35","guid":{"rendered":"https:\/\/fernandezadvocats.es\/?p=253470"},"modified":"2026-01-21T17:57:42","modified_gmt":"2026-01-21T16:57:42","slug":"exoneracion-deudas-derivacion-responsabilidad-administrador","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fernandezadvocats.es\/es\/exoneracion-deudas-derivacion-responsabilidad-administrador\/","title":{"rendered":"Exonerabilidad de deudas derivadas de derivaci\u00f3n de responsabilidad del administrador en la ley concursal espa\u00f1ola"},"content":{"rendered":"

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Marco legal en el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC)<\/span><\/h3>\n

La Ley Concursal (TRLC) vigente establece un r\u00e9gimen espec\u00edfico para las deudas de derecho p\u00fablico \u2013entre ellas las de origen tributario y con la Seguridad Social\u2013 y contempla restricciones a su exoneraci\u00f3n. En primer lugar, el art. 487.1.2\u00ba TRLC <\/span>impide la concesi\u00f3n del Beneficio de Exoneraci\u00f3n del Pasivo Insatisfecho (BEPI)<\/b> a cualquier deudor persona f\u00edsica que, dentro de los diez a\u00f1os anteriores a la solicitud, haya sido objeto de un <\/span>acuerdo firme de derivaci\u00f3n de responsabilidad<\/b> por deudas tributarias o de Seguridad Social, salvo que a la fecha de la solicitud dicha derivaci\u00f3n hubiera sido \u00edntegramente satisfecha. Esta prohibici\u00f3n legal <\/span>no distingue los motivos<\/span><\/i> de la derivaci\u00f3n: basta la mera existencia de una derivaci\u00f3n firme no pagada para considerar al deudor deudor <\/span>de mala fe<\/b> y excluirlo del BEPI. En otras palabras, la normativa concursal equipara cualquier derivaci\u00f3n de responsabilidad previa a una <\/span>causa de excepci\u00f3n<\/span><\/i> a la exoneraci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s de este impedimento de acceso, el TRLC regula qu\u00e9 deudas quedan excluidas del perd\u00f3n incluso cuando se concede la exoneraci\u00f3n. El <\/span>art. 489.1.5\u00ba TRLC<\/b> incluye expresamente los <\/span>cr\u00e9ditos de derecho p\u00fablico<\/b> en la lista de deudas no exonerables en un concurso de persona f\u00edsica. Esto significa que, aun cuando el deudor cumpla los requisitos y obtenga la exoneraci\u00f3n, las deudas tributarias y con la Seguridad Social <\/span>no se extinguir\u00e1n<\/b>, excepto en la medida muy limitada prevista en la ley. La reforma operada por la Ley 16\/2022 (que transpone la Directiva (UE) 2019\/1023) introdujo una <\/span>exoneraci\u00f3n parcial<\/span><\/i> de estos cr\u00e9ditos p\u00fablicos hasta un importe m\u00e1ximo de <\/span>10.000 \u20ac<\/b> por deudor (5.000 \u20ac con exoneraci\u00f3n total y el 50% de los siguientes 5.000 \u20ac). Fuera de ese l\u00edmite cuantitativo, el pasivo p\u00fablico permanece vigente tras el concurso. En resumen, en el r\u00e9gimen legal espa\u00f1ol <\/span>estas deudas derivadas de una derivaci\u00f3n de responsabilidad son, por regla general, cr\u00e9ditos no exonerables<\/b>, bien porque impiden acceder al BEPI si existe una derivaci\u00f3n reciente, bien porque no se cancelan (salvo el peque\u00f1o alivio de 10.000 \u20ac) incluso concedido el BEPI.<\/span><\/p>\n

Derivaciones por dolo o culpa grave vs. derivaciones objetivas o autom\u00e1ticas<\/span><\/h3>\n

No todas las derivaciones de responsabilidad del administrador tienen la misma naturaleza ni implican el mismo reproche. Es importante distinguir: <\/span>(i)<\/b> aquellas derivaciones fundadas en conductas dolosas o gravemente culposas del administrador, y <\/span>(ii)<\/b> aquellas que operan de forma <\/span>objetiva o autom\u00e1tica<\/span><\/i> al amparo de la ley, sin necesidad de acreditar una conducta concreta culposa.<\/span><\/p>\n

En el primer grupo se encuadran supuestos donde la Administraci\u00f3n imputa al administrador una participaci\u00f3n activa en un il\u00edcito tributario o una infracci\u00f3n grave. Por ejemplo, la Ley General Tributaria (LGT) contempla la <\/span>responsabilidad solidaria<\/b> de terceros que colaboren en la ocultaci\u00f3n de bienes o en la comisi\u00f3n de infracciones tributarias (art. 42 LGT), y la <\/span>responsabilidad subsidiaria<\/b> de administradores que hayan participado en infracciones graves de la sociedad deudora (art. 43.1.a LGT). En tales casos, la derivaci\u00f3n tiene un car\u00e1cter <\/span>sancionador o punitivo<\/b>, al basarse en la contribuci\u00f3n del administrador a un incumplimiento doloso de la norma tributaria. El <\/span>Tribunal Supremo<\/b> (Sala de lo Contencioso-Administrativo) ha confirmado expresamente esta naturaleza sancionadora para la derivaci\u00f3n del art. 43.1.a) LGT, subrayando que su raz\u00f3n de ser es la participaci\u00f3n del administrador en un il\u00edcito tributario junto al deudor principal. Consecuentemente, a este tipo de derivaciones se les deben aplicar las garant\u00edas del Derecho sancionador, como la necesidad de probar la <\/span>culpabilidad o dolo<\/b> del administrador antes de exigirle el pago. Si la derivaci\u00f3n de responsabilidad se funda en dolo o culpa grave (por ejemplo, fraude fiscal deliberado, o actos maliciosos para eludir el pago de cotizaciones), es comprensible que el cr\u00e9dito resultante se asimile a una sanci\u00f3n y sea tratado como <\/span>no exonerable<\/b>: responde a un comportamiento gravemente reprochable del deudor.<\/span><\/p>\n

Por otro lado, existen derivaciones <\/span>objetivas o autom\u00e1ticas<\/b>, en las que el administrador responde por deudas p\u00fablicas de la sociedad <\/span>sin necesidad de que medie un comportamiento doloso o gravemente culposo<\/b>. Un ejemplo t\u00edpico es la derivaci\u00f3n por no instar la disoluci\u00f3n oportuna de la sociedad en caso de insolvencia o incumplir deberes formales que desencadenan responsabilidad tributaria. En estas derivaciones, la Administraci\u00f3n se limita a aplicar un supuesto legal (p.ej. la responsabilidad subsidiaria por deudas de una sociedad que ces\u00f3 su actividad sin pagar impuestos, prevista tambi\u00e9n en art. 43 LGT) sin que la resoluci\u00f3n administrativa de derivaci\u00f3n <\/span>motive expresamente la culpabilidad<\/b> del administrador. En esencia, la responsabilidad se declara <\/span>ipso iure<\/span><\/i> por el incumplimiento objetivo de ciertos deberes (diligencia en el pago, solicitud de concurso en plazo, etc.), <\/span>sin constataci\u00f3n de dolo<\/b>.<\/span><\/p>\n

La <\/span>distinci\u00f3n jur\u00eddica es relevante<\/b>: mientras las derivaciones del primer tipo llevan aparejada una nota de <\/span>mala fe<\/span><\/i> o conducta dolosa del deudor (asimilable a una sanci\u00f3n), las del segundo tipo pueden obedecer a <\/span>circunstancias menos reprochables<\/b> (negligencia leve, demora formal, o simplemente responsabilidad objetiva por imperativo legal). Sin embargo, el TRLC <\/span>no hace diferencia<\/b> entre unas y otras a la hora de excluir la exoneraci\u00f3n: <\/span>cualquier derivaci\u00f3n firme, sea por fraude o por una causa objetiva, impide el BEPI<\/b>. Esto ha sido objeto de cr\u00edtica por su rigidez, pues equipara situaciones muy dispares bajo la misma consecuencia dr\u00e1stica (la no liberaci\u00f3n de la deuda). En t\u00e9rminos de <\/span>buena fe del deudor<\/b>, cabr\u00eda argumentar que solo quien actu\u00f3 con dolo o culpa grave deber\u00eda ser considerado deudor deshonesto y privado de la segunda oportunidad, mientras que el administrador <\/span>derivado<\/span><\/i> por una causa objetiva (sin resoluci\u00f3n motivada sobre culpabilidad) podr\u00eda seguir siendo un <\/span>deudor honesto<\/b> merecedor del beneficio. En la pr\u00e1ctica, no obstante, hasta ahora la mera existencia de una derivaci\u00f3n \u2013sin importar su \u00edndole\u2013 ha supuesto presumir la <\/span>mala fe<\/b> del deudor para denegarle la exoneraci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Jurisprudencia reciente y Directiva (UE) 2019\/1023: evoluci\u00f3n en la interpretaci\u00f3n<\/span><\/h3>\n

La aplicaci\u00f3n estricta de estas normas ha dado lugar a debates judiciales y referencias prejudiciales en busca de una interpretaci\u00f3n m\u00e1s matizada, acorde con el principio de <\/span>segunda oportunidad<\/span><\/i> promovido por la Directiva (UE) 2019\/1023. En los \u00faltimos a\u00f1os destaca la siguiente evoluci\u00f3n jurisprudencial:<\/span><\/p>\n

    \n
  • Tribunal Supremo (Sala Civil) \u2013 Sentencia de 1 de diciembre de 2022<\/b>: El TS abord\u00f3 un caso donde el deudor hab\u00eda sido condenado por un <\/span>delito patrimonial leve<\/b> dentro de los 10 a\u00f1os previos a la solicitud de exoneraci\u00f3n (supuesto que t\u00e9cnicamente encajaba en la prohibici\u00f3n del art. 487.1.1\u00ba TRLC, relativa a condenas penales por ciertos delitos). En esta importante sentencia, el Supremo <\/span>flexibiliz\u00f3 la interpretaci\u00f3n<\/b>, afirmando que <\/span>un delito patrimonial de car\u00e1cter leve no puede suponer la negaci\u00f3n autom\u00e1tica del derecho a la segunda oportunidad<\/span><\/i>. Es decir, <\/span>no toda condena penal excluye ipso facto la exoneraci\u00f3n<\/b> si su entidad es menor y no revela verdadera mala fe del deudor. Este criterio jurisprudencial abri\u00f3 la puerta a analizar caso por caso la <\/span>honestidad del deudor<\/b>, en lugar de aplicar automatismos basados solo en la existencia formal de la condena.<\/span><\/li>\n
  • Aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica a derivaciones de responsabilidad leves<\/b>: Tomando como referencia la doctrina del TS anterior, algunos juzgados de lo mercantil han empezado a cuestionar la automatizaci\u00f3n en materia de derivaciones. Un caso notable es la sentencia del <\/span>Juzgado de lo Mercantil n\u00ba4 de Palma de Mallorca (nov. 2023)<\/b>, que <\/span>concedi\u00f3 la exoneraci\u00f3n<\/b> a un deudor pese a tener una derivaci\u00f3n de responsabilidad tributaria firme. En dicho caso, la derivaci\u00f3n proven\u00eda de una infracci\u00f3n <\/span>leve<\/b> por importe inferior a 5.000 \u20ac (es decir, por debajo del umbral de \u201cgrave\u201d). El juez razon\u00f3 que una lectura meramente literal del art. 487 TRLC indicar\u00eda negar la exoneraci\u00f3n por <\/span>cualquier<\/span><\/i> derivaci\u00f3n, pero esa interpretaci\u00f3n pasaba por alto la intenci\u00f3n del legislador de diferenciar seg\u00fan la gravedad de la conducta. De hecho, el propio art. 487.1.2\u00ba, al contener un p\u00e1rrafo segundo sobre infracciones graves (impidiendo la exoneraci\u00f3n si las sanciones superan cierto importe), sugiere que <\/span>no todas las derivaciones fueron pensadas para excluir el perd\u00f3n de deudas<\/b>. En l\u00ednea con ello, el juez mallorqu\u00edn concluy\u00f3 que, al igual que un delito menor no impide siempre el BEPI, tampoco la mera existencia de una derivaci\u00f3n por infracci\u00f3n leve debe considerarse indicativa de mala fe del deudor. Declar\u00f3 al concursado de <\/span>buena fe<\/b> y le otorg\u00f3 el beneficio, rechazando que los actos de derivaci\u00f3n de Hacienda obstaculicen el perd\u00f3n de forma <\/span>autom\u00e1tica<\/span><\/i>. Como resultado, el deudor logr\u00f3 exonerar todas sus deudas privadas y, respecto a Hacienda, pudo beneficiarse de la reducci\u00f3n del pasivo p\u00fablico de 10.000 \u20ac (pas\u00f3 de deber 18.729 \u20ac a 8.729 \u20ac tras aplicar el l\u00edmite legal).<\/span><\/li>\n
  • Audiencias Provinciales<\/b>: No todas las instancias superiores se han separado de la literalidad. Un Auto de la <\/span>Audiencia Provincial de Barcelona (Secc. 15\u00aa) de 15 de enero de 2025<\/b> confirmaba la interpretaci\u00f3n estricta del TRLC: cualquier derivaci\u00f3n firme no satisfecha en la d\u00e9cada anterior excluye el BEPI, <\/span>aunque no derive de infracci\u00f3n muy grave<\/b>. La AP entendi\u00f3 que el legislador concursal consider\u00f3 per se de mala fe al deudor <\/span>derivado<\/span><\/i>, sin requerir mayor indagaci\u00f3n sobre su conducta. Esta postura refleja que a\u00fan no existe unanimidad en la jurisprudencia menor, y muchos tribunales siguen aplicando la norma tal cual est\u00e1 escrita, a la espera de criterios unificados.<\/span><\/li>\n
  • Cuestiones prejudiciales ante el TJUE y sentencia de 7 de noviembre de 2024<\/b>: Las dudas sobre la compatibilidad de la norma espa\u00f1ola con la Directiva 2019\/1023 motivaron que dos juzgados (el <\/span>Mercantil n\u00ba1 de Alicante<\/b> y el <\/span>Mercantil n\u00ba10 de Barcelona<\/b>) elevaran consultas al Tribunal de Justicia de la UE. En esencia, preguntaban si la exclusi\u00f3n del cr\u00e9dito p\u00fablico de la exoneraci\u00f3n plena y la prohibici\u00f3n de acceso al BEPI para deudores con derivaciones o sanciones firmes eran compatibles con la Directiva, en particular con el concepto europeo de <\/span>\u201cdeudor de buena fe\u201d<\/b> que subyace al derecho a la segunda oportunidad. La <\/span>Sentencia del TJUE de 7 de noviembre de 2024<\/b> (asuntos acumulados C-289\/23, <\/span>Corv\u00e1n<\/span><\/i>, y C-305\/23, <\/span>Bacig\u00e1n<\/span><\/i>) dio respuesta afirmativa a la capacidad de los Estados miembros para mantener esas exclusiones, avalando en gran medida el esquema espa\u00f1ol. El TJUE declar\u00f3 que <\/span>el art. 23 de la Directiva no se opone<\/b> a una normativa nacional que <\/span>excluya del acceso a la exoneraci\u00f3n<\/b> a un deudor que <\/span>haya tenido un comportamiento negligente o imprudente<\/span><\/i>, como sucede si en los 10 a\u00f1os previos fue sancionado por infracciones tributarias graves o <\/span>se dict\u00f3 contra \u00e9l un acuerdo firme de derivaci\u00f3n de responsabilidad<\/b>. Asimismo, confirm\u00f3 que los Estados pueden <\/span>exceptuar categor\u00edas de cr\u00e9ditos adicionales<\/b> a las enumeradas en el art. 23.4 de la Directiva \u2013por ejemplo, los cr\u00e9ditos de Derecho p\u00fablico\u2013 siempre que exista una justificaci\u00f3n adecuada en el Derecho nacional. En suma, la sentencia europea reconoce la <\/span>facultad de Espa\u00f1a para privilegiar a los acreedores p\u00fablicos<\/b> y negar o restringir el BEPI en circunstancias bien definidas, como mecanismo para garantizar el inter\u00e9s p\u00fablico tributario. Ahora bien, el TJUE matiza que dichas exclusiones deben estar <\/span>debidamente justificadas<\/b> y guardar equilibrio entre la protecci\u00f3n del inter\u00e9s p\u00fablico y el derecho del deudor a la segunda oportunidad. El legislador espa\u00f1ol, en la reforma de 2022, efectivamente aport\u00f3 esa justificaci\u00f3n al fundamentar en la Exposici\u00f3n de Motivos la relevancia constitucional del deber de contribuir (art. 31 CE) y la necesidad de evitar abusos en perjuicio de Hacienda.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

    En conclusi\u00f3n, tras esta sentencia del TJUE, la normativa espa\u00f1ola sale reforzada: <\/span>no vulnera<\/b> la Directiva el hecho de que los cr\u00e9ditos p\u00fablicos queden fuera de la exoneraci\u00f3n plena ni que se deniegue el BEPI a quienes arrastran derivaciones por comportamientos reprochables. No obstante, el debate interno sobre <\/span>qu\u00e9 se considera realmente \u201ccomportamiento reprochable\u201d o mala fe<\/span><\/i> permanece abierto. El TJUE habl\u00f3 en t\u00e9rminos de <\/span>comportamiento negligente o imprudente<\/b> del deudor, lo cual deja margen para interpretar si <\/span>todas<\/span><\/i> las derivaciones implican tal comportamiento. Aqu\u00ed es donde las resoluciones de los tribunales nacionales (TS y juzgados mercantiles) est\u00e1n pugnando por perfilar criterios m\u00e1s justos.<\/span><\/p>\n

    Criterios para determinar la posible exoneraci\u00f3n de estos cr\u00e9ditos<\/span><\/h3>\n

    A la luz de lo anterior, los profesionales del Derecho que asesoren a administradores concursados deben tener en cuenta una serie de <\/span>criterios pr\u00e1cticos<\/b> para evaluar si las deudas derivadas de una derivaci\u00f3n de responsabilidad podr\u00e1n \u2013o no\u2013 beneficiarse de exoneraci\u00f3n en un caso concreto:<\/span><\/p>\n

      \n
    • Naturaleza de la derivaci\u00f3n y gravedad de la conducta<\/b>: Es esencial analizar el expediente de derivaci\u00f3n para identificar si el administrador fue declarado responsable por una <\/span>infracci\u00f3n muy grave o fraudulenta<\/span><\/i> (p.ej., participar en un fraude fiscal, impagos dolosos de cotizaciones) o si, por el contrario, la derivaci\u00f3n obedece a una causa objetiva o infracci\u00f3n leve (p.ej., incumplir plazos formales sin dolo). En casos de <\/span>dolo o culpa grave<\/b> probados, el cr\u00e9dito resultante ser\u00e1 tratado como no exonerable casi con total seguridad, equiparable a una sanci\u00f3n o deuda por il\u00edcito (de hecho, el art. 489.1.2\u00ba TRLC ya declara no exonerables las deudas por responsabilidad civil derivada de delito). Si la derivaci\u00f3n trae causa de mera <\/span>negligencia leve u objetiva<\/b>, existe espacio para argumentar que el deudor sigue siendo de buena fe. Por ejemplo, si la AEAT no motiv\u00f3 ninguna conducta dolosa en la resoluci\u00f3n de derivaci\u00f3n, puede sostenerse que no concurre el <\/span>comportamiento deshonesto<\/span><\/i> que la Directiva 2019\/1023 exige para denegar la exoneraci\u00f3n. En la pr\u00e1ctica, ya hay jueces que han acogido esta distinci\u00f3n, permitiendo el BEPI cuando la infracci\u00f3n subyacente a la derivaci\u00f3n era leve y no revelaba mala fe.<\/span><\/li>\n
    • Importe y tipo de infracci\u00f3n subyacente<\/b>: Relacionado con lo anterior, la <\/span>cuant\u00eda<\/b> involucrada en la derivaci\u00f3n y la calificaci\u00f3n de la infracci\u00f3n (leve, grave o muy grave) son indicadores importantes. La propia ley concursal sugiere que derivaciones por infracciones <\/span>no graves<\/span><\/i> no deber\u00edan tener el mismo trato que las graves: recu\u00e9rdese que solo si la sanci\u00f3n impuesta excede del 50% del l\u00edmite exonerable (m\u00e1s de 5.000 \u20ac) se activa la prohibici\u00f3n autom\u00e1tica del BEPI en caso de infracciones graves. Por tanto, si la derivaci\u00f3n se refiere a importes peque\u00f1os y a infracciones de car\u00e1cter leve, es razonable alegar que <\/span>no debe impedirse la exoneraci\u00f3n de forma r\u00edgida<\/b>, puesto que el legislador pareci\u00f3 contemplar una mayor benignidad en esos supuestos. En cambio, derivaciones millonarias asociadas a fraude fiscal u ocultaci\u00f3n de bienes s\u00ed encarnan ese tipo de deuda <\/span>especialmente relevante<\/span><\/i> cuya satisfacci\u00f3n prevalece sobre la liberaci\u00f3n del deudor, seg\u00fan la l\u00f3gica del TJUE y del ordenamiento nacional.<\/span><\/li>\n
    • Existencia (o ausencia) de un pronunciamiento expreso sobre la culpabilidad del administrador<\/b>: Un punto determinante es si en el procedimiento administrativo de derivaci\u00f3n se emiti\u00f3 una <\/span>resoluci\u00f3n motivada<\/b> acreditando la conducta culposa del administrador. Cuando la derivaci\u00f3n se limita a enunciar el supuesto legal (p.ej. \u201cfalta de ingreso de deudas tras cese de actividad\u201d, \u201cincumplimiento del deber de disoluci\u00f3n\u201d), sin valorar la actitud subjetiva, el caso podr\u00eda encuadrarse dentro de las derivaciones <\/span>objetivas<\/span><\/i>. En tales circunstancias, en sede concursal puede argumentarse que <\/span>no ha quedado probada la mala fe<\/b> del deudor. Como apuntaba la doctrina, <\/span>\u201chay que demostrar la existencia de conductas que demuestren la culpabilidad del deudor\u201d<\/span><\/i> para privarle del BEPI. La ausencia de dicho juicio de culpabilidad podr\u00eda jugar a favor del concursado, pidiendo al juez del concurso que examine las <\/span>circunstancias concretas<\/span><\/i> antes de aplicar el veto del art. 487 TRLC. Aun con la literalidad de la norma en contra, este tipo de razonamiento puede verse reforzado por los principios de la Directiva europea (considerandos 78-79, que enfatizan denegar la exoneraci\u00f3n solo al deudor <\/span>deshonesto o de mala fe<\/b>).<\/span><\/li>\n
    • Estado de la jurisprudencia aplicable<\/b>: Dado que nos encontramos en un terreno en evoluci\u00f3n, es importante verificar las <\/span>\u00faltimas resoluciones<\/b> que pudieran sentar criterio. Tras la sentencia del TJUE de noviembre de 2024, es previsible que el Tribunal Supremo espa\u00f1ol se pronuncie sobre c\u00f3mo aplicar en la pr\u00e1ctica estos criterios de buena fe en casos de derivaci\u00f3n. De momento, contamos con la referida jurisprudencia aislada (ej. TS 2022 sobre delitos leves, jueces mercantiles innovadores en 2023-2024) pero no a\u00fan con una sentencia definitiva del TS espec\u00edfica sobre derivaciones concursales. Los profesionales deben estar atentos a si el <\/span>TS unifica doctrina<\/b>, posiblemente permitiendo matizar la aplicaci\u00f3n del art. 487 TRLC en supuestos de derivaci\u00f3n \u201cobjetiva\u201d o de escasa gravedad. Hasta entonces, habr\u00e1 variabilidad seg\u00fan el juzgado: algunos negar\u00e1n autom\u00e1ticamente la exoneraci\u00f3n si hay derivaci\u00f3n, mientras otros admitir\u00e1n cierto an\u00e1lisis de <\/span>buena fe subjetiva<\/b> del deudor para excepcionar la regla.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

