{"id":253685,"date":"2025-10-28T12:14:24","date_gmt":"2025-10-28T11:14:24","guid":{"rendered":"https:\/\/fernandezadvocats.es\/?p=253685"},"modified":"2026-01-21T17:26:14","modified_gmt":"2026-01-21T16:26:14","slug":"valor-referencia-catastral-impugnar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fernandezadvocats.es\/es\/valor-referencia-catastral-impugnar\/","title":{"rendered":"El valor de referencia catastral. An\u00e1lisis de la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad y sus implicaciones pr\u00e1cticas"},"content":{"rendered":"

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1. El valor de referencia.<\/strong><\/h3>\n

El valor de referencia catastral fue introducido por la Ley 11\/2021, de medidas de prevenci\u00f3n y lucha contra el fraude fiscal, transposici\u00f3n de la Directiva (UE) 2016\/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las pr\u00e1cticas de elusi\u00f3n fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificaci\u00f3n de diversas normas tributarias y en materia de regulaci\u00f3n del juego. El valor de referencia tiene como objetivo establecer una base imponible objetiva para determinados tributos, especialmente el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos Documentados (ITP-AJD) y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD). El objetivo declarado de esta medida es alinear la tributaci\u00f3n con el valor de mercado y combatir la infradeclaraci\u00f3n de precios.<\/p>\n

Este valor, conforme la\u00a0Disposici\u00f3n final tercera del Texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1\/2004, de 5 de marzo, se define como el valor determinado por la Direcci\u00f3n General del Catastro, resultante del an\u00e1lisis de los precios de todas las compraventas de inmuebles que se realizan ante fedatario p\u00fablico. A diferencia del valor catastral tradicional, que se actualiza peri\u00f3dicamente y sirve de base para impuestos como el IBI, el valor de referencia se determina anualmente para cada inmueble. Su c\u00e1lculo se basa en un procedimiento masivo y estad\u00edstico, que analiza los precios de las transacciones en zonas geogr\u00e1ficas homog\u00e9neas, sin necesidad de una inspecci\u00f3n individualizada del bien. Para evitar que este valor supere al de mercado, la normativa prev\u00e9 la aplicaci\u00f3n de un factor de minoraci\u00f3n.<\/p>\n

es determinado anualmente por la Direcci\u00f3n General del Catastro a partir de un an\u00e1lisis estad\u00edstico de los precios de las compraventas de inmuebles comunicados por los fedatarios p\u00fablicos.<\/p>\n

Esta nueva figura se ha convertido en la base imponible principal en dos de los tributos m\u00e1s relevantes que gravan el tr\u00e1fico inmobiliario:<\/p>\n

a) El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos Documentados (ITP y AJD)<\/strong>. De conformidad con el art\u00edculo 10 del Texto Refundido de la Ley del ITP-AJD, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1\/1993, de 24 de septiembre, el valor de referencia se utiliza como base imponible salvo que el valor declarado por el contribuyente sea superior. En ausencia de valor de referencia, la base imponible ser\u00e1 la mayor entre el valor declarado, el precio o el valor de mercado.<\/p>\n

b) El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD)<\/strong>: De forma an\u00e1loga, el art\u00edculo 9 de la Ley 29\/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, establece que la base imponible en las adquisiciones de inmuebles, tanto\u00a0mortis causa<\/em>como\u00a0inter vivos<\/em>, ser\u00e1 el valor de referencia, salvo que el valor declarado por los interesados sea superior.<\/p>\n

3. La controversia suscitada por el valor de referencia y la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad admitida por el Tribunal Constitucional.<\/strong><\/h3>\n

La implantaci\u00f3n de este sistema ha supuesto un cambio radical, invirtiendo la carga de la prueba. Si antes era la Administraci\u00f3n quien deb\u00eda demostrar que el valor declarado por el contribuyente no se correspond\u00eda con el valor real, ahora es el contribuyente, si considera que el valor de referencia perjudica a sus intereses, quien debe probar que el valor de referencia fijado por el Catastro es superior al valor de mercado a trav\u00e9s de una solicitud de rectificaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n o recurso de reposici\u00f3n seg\u00fan corresponda. Ello, junto con la metodolog\u00eda establecida para determinar el valor de referencia, basada en datos agregados y no en una valoraci\u00f3n individualizada, ha generado una notable controversia jur\u00eddica.<\/p>\n

M\u00e1s all\u00e1 de lo cuestionable que es la decisi\u00f3n pol\u00edtica sobre la inversi\u00f3n de la carga de la prueba al Administrado (por el esfuerzo y medios que ello requiere para un ciudadano y se compara con los medios de los que dispone en comparaci\u00f3n con la Administraci\u00f3n), la controversia jur\u00eddica podr\u00eda resumirse en los siguientes puntos:<\/p>\n

a) La vulneraci\u00f3n del principio de capacidad econ\u00f3mica (art\u00edculo 31.1 de la Constituci\u00f3n).<\/strong><\/h4>\n

El art\u00edculo 31.1 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola establece que \u00abtodos contribuir\u00e1n al sostenimiento de los gastos p\u00fablicos de acuerdo con su capacidad econ\u00f3mica\u00bb. Este principio exige que los tributos graven una manifestaci\u00f3n de riqueza real o, al menos, potencial. La principal cr\u00edtica al valor de referencia es que, al basarse en una metodolog\u00eda estad\u00edstica y masiva, sin considerar las caracter\u00edsticas singulares del inmueble, puede generar un valor que no se corresponda con la realidad econ\u00f3mica de un inmueble concreto, gravando as\u00ed una riqueza ficticia o inexistente, obligando al contribuyente a tributar por un valor superior al precio de mercado real del inmueble.<\/p>\n

Debe considerarse que un valor medio, obtenido a partir de transacciones en una zona determinada, no tiene por qu\u00e9 reflejar el valor espec\u00edfico de una propiedad que puede presentar singularidades que afecten a su precio, tales como su estado de conservaci\u00f3n, superficie \u00fatil, calidad de los materiales, una distribuci\u00f3n m\u00e1s o menos eficiente, la existencia de dependencias anejas, la existencia de cargas no inscritas, problemas estructurales o una ubicaci\u00f3n menos favorable dentro de la misma zona. Ello puede llevar a situaciones tan absurdas como la de valorar un inmueble sin tener en cuenta su situaci\u00f3n de ruina interior, pudi\u00e9ndose gravar de la misma forma dos viviendas situadas en la misma forma, una de obra nueva o reci\u00e9n rehabilitada y la otra en situaci\u00f3n de ruina interior. Por ello, bien podr\u00eda concluirse que este nuevo m\u00e9todo implica una renuncia a la individualizaci\u00f3n en la valoraci\u00f3n\u00a0de bases, que\u00a0ignora sistem\u00e1ticamente las caracter\u00edsticas individuales de los inmuebles y que, al basarse en un valor medio, conduce necesariamente a desigualdades.<\/p>\n

Al imponerse como base imponible un valor que puede ser superior al precio real de la transacci\u00f3n (o al valor real en una herencia), se estar\u00eda obligando al contribuyente a tributar por una capacidad econ\u00f3mica que no ha manifestado.<\/p>\n

b) El cuestionamiento del principio de legalidad tributaria y reserva de ley (art\u00edculos 31.3 y 133.1 CE).<\/strong><\/h4>\n

El principio de reserva de ley en materia tributaria, consagrado en el art\u00edculo 31.3 de la Constituci\u00f3n, exige que los elementos esenciales del tributo, como el hecho imponible o la base imponible, sean regulados mediante una norma con rango de ley.<\/p>\n

La duda que se plantea es si la regulaci\u00f3n del valor de referencia cumple con esta exigencia. Si bien la ley establece que la base imponible es el valor de referencia, la determinaci\u00f3n cuantitativa se delega por completo en un \u00f3rgano administrativo, la Direcci\u00f3n General del Catastro, que lo calcula anualmente a trav\u00e9s de un procedimiento y una metodolog\u00eda estad\u00edstica que no est\u00e1n detallados de forma exhaustiva en la ley.<\/p>\n

Se argumenta que esta delegaci\u00f3n podr\u00eda suponer un vaciamiento del contenido de la reserva de ley, ya que un elemento esencial del tributo \u2014la cuantificaci\u00f3n de la base imponible\u2014 quedar\u00eda en manos de la Administraci\u00f3n, con un margen de actuaci\u00f3n que podr\u00eda exceder lo que la Constituci\u00f3n permite. La falta de una regulaci\u00f3n legal precisa sobre los criterios, ponderaciones y algoritmos utilizados para fijar el valor de referencia podr\u00eda implicar que la ley no est\u00e1 definiendo con la suficiente concreci\u00f3n la base del tributo, sino remiti\u00e9ndose a una potestad administrativa que, en la pr\u00e1ctica, determina la carga fiscal del contribuyente.<\/p>\n

c) La quiebra del principio de seguridad jur\u00eddica (art\u00edculo 9.3 de la Constituci\u00f3n).<\/strong><\/h4>\n

El principio de seguridad jur\u00eddica exige que las normas sean claras y predecibles, permitiendo a los ciudadanos conocer de antemano las consecuencias de sus actos. El sistema del valor de referencia, a pesar de su aparente objetividad, genera una notable incertidumbre.<\/p>\n

El contribuyente, en el momento de realizar una operaci\u00f3n inmobiliaria, puede consultar el valor de referencia, pero no tiene la certeza de que este se corresponda con la realidad del mercado ni de que pueda impugnarlo con \u00e9xito si lo considera incorrecto. Ello, en primer lugar, genera una incertidumbre sobre la carga fiscal real de una operaci\u00f3n. El ciudadano no puede prever con certeza el valor que se le aplicar\u00e1, lo que choca con la necesaria previsibilidad de las normas tributarias.<\/p>\n

Por otro lado, la presunci\u00f3n\u00a0iuris tantum<\/em>\u00a0de que el valor de referencia se corresponde con el valor de mercado, invirtiendo la carga de la prueba, agrava esta situaci\u00f3n. El contribuyente se ve en la dif\u00edcil tesitura de tener que desvirtuar un valor fijado por la Administraci\u00f3n con una metodolog\u00eda<\/p>\n

que puede resultar opaca para el contribuyente, por la complejidad del procedimiento de c\u00e1lculo y la dificultad para acceder a los datos y la metodolog\u00eda empleados por el Catastro, lo que puede generar una situaci\u00f3n de indefensi\u00f3n por la asimetr\u00eda informativa la carga probatoria desproporcionada.<\/p>\n

Esta falta de transparencia y la dificultad para articular una defensa efectiva frente a un valor que se presume correcto generan una inseguridad jur\u00eddica que choca con las garant\u00edas que la Constituci\u00f3n otorga a los ciudadanos en sus relaciones con la Administraci\u00f3n. El contribuyente se enfrenta a una \u00abcaja negra\u00bb cuyo resultado debe aceptar, salvo que pueda emprender un costoso y complejo proceso probatorio para demostrar su incorrecci\u00f3n.<\/p>\n

d) Admisi\u00f3n de la cuesti\u00f3n de constitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc\u00eda.<\/strong><\/h4>\n

La cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad se plantea en relaci\u00f3n con los apartados 2, 3 y 4 del art\u00edculo 10 y el apartado 1 del art\u00edculo 46 del Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1\/1993, de 24 de septiembre, y la disposici\u00f3n final tercera del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1\/2004, de 5 de marzo<\/p>\n

El fundamento principal de la cuesti\u00f3n radica en la posible vulneraci\u00f3n del principio de capacidad econ\u00f3mica consagrado en el art\u00edculo 31.1 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola. As\u00ed, el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc\u00eda, en el Auto en que acuerda plantear la cuesti\u00f3n de constitucionalidad afirma que:<\/p>\n

\u201cEl resultado es un valor medio aplicable a los inmuebles de un determinado \u00e1mbito homog\u00e9neo de valoraci\u00f3n, la utilizaci\u00f3n de un sistema de m\u00f3dulos de valores medios implica una renuncia a la individualizaci\u00f3n en la valoraci\u00f3n de bases, que ignora sistem\u00e1ticamente las caracter\u00edsticas individuales de los inmuebles, y que conduce necesariamente a desigualdades pues a la hora de establecer un valor medio se parte de unos valores m\u00e1ximos y m\u00ednimos que resultan equidistantemente alejados del resultado final (medio) de la operaci\u00f3n (campana de Gauss).<\/em><\/p>\n

(\u2026)<\/em><\/p>\n

El empleo de un m\u00e9todo de c\u00e1lculo masivo,\u00a0que se basa en una metodolog\u00eda cr\u00edptica, inasequible para el contribuyente medio, cuyos par\u00e1metros no est\u00e1n contenidos en ninguna ley, que descansa en una muestra escasamente representativa de transacciones, originariamente desconsideradas a efectos fiscales en el ejercicio precedente, y que no obstante, de forma parad\u00f3jica, el Catastro incopora al c\u00e1lculo del valor medio para el ejercicio subsiguiente, m\u00e9todo que en su universalidad\u00a0ignora sistem\u00e1ticamente elementales rasgos singulares de los inmuebles\u00a0de vital trascendencia para la determinaci\u00f3n del valor mercado de los mismos (superficie \u00fatil, calidad de los materiales, grado real de conservaci\u00f3n, dependencias anejas, instalaciones accesorias…),\u00a0s\u00f3lo puede ofrecer resultados objetivamente alejados de la realidad del valor del bien inmueble dando lugar a situaciones absurdas en las que en una misma \u00e1rea homog\u00e9nea de valoraci\u00f3n coincida el valor de referencia de dos inmuebles cuyas caracter\u00edsticas y estados sean manifiestamente dispares.<\/em><\/p>\n

(..)<\/em><\/p>\n

Lo anterior entra\u00f1a un riesgo efectivo de sometimiento a tributaci\u00f3n de operaciones por valores distintos y eventualmente superiores al valor real de mercado entendido como el pactado libremente por partes independientes en condiciones normales de mercado.<\/em><\/p>\n

Adem\u00e1s, el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc\u00eda critica tambi\u00e9n el sacrificio de las garant\u00edas de las que disfrutaba el contribuyente, por la inversi\u00f3n de la carga de la prueba y porque se elimina cualquier mecanismo alternativo de estimaci\u00f3n directa para contrarrestar ante la Administraci\u00f3n tributaria el resultado de la aplicaci\u00f3n del valor gen\u00e9rico de referencia, lo que, a juicio del Tribunal va en contra de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que hab\u00eda reforzado la posici\u00f3n del contribuyente, exigiendo una valoraci\u00f3n individualizada de los inmuebles objeto de las operaciones gravadas a cargo de la Administraci\u00f3n.<\/p>\n

La cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad ha sido admitida por el Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 8 de julio de 2025. La admisi\u00f3n a tr\u00e1mite no es una sorpresa, sino la consecuencia l\u00f3gica de las profundas dudas que la figura del valor de referencia suscita respecto a su encaje en los principios fundamentales de nuestro sistema tributario.<\/p>\n

3. El caso paradigm\u00e1tico de la vivienda de protecci\u00f3n oficial.<\/strong><\/h3>\n

La controversia en torno al valor de referencia tiene tambi\u00e9n un reflejo particular en el \u00e1mbito de la vivienda de protecci\u00f3n oficial (VPO).<\/p>\n

Estos inmuebles est\u00e1n sujetos a un r\u00e9gimen jur\u00eddico especial que, entre otras cosas, limita su precio m\u00e1ximo de venta para facilitar el acceso a la vivienda. Este precio m\u00e1ximo legal es, por definici\u00f3n, inferior al valor de mercado de una vivienda libre de caracter\u00edsticas similares. Adem\u00e1s, en muchos de los casos, se trata de viviendas sujetas al r\u00e9gimen de protecci\u00f3n oficial (y, por tanto, de limitaci\u00f3n del precio de venta) de forma indefinida, sin que sea posible su descalificaci\u00f3n por el paso del tiempo.<\/p>\n

A pesar de esta realidad jur\u00eddica y econ\u00f3mica, la Direcci\u00f3n General de Tributos (DGT), en diversas consultas vinculantes (como la Resoluci\u00f3n V0690-2022 o la Resoluci\u00f3n V0298-2022), ha establecido un criterio que resulta claro y, a todas luces, problem\u00e1tico: en la transmisi\u00f3n de una vivienda de protecci\u00f3n oficial, la base imponible del ITP o del ISD debe ser el valor de referencia, incluso si este es superior al precio m\u00e1ximo legal de venta. Si el valor de referencia lo supera, el contribuyente debe primero tributar por dicho valor y, posteriormente, solicitar la rectificaci\u00f3n de su autoliquidaci\u00f3n, iniciando un procedimiento para demostrar que el valor de referencia es incorrecto.<\/p>\n

Esta interpretaci\u00f3n genera una carga fiscal inicial desproporcionada y un gravamen sobre una base que ya se sabe por anticipado que excede la riqueza real obtenida.<\/p>\n

Por mucho que la Direcci\u00f3n General de Tributos afirme que el valor de referencia no deber\u00eda ser superior al valor de mercado (y, por tanto, al precio m\u00e1ximo de venta) esta interpretaci\u00f3n genera una situaci\u00f3n parad\u00f3jica y manifiestamente injusta, pues se obliga al contribuyente a tributar inicialmente por una plusval\u00eda o un valor que legalmente no puede obtener, generando inicialmente una carga fiscal desproporcionada y un gravamen sobre una base que ya se sabe por anticipado que excede la riqueza real obtenida. Si la ley proh\u00edbe vender una vivienda de protecci\u00f3n oficial por encima de un determinado precio, \u00bfc\u00f3mo puede la Administraci\u00f3n tributaria exigir el pago de impuestos sobre un valor superior? Por mucho que el contribuyente pueda despu\u00e9s acreditar un valor inferior y solicitar la devoluci\u00f3n de lo ingresado indebidamente, esta situaci\u00f3n supone una vulneraci\u00f3n flagrante y directa del principio de capacidad econ\u00f3mica. Se est\u00e1 gravando una riqueza no solo ficticia, sino legalmente inalcanzable porque se sabe de antemano que el contribuyente no solo no ha percibido esa riqueza, sino que ten\u00eda prohibido por ley percibirla.<\/p>\n

Lo anterior, adem\u00e1s, genera, por un lado, una carga administrativa del todo prescindible al contribuyente, que no solo se ve obligado a tributar por unos valores ajenos al valor real del bien adquirido, sino que, adicionalmente, debe realizar el esfuerzo de impugnar esta liquidaci\u00f3n y solicitar la devoluci\u00f3n de lo indebidamente ingresado. Y, por otro lado, comporta un efecto gravoso para la propia administraci\u00f3n, como es el tener que tramitar y resolver los procedimientos que impugnen el valor de referencia en el caso de viviendas de protecci\u00f3n oficial.<\/p>\n

Ello pone a\u00fan m\u00e1s en tela de juicio la idoneidad del nuevo\u00a0\u00abvalor de referencia\u00bb\u00a0como m\u00e9todo para determinar la base imponible en dichas operaciones y, sobre todo, para conseguir reducir la litigiosidad con las administraciones tributarias auton\u00f3micas.<\/p>\n

4. Efectos de una eventual declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad.<\/strong><\/h3>\n

La admisi\u00f3n a tr\u00e1mite de la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad abre un periodo de incertidumbre que culminar\u00e1 con el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Si este finalmente declara la inconstitucionalidad de los preceptos que establecen el valor de referencia como base imponible, las consecuencias ser\u00e1n de gran alcance y podr\u00edan determinar la nulidad de pleno derecho de todas las liquidaciones tributaria efectuadas al amparo de dichos preceptos. Sin embargo, la experiencia reciente nos ense\u00f1a que el Tribunal puede optar por modular los efectos de sus sentencias para salvaguardar la seguridad jur\u00eddica y la estabilidad presupuestaria.<\/p>\n

El precedente m\u00e1s claro lo encontramos en la\u00a0Sentencia del Tribunal Constitucional 182\/2021, de 26 de octubre, que declar\u00f3 inconstitucional el m\u00e9todo de c\u00e1lculo del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (la \u00abplusval\u00eda municipal\u00bb). En dicha Sentencia, el Tribunal, consciente del impacto masivo de su decisi\u00f3n, limit\u00f3 expresamente sus efectos en el tiempo. Estableci\u00f3 que no podr\u00edan revisarse con fundamento en su fallo aquellas \u00absituaciones consolidadas\u00bb, entendiendo por tales: i) las liquidaciones que ya fueran firmes en v\u00eda administrativa o judicial; y ii) las autoliquidaciones cuya rectificaci\u00f3n no se hubiera solicitado antes de la fecha de dictarse la sentencia.<\/p>\n

Esta modulaci\u00f3n de efectos, que ha sido posteriormente analizada por la jurisprudencia, como en la\u00a0Sentencia de la Secci\u00f3n 5\u00aa de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo n\u00ba950\/2024, de 30 de mayo, supuso que solo aquellos contribuyentes que hab\u00edan mantenido \u00abviva\u00bb su reclamaci\u00f3n pudieron beneficiarse de la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad. Se excluyeron de la posible revisi\u00f3n aquellas obligaciones tributarias devengadas que, a la fecha de dictarse sentencia hubiesen sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resoluci\u00f3n administrativa firme, as\u00ed como las situaciones consolidades, entendi\u00e9ndose como tales (i) las liquidaciones provisionales o definitivas que no hab\u00edan sido impugnadas a la fecha de dictarse la sentencia y (ii) las autoliquidaciones cuya rectificaci\u00f3n no hab\u00eda sido solicitada a dicha fecha.<\/p>\n

Igualmente, la jurisprudencia ha sido restrictiva respecto la admisi\u00f3n de reclamar por la v\u00eda de la responsabilidad patrimonial en el caso de situaciones consolidades que quedaron excluidas de los efectos de la Sentencia, limit\u00e1ndolo a aquellos casos en que, previamente, se hab\u00eda reclamado y obtenido sentencia desestimatoria firme.<\/p>\n

Es altamente probable que, de estimarse la inconstitucionalidad del valor de referencia, el Tribunal Constitucional adopte una soluci\u00f3n similar, limit\u00e1ndolos efectos retroactivos de su fallo a aquellas situaciones que no hayan adquirido firmeza, para evitar una avalancha de reclamaciones que podr\u00eda desestabilizar las finanzas de las Comunidades Aut\u00f3nomas. En ese caso, solo se beneficiar\u00edan del fallo que declarara la inconstitucionalidad del valor de referencia los contribuyentes que hubieran impugnado sus liquidaciones o instado la rectificaci\u00f3n de autoliquidaciones antes de la publicaci\u00f3n de la sentencia.<\/p>\n

5. Recomendaciones pr\u00e1cticas para los contribuyentes: estrategia de futuro basada en las lecciones del pasado. Impugnar para preservar derechos.<\/strong><\/h3>\n

Ante la incertidumbre jur\u00eddica generada por la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad, la inacci\u00f3n no es una opci\u00f3n para los contribuyentes si se consideran perjudicados porque el valor de referencia es superior al valor real o de mercado del inmueble<\/strong>. Esperar pasivamente al pronunciamiento del Tribunal Constitucional puede suponer la p\u00e9rdida definitiva del derecho a recuperar lo indebidamente pagado si las liquidaciones o autoliquidaciones devienen firmes.<\/p>\n

Por tanto, la estrategia jur\u00eddica m\u00e1s prudente y aconsejable es iniciar las actuaciones necesarias para evitar que la situaci\u00f3n tributaria se consolide:<\/p>\n

a) En primer lugar,<\/strong> esto implica dos v\u00edas de actuaci\u00f3n, dependiendo de c\u00f3mo se haya gestionado el impuesto:<\/p>\n

    \n
  • En el caso de liquidaciones notificadas por la Administraci\u00f3n, el contribuyente debe\u00a0impugnar la liquidaci\u00f3n\u00a0dentro de los plazos legalmente establecidos. Esto se puede hacer mediante la interposici\u00f3n de un recurso de reposici\u00f3n ante el mismo \u00f3rgano que dict\u00f3 el acto y\/o una reclamaci\u00f3n econ\u00f3mico-administrativa ante el Tribunal Econ\u00f3mico-Administrativo competente. El objetivo es abrir un procedimiento de revisi\u00f3n que impida que la liquidaci\u00f3n gane firmeza.<\/li>\n
  • Si es el contribuyente le que ha presentado una autoliquidaci\u00f3n, la v\u00eda adecuada es\u00a0instar la rectificaci\u00f3n de la autoliquidaci\u00f3n\u00a0y solicitar la devoluci\u00f3n de ingresos indebidos.<\/li>\n<\/ul>\n

    b) Si la Administraci\u00f3n deniega la rectificaci\u00f3n,<\/strong> esta resoluci\u00f3n denegatoria deber\u00e1 ser impugnada a trav\u00e9s de los recursos mencionados en el punto anterior.<\/p>\n

    c) Si los recursos o reclamaciones en v\u00eda administrativa son desestimados,<\/strong> se recomienda interponer reclamaci\u00f3n econ\u00f3mica-administrativa y, finalmente, recurso contencioso-administrativo.<\/p>\n

    En todos los casos, y ante la eventual posibilidad que muchos de los procedimientos, sea en v\u00eda administrativa sea en v\u00eda judicial, se suspendan o demoren a la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, ser\u00e1 tambi\u00e9n de gran importancia valorar la estrategia a adoptar respecto el pago del tributo o la solicitud de una eventual suspensi\u00f3n de la ejecutividad del acto impugnado.<\/p>\n

    Estas actuaciones son cruciales para interrumpir la prescripci\u00f3n y permitir\u00e1n preservar los derechos del contribuyente para beneficiarse de los efectos de una eventual sentencia en la que el Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad del valor de referencia.<\/p>\n

    Menos clara es la estrategia para los contribuyentes que han efectuado sus declaraciones en base el valor de referencia, pero en los que este valor podr\u00eda ser inferior al valor de mercado. En estos casos, si bien la impugnaci\u00f3n la eventual declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad podr\u00eda llegar a liberarles de la obligaci\u00f3n tributaria, siempre que, consecuencia de la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad fuese necesario aprobar una nueva norma para la determinaci\u00f3n de la base imponible (porque dicha norma no podr\u00eda tener efectos retroactivos). Ahora bien, en los casos en que la posibilidad de exigir el pago del del tributo no hubiese prescrito, habr\u00eda cierto riesgo que, en funci\u00f3n de los efectos y alcance de la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad, esta tuviera el efecto pernicioso de incrementar su cuota tributaria atendiendo al valor de mercado. A tal efecto, debe considerarse que la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad podr\u00eda no alcanzar a la totalidad de los preceptos sobre los que se plantea y\/o contener alg\u00fan pronunciamiento interpretativo sobre una lectura conforme la Constituci\u00f3n, que permitiera salvar la parte que se refiere al valor de mercado como base imponible, legitimando a la Administraci\u00f3n a practicar nuevas liquidaciones sin necesidad de aprobar una nueva norma.<\/p>\n

    Finalmente, en los casos en que la liquidaci\u00f3n se ha efectuado en base a un valor declarado, precio o contraprestaci\u00f3n pactada o valor de mercado superior al valor de referencia, se antoja dif\u00edcil que la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad pueda llegar a alcanzarles y ser\u00eda razonable que estos casos quedaran excluidos de los efectos de la Sentencia o del alcance de la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad (que podr\u00eda no alcanzar a la parte de los preceptos que establece que la liquidaci\u00f3n se practique conforme los indicados valores).<\/p>\n

    *El presente art\u00edculo es meramente divulgativo y no supone asesoramiento ni compromiso de actualizaci\u00f3n.<\/em><\/p>\n

    Para m\u00e1s informaci\u00f3n o asesoramiento, contacte con info@fernandezadvocats.es.<\/em><\/p>\n

     <\/p>\n

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