{"id":253755,"date":"2025-11-13T11:21:41","date_gmt":"2025-11-13T10:21:41","guid":{"rendered":"https:\/\/fernandezadvocats.es\/?p=253755"},"modified":"2026-01-21T17:20:31","modified_gmt":"2026-01-21T16:20:31","slug":"delito-prevaricacion-administrativa-pagar-lo-que-se-debe-no-es-delito","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fernandezadvocats.es\/es\/delito-prevaricacion-administrativa-pagar-lo-que-se-debe-no-es-delito\/","title":{"rendered":"A vueltas sobre el delito de prevaricaci\u00f3n administrativa del art\u00edculo 404 CP: Cuando el hecho de pagar lo que se debe no es delito"},"content":{"rendered":"

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An\u00e1lisis de la STS, Sala Segunda, n\u00ba 731\/2025, de 17 de septiembre (rec. 8511\/2022)<\/b><\/h2>\n

Con motivo de la Sentencia de 17 de septiembre de 2025 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, se han vuelto a poner sobre la mesa los l\u00edmites del delito de prevaricaci\u00f3n administrativa, previsto y tipificado en el art\u00edculo 404 del C\u00f3digo Penal.<\/span><\/p>\n

Esta resoluci\u00f3n, de gran inter\u00e9s para funcionarios, cargos p\u00fablicos y profesionales del Derecho Administrativo, <\/span>absuelve a una concejala de Hacienda de un Ayuntamiento canario<\/b> que hab\u00eda sido condenada por autorizar el pago de facturas correspondientes a servicios efectivamente prestados, aunque su contrataci\u00f3n inicial hubiera sido irregular.<\/span><\/p>\n

Se trata de la <\/span>segunda Sentencia de este a\u00f1o<\/b> que aborda facetas de una problem\u00e1tica habitual, pues la <\/span>STS, Sala Segunda, n\u00ba 96\/2025, de 6 de febrero (rec. 4249\/2022)<\/b>, ya estableci\u00f3 que, si efectivamente fueron ordenadas unas obras, los vicios existentes en dichas \u00f3rdenes por parte de la Administraci\u00f3n que no sean imputables al contratista no pueden oponerse para impedir que \u00e9ste perciba el importe, pues lo relevante es que esas \u00f3rdenes se dieron con la apariencia suficiente de ostentar la potestad de la contrataci\u00f3n administrativa.<\/span><\/p>\n

La Sentencia no s\u00f3lo resuelve un caso concreto, sino que sirve como recordatorio pedag\u00f3gico sobre la <\/span>diferencia crucial entre una ilegalidad administrativa y un acto delictivo de prevaricaci\u00f3n<\/b>, y a continuaci\u00f3n analizamos sus implicaciones.<\/span><\/p>\n

Pagar por servicios realmente ejecutados a favor del Ayuntamiento<\/b><\/h2>\n

El caso se centra en una <\/span>concejala de Hacienda condenada en primera instancia por un delito de prevaricaci\u00f3n<\/b>, por el cual se le impon\u00eda una pena de inhabilitaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Su actuaci\u00f3n consisti\u00f3 en <\/span>firmar la orden de pago de diversas facturas por obras y servicios prestados al Ayuntamiento.<\/b><\/p>\n

La Sentencia de la <\/span>Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria<\/b> consider\u00f3 probado que la tramitaci\u00f3n de dichas facturas presentaba \u201cdefectos\u201d y que la concejala era conocedora de ellos.<\/span><\/p>\n

No obstante, un hecho clave, tambi\u00e9n declarado probado, fue determinante para el <\/span>Tribunal Supremo<\/b>: que la totalidad de las facturas se correspond\u00edan con <\/span>obras o servicios efectivamente prestados<\/b>, y su importe se ajustaba al valor de mercado, sin causar perjuicio econ\u00f3mico alguno a las arcas municipales.<\/span><\/p>\n

Es importante destacar que la concejala <\/span>no intervino en el proceso de contrataci\u00f3n inicial<\/b>, donde resid\u00eda la irregularidad principal. Su funci\u00f3n se limit\u00f3 a <\/span>autorizar el pago final.<\/b><\/p>\n

El an\u00e1lisis del Tribunal Supremo: la prevaricaci\u00f3n como il\u00edcito m\u00e1s all\u00e1 de la simple ilegalidad<\/b><\/h2>\n

El Tribunal Supremo estima el recurso de casaci\u00f3n y <\/span>absuelve a la concejala<\/b>, bas\u00e1ndose en una serie de argumentos que refuerzan la doctrina sobre el delito de prevaricaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

A) El \u201cplus de antijuridicidad\u201d. No toda irregularidad es delito.<\/b><\/h3>\n

La Sala Segunda recuerda que el delito de prevaricaci\u00f3n exige un <\/span>plus de antijuridicidad<\/b>.<\/span>
\n<\/span> No basta con una simple contravenci\u00f3n de la legalidad administrativa.<\/span>
\n<\/span> La resoluci\u00f3n debe ser <\/span>arbitraria<\/b>, es decir, una decisi\u00f3n que no pueda sustentarse en ninguna interpretaci\u00f3n razonable del Derecho y que sea fruto de la mera voluntad o capricho del funcionario.<\/span>
\n<\/span> En este caso, <\/span>pagar por un servicio recibido no puede considerarse una decisi\u00f3n arbitraria o materialmente injusta.<\/b><\/p>\n

B) La autorizaci\u00f3n de pago como \u201cacto de tr\u00e1mite\u201d.<\/b><\/h3>\n

Con gran acierto t\u00e9cnico, la defensa de la concejala recurrente argument\u00f3 \u2014y el Supremo lo acoge\u2014 que la aprobaci\u00f3n del pago de una factura por un servicio ya prestado <\/span>no es una resoluci\u00f3n aut\u00f3noma con capacidad para constituir un delito de prevaricaci\u00f3n.<\/b>
\n<\/b> Se trata, m\u00e1s bien, de un <\/span>acto de tr\u00e1mite o de ejecuci\u00f3n<\/b> de una decisi\u00f3n previa (la contrataci\u00f3n).<\/span>
\n<\/span> La ilegalidad, si exist\u00eda, se encontraba en todo caso en la <\/span>fase de contrataci\u00f3n<\/b>, en la cual la concejala no particip\u00f3.<\/span><\/p>\n

C) El principio general del Derecho contra el enriquecimiento injusto.<\/b><\/h3>\n

Como parte central de la resoluci\u00f3n, el Tribunal Supremo razona que <\/span>no pagar por servicios que el Ayuntamiento ha recibido materialmente constituir\u00eda un enriquecimiento injusto para la Administraci\u00f3n.<\/b>
\n<\/b> Por tanto, el acto de pagar lo que se debe, lejos de ser injusto, <\/span>es una obligaci\u00f3n<\/b> para evitar un perjuicio al proveedor y un beneficio indebido para la entidad p\u00fablica.<\/span>
\n<\/span> Como subraya la Sala:<\/span><\/p>\n

\u201cNo es factible calificar de ilegal o injusto el pago de unos servicios irregularmente contratados pero que materialmente se han obtenido.\u201d<\/span><\/p><\/blockquote>\n

De hecho, el propio Tribunal Supremo ya se hab\u00eda pronunciado en t\u00e9rminos similares en la <\/span>STS, Sala Segunda, n\u00ba 86\/2022, de 22 de enero<\/b>, considerando que el acto de pagar servicios ejecutados pero irregularmente contratados <\/span>no puede ser por s\u00ed mