{"id":253664,"date":"2025-11-23T11:19:33","date_gmt":"2025-11-23T10:19:33","guid":{"rendered":"https:\/\/fernandezadvocats.es\/?p=253664"},"modified":"2026-01-22T10:18:20","modified_gmt":"2026-01-22T09:18:20","slug":"dermatosis-nodular-contagiosa-medidas-darp-explotaciones-ganaderas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fernandezadvocats.es\/es\/dermatosis-nodular-contagiosa-medidas-darp-explotaciones-ganaderas\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 pueden hacer los titulares de las explotaciones ganaderas ante las medidas impuestas por el departamento de agricultura, ganader\u00eda, pesca y alimentaci\u00f3n para contener las enfermedades infecciosas de los animales, que amenazan la continuidad de su actividad?"},"content":{"rendered":"

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Introducci\u00f3n<\/b><\/h3>\n

En los \u00faltimos a\u00f1os, los ganaderos catalanes se han visto afectados por medidas restrictivas adoptadas por el Departamento de Agricultura, Ganader\u00eda, Pesca y Alimentaci\u00f3n (DARP) con el fin de prevenir y controlar enfermedades infecciosas del ganado, como la tuberculosis bovina o la dermatosis nodular contagiosa (DNC).<\/span><\/p>\n

Estas actuaciones, aunque responden a la necesidad de proteger la salud p\u00fablica y el sector ganadero, han generado graves consecuencias econ\u00f3micas para muchas explotaciones, que a menudo no quedan suficientemente compensadas por los baremos de indemnizaci\u00f3n establecidos por la normativa estatal.<\/span><\/p>\n

En el presente art\u00edculo se analiza el marco legal de dichas medidas, sus efectos econ\u00f3micos y las posibles v\u00edas de reclamaci\u00f3n de responsabilidad patrimonial frente a la Administraci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Marco legal y antecedentes<\/b><\/h3>\n

En un primer momento, despu\u00e9s de que Catalu\u00f1a hubiera sido reconocida como regi\u00f3n con el estatus de territorio libre de la enfermedad de tuberculosis y otras, la Administraci\u00f3n ganadera ha venido aplicando las directrices de los programas nacionales de lucha, control o erradicaci\u00f3n de la tuberculosis bovina y otras enfermedades infecciosas, regulados por el Real Decreto 2611\/1996, de 20 de diciembre.<\/span><\/p>\n

Estos programas tienen por objeto evitar la persistencia de la infecci\u00f3n y el riesgo de contagio cuando se detecta un animal infectado o sospechoso en una explotaci\u00f3n ganadera, lo cual conlleva la exigencia del vaciado sanitario con el correspondiente sacrificio de todos los animales, seg\u00fan dispone el art\u00edculo 20, punto 1, de la Ley 8\/2003, de 24 de abril, de sanidad animal y otras enfermedades.<\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, se imponen medidas relativas a:<\/span><\/p>\n

    \n
  • limpieza y desinfecci\u00f3n de las instalaciones y sus elementos<\/span><\/li>\n
  • gesti\u00f3n de esti\u00e9rcoles y\/o purines<\/span><\/li>\n
  • suspensi\u00f3n temporal del aprovechamiento de pastos<\/span><\/li>\n
  • restricci\u00f3n de los movimientos respecto a los animales no afectados por el sacrificio<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

    Estas restricciones pueden durar entre dos y cinco a\u00f1os, hasta la recuperaci\u00f3n de la calificaci\u00f3n sanitaria de la explotaci\u00f3n, siempre bajo control de los servicios veterinarios oficiales.<\/span><\/p>\n

    R\u00e9gimen de indemnizaciones y ayudas<\/b><\/h3>\n

    Junto con estas medidas se comunica a los afectados la existencia de un baremo de indemnizaciones recogido en el Real Decreto 389\/2011, de 18 de marzo, y la Orden APA\/513\/2020, de 8 de junio, por la que se modifican los anexos I y II del mencionado Real Decreto, as\u00ed como el Real Decreto 904\/2017, de 13 de octubre, que modifica las normas de indemnizaciones y subvenciones estatales en materia de sanidad animal en los programas nacionales de lucha, control o erradicaci\u00f3n de la tuberculosis bovina.<\/span><\/p>\n

    La aplicaci\u00f3n de estos baremos indemnizatorios en el marco de los programas nacionales de lucha, control y erradicaci\u00f3n de la tuberculosis bovina y otros, incluido el de la Orden ACC\/172\/2023, de 29 de junio, del Departamento de Acci\u00f3n Clim\u00e1tica, Alimentaci\u00f3n y Agenda Rural, aunque se complementen con la concesi\u00f3n de subvenciones o ayudas conforme al Real Decreto 82\/2015, de 23 de febrero, adem\u00e1s de limitarse a las cabezas de ganado con cantidades desfasadas, no contemplan \u2014dejando por tanto sin cobertura indemnizatoria\u2014 otras consecuencias econ\u00f3micas lesivas muy significativas que el vaciado total o parcial es susceptible de generar, tanto por el cese temporal como definitivo de las explotaciones, y por tanto no permiten resarcir \u00edntegra ni suficientemente los da\u00f1os y perjuicios ocasionados.<\/span><\/p>\n

    Las nuevas medidas ante la Dermatosis Nodular Contagiosa<\/b><\/h3>\n

    Recientemente, la reacci\u00f3n del Departamento de Agricultura, Ganader\u00eda, Pesca y Alimentaci\u00f3n, al activar la adopci\u00f3n de medidas espec\u00edficas para contener la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC), con imposici\u00f3n de restricciones sobre las explotaciones ganaderas de nuestro territorio, hace que estas vuelvan a verse afectadas y perjudicadas como consecuencia de la creaci\u00f3n de zonas de protecci\u00f3n y vigilancia de 20 y 30 kil\u00f3metros alrededor de los focos detectados y limitaciones a los movimientos del ganado bovino durante per\u00edodos incluso superiores a los 45 d\u00edas, planes de vacunaci\u00f3n de emergencia, limpieza de las instalaciones afectadas, controles cl\u00ednicos sistem\u00e1ticos y el propio sacrificio obligatorio de los animales, con los consiguientes gastos que deben afrontarse y la p\u00e9rdida de ingresos derivada de la imposibilidad de comercializar la carne, la leche y el propio ganado, adem\u00e1s de aquellas asociadas a la desinfecci\u00f3n, tratamientos y otros.<\/span><\/p>\n

    Una situaci\u00f3n de injusticia material<\/b><\/h3>\n

    En ambos casos \u2014tuberculosis y DNC\u2014 se produce una situaci\u00f3n de injusticia material, puesto que se pretende cargar exclusivamente sobre los hombros de los titulares de las explotaciones ganaderas, que son la parte d\u00e9bil, las consecuencias lesivas de estas medidas, lo que solo podr\u00eda entenderse si la causa y origen de las enfermedades infecciosas se encontraran en la propia explotaci\u00f3n, pero no cuando provienen de causas o elementos ajenos y los ganaderos son \u00fanicamente las v\u00edctimas.<\/span><\/p>\n

    No puede pasarse por alto la responsabilidad que incumbe a la Administraci\u00f3n a trav\u00e9s de los servicios veterinarios oficiales en materia de ganader\u00eda y sanidad animal y la necesidad de adoptar medidas para evitar una epidemia, lo que no permite trasladar y exigir a los ganaderos, sin m\u00e1s, que asuman \u00edntegramente el coste econ\u00f3mico que representa, cuando no hay indicio ni presunci\u00f3n alguna de que el origen de la infecci\u00f3n haya sido provocado o se encuentre en el propio ganado bovino de la explotaci\u00f3n, cuyo titular cumple con sus obligaciones de saneamiento, y m\u00e1s a\u00fan cuando, en lo que respecta a la tuberculosis, es un hecho p\u00fablico y notorio que la fauna salvaje, la cual se encuentra protegida, resulta transmisora de este tipo de enfermedades y la Administraci\u00f3n no hace nada por evitar el contagio y la propagaci\u00f3n de la enfermedad, ni tampoco por profundizar en la causa del brote; y en el caso de la Dermatosis Nodular, salta a la vista que fallaron los sistemas de control para evitar su entrada en nuestro pa\u00eds.<\/span><\/p>\n

    Principio de proporcionalidad y garant\u00edas legales<\/b><\/h3>\n

    Por otra parte, la Administraci\u00f3n desconoce y no respeta la obligada proporcionalidad en la aplicaci\u00f3n de este tipo de medidas, que no pueden adoptarse de forma tan dr\u00e1stica y restrictiva sin respetar unas m\u00ednimas garant\u00edas, exigencia que deriva del propio art\u00edculo 4 de la Ley 8\/2003, de Sanidad Animal, en consonancia con el art\u00edculo 22 de la Ley 26\/2010, de 3 de agosto, de R\u00e9gimen Jur\u00eddico y de Procedimiento de las Administraciones P\u00fablicas de Catalu\u00f1a. No obstante, dicho art\u00edculo 4 dispone literalmente:<\/span><\/p>\n

    \u201cLas medidas que adopten las Administraciones P\u00fablicas en el \u00e1mbito de esta ley, para la protecci\u00f3n y defensa sanitarias de los animales, ser\u00e1n proporcionales al resultado que se pretenda obtener, previa evaluaci\u00f3n del riesgo sanitario, de acuerdo con los conocimientos t\u00e9cnicos y cient\u00edficos en cada momento, y tendr\u00e1n en cuenta el objetivo de reducir al m\u00ednimo, en lo posible, los efectos negativos que puedan tener sobre el comercio de animales y sus productos\u201d.<\/span><\/p>\n

    Limitaciones de las indemnizaciones y posici\u00f3n de la Administraci\u00f3n<\/b><\/h3>\n

    La Administraci\u00f3n de la Generalitat de Catalu\u00f1a se apoya en que la normativa reglamentaria antes citada sobre los baremos de indemnizaci\u00f3n aprobados oficialmente son competencia del Estado seg\u00fan la Disposici\u00f3n Final Primera del Real Decreto 389\/2011, y adem\u00e1s en que, seg\u00fan su art\u00edculo 3, la cantidad a percibir en el momento en que se proceda al sacrificio de los animales agotar\u00eda toda indemnizaci\u00f3n, sin que puedan plantearse reclamaciones adicionales por tal concepto, cuando dichas indemnizaciones, adem\u00e1s de estar desfasadas, se limitan \u00fanica y exclusivamente a las cabezas de ganado bovino, pero no al resto de perjuicios sobre las explotaciones.<\/span><\/p>\n

    No se trata de poner en duda el reconocimiento de las potestades p\u00fablicas otorgadas a la Administraci\u00f3n para proteger la salud p\u00fablica mediante la adopci\u00f3n de medidas preventivas, ni tampoco la subordinaci\u00f3n de la propiedad privada al inter\u00e9s general, pero s\u00ed resulta cuestionable la falta de transparencia y accesibilidad, as\u00ed como la debida proporcionalidad sin provocar indefensi\u00f3n, y el hecho de que el principio de indemnidad en los casos de sacrificio patrimonial por causa de utilidad p\u00fablica, seg\u00fan el art\u00edculo 33.3 de la Constituci\u00f3n, pueda verse limitado con unas indemnizaciones establecidas reglamentariamente cuyos importes est\u00e1n desfasados y no cubren la totalidad de los perjuicios.<\/span><\/p>\n

    Responsabilidad de la Administraci\u00f3n y causalidad<\/b><\/h3>\n

    Debe destacarse la influencia decisiva de la Administraci\u00f3n en la propagaci\u00f3n de las enfermedades infecciosas y su falta de prevenci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

    En el caso de la tuberculosis bovina, la propia Administraci\u00f3n de la Generalitat no solo es consciente, sino que en determinadas resoluciones ha aceptado que el papel de la fauna salvaje, reservorio de la enfermedad, es relevante en su propagaci\u00f3n en porcentajes que casi se aproximan al 100%.<\/span><\/p>\n

    Y respecto a la Dermatosis Nodular Contagiosa, clasificada como enfermedad de categor\u00eda A, existe una regulaci\u00f3n espec\u00edfica que obliga a todos los Estados miembros, y si se confirma, como parece, que el origen del brote proviene de explotaciones situadas en Francia, se har\u00eda patente la infracci\u00f3n de las medidas de prevenci\u00f3n y control de enfermedades en animales transmisibles. Est\u00e1 incluso prevista la posibilidad de suspender temporalmente las importaciones y la imposici\u00f3n de cuarentenas obligatorias para los animales importados.<\/span><\/p>\n

    En este sentido, el Reglamento UE 2016\/429 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, conocido como Ley de Sanidad Animal, establece el marco general para la prevenci\u00f3n y control de enfermedades animales transmisibles, y el Reglamento Delegado UE, de 17 de diciembre de 2019, completa lo relativo a las normas de vigilancia, los programas de erradicaci\u00f3n y el estatus de libre de enfermedad respecto a determinadas enfermedades de lista y emergentes. La entrada de ganado bovino desde Francia y otros pa\u00edses de la UE est\u00e1 sujeta a autorizaci\u00f3n sanitaria y certificados veterinarios que acrediten la ausencia de enfermedades como la DNC, y en caso de brotes en pa\u00edses vecinos, como hemos dicho, pueden suspenderse las importaciones o establecerse cuarentenas obligatorias para los animales, siendo de aplicaci\u00f3n a este respecto, en lo referente al intercambio intracomunitario de animales de la especie bovina, el Real Decreto 1316\/1992, de 30 de octubre, sobre controles veterinarios y zoot\u00e9cnicos aplicables a los intercambios intracomunitarios, los art\u00edculos 3 y 6 del Real Decreto 1716\/2000, de 13 de octubre, y los diferentes art\u00edculos del Real Decreto 990\/2022, de 29 de noviembre, sobre normas de sanidad y protecci\u00f3n animal durante el transporte, y el Real Decreto 787\/2023, de 17 de octubre, que dicta disposiciones para regular el sistema de trazabilidad, identificaci\u00f3n y registro de determinadas especies de animales.<\/span><\/p>\n