      En s\u00edntesis, las <\/span>deudas derivadas de derivaciones de responsabilidad tributaria o de Seguridad Social<\/b> se enfrentan actualmente a un <\/span>trato restrictivo<\/b> en la ley concursal espa\u00f1ola: en principio no se exoneran plenamente y pueden bloquear el acceso mismo al BEPI. No obstante, se observan movimientos tanto legislativos (parcial alivio de 10.000 \u20ac) como jurisprudenciales (interpretaciones correctivas) orientados a introducir <\/span>gradaciones<\/span><\/i> seg\u00fan la culpabilidad del deudor. La <\/span>Directiva (UE) 2019\/1023<\/b> y la jurisprudencia reciente han puesto el foco en la necesidad de distinguir al <\/span>deudor honesto<\/b> del verdaderamente fraudulento. Para el abogado concursal, ser\u00e1 clave invocar esos criterios de distinci\u00f3n en defensa de sus clientes administradores: subrayar la falta de dolo cuando proceda, la levedad de la infracci\u00f3n, y la cooperaci\u00f3n del deudor con la justicia, todo ello para luchar contra la presunci\u00f3n de mala fe que acarrea la derivaci\u00f3n.\u00a0<\/span><\/p>\n

      Cada caso deber\u00e1 ser construido cuidadosamente, aportando elementos que demuestren \u2013si es posible\u2013 que nos hallamos ante un <\/span>deudor de buena fe<\/b>, merecedor de liberarse de esas deudas, frente a la r\u00edgida generalidad de la norma concursal. Solo as\u00ed podr\u00e1 lograrse, en expedientes concursales de persona f\u00edsica empresario o aut\u00f3nomo derivado, la tan buscada <\/span>segunda oportunidad<\/b> incluso frente a deudas p\u00fablicas, dentro del marco legal vigente.<\/span><\/p>\n

       <\/p>\n

      El presente art\u00edculo es meramente divulgativo y no supone asesoramiento ni compromiso de actualizaci\u00f3n.<\/span><\/i><\/p>\n

      Para m\u00e1s informaci\u00f3n o asesoramiento, contacta con info@fernandezadvocats.es<\/span><\/i><\/p>\n

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      DESCARGAR ART\u00cdCULO COMPLETO EN PDF. Marco legal en el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC) La Ley Concursal (TRLC) vigente establece un r\u00e9gimen espec\u00edfico para las deudas de derecho p\u00fablico \u2013entre ellas las de origen tributario y con la Seguridad Social\u2013 y contempla restricciones a su exoneraci\u00f3n. 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