    A partir de estas circunstancias, y dada la grave e incluso irreversible repercusi\u00f3n que sobre las explotaciones comporta la aplicaci\u00f3n del vaciado sanitario y el sacrificio de los animales, as\u00ed como el resto de medidas referidas, con una importante disminuci\u00f3n o p\u00e9rdida de rendimientos econ\u00f3micos, que con la aplicaci\u00f3n de las indemnizaciones del reglamento no son susceptibles de ser compensadas, a pesar de tratarse de da\u00f1os reales, estos deben considerarse exigibles en virtud de la teor\u00eda de la causalidad adecuada y de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones recogida en el art\u00edculo 32.1 de la Ley 40\/2015, de 1 de octubre, de R\u00e9gimen Jur\u00eddico del Sector P\u00fablico, pues nos encontramos ante un da\u00f1o efectivo, evaluable econ\u00f3micamente, que los titulares de las explotaciones ganaderas no tienen el deber de soportar, con un nexo de causalidad concurrente entre las decisiones administrativas adoptadas en el marco de la protecci\u00f3n de la salud p\u00fablica y las consecuencias lesivas exclusivamente sobre los titulares de las explotaciones de ganado bovino.<\/span><\/p>\n

    Se encuentra amparada la obligaci\u00f3n de indemnizar por parte de la Administraci\u00f3n en el propio art\u00edculo 106.2 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola, y concurre tambi\u00e9n un supuesto de responsabilidad por imprevisi\u00f3n de la Administraci\u00f3n, dado que en el ejercicio de sus potestades no ha previsto una normativa que regule una compensaci\u00f3n econ\u00f3mica adecuada para las explotaciones ganaderas afectadas por un vaciado sanitario con el correspondiente sacrificio de los animales y las importantes p\u00e9rdidas econ\u00f3micas por producci\u00f3n de carne y leche, la imposibilidad de comercializar el ganado y los gastos asociados, con riesgo para la supervivencia de las propias explotaciones.<\/span><\/p>\n

    Se trata de unos da\u00f1os y perjuicios reales, objetivos y cuantificables que, incluso en el supuesto \u2014que no se da\u2014 de que la Administraci\u00f3n hubiera actuado correctamente y en el marco del ejercicio de sus potestades, provocan una p\u00e9rdida y sacrificio individualizado de derechos particulares que, como decimos, no tienen la obligaci\u00f3n de soportar. Por tanto, defendemos la legalidad y posibilidad de reclamar contra la Administraci\u00f3n exigiendo la responsabilidad patrimonial constitucional y legalmente prevista.<\/span><\/p>\n

    Conclusiones<\/b><\/h3>\n

    Las medidas sanitarias impuestas por el Departamento de Agricultura, Ganader\u00eda, Pesca y Alimentaci\u00f3n, aunque presumiblemente leg\u00edtimas para proteger la salud p\u00fablica, son susceptibles de provocar graves perjuicios econ\u00f3micos a los titulares de explotaciones ganaderas, en la mayor\u00eda de los casos sin que estos sean responsables.<\/span><\/p>\n

    Los baremos de indemnizaci\u00f3n actuales son insuficientes y desfasados, ya que solo compensan parcialmente el valor de los animales sacrificados y no cubren otros da\u00f1os como la p\u00e9rdida de ingresos o el cese de la actividad.<\/span><\/p>\n

    Adem\u00e1s, en la mayor\u00eda de los casos las enfermedades tienen or\u00edgenes externos (fauna salvaje o fallos de control en importaciones), lo que evidencia una responsabilidad patrimonial de la Administraci\u00f3n, conforme al art\u00edculo 32.1 de la Ley 40\/2015 y el art\u00edculo 106.2 de la Constituci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

    Por todo ello, es necesario revisar los criterios de indemnizaci\u00f3n y aplicar el principio de proporcionalidad e indemnidad, garantizando una compensaci\u00f3n justa y completa a los ganaderos afectados, que no deben soportar en solitario el coste de unas medidas adoptadas en beneficio del inter\u00e9s general.<\/span><\/p>\n

    El presente art\u00edculo es meramente divulgativo y no supone asesoramiento ni compromiso de actualizaci\u00f3n.<\/span><\/i>
    \n<\/span><\/i> Para m\u00e1s informaci\u00f3n o asesoramiento, contacte con <\/span>info@fernandezadvocats.es<\/b><\/p>\n

    <\/h3>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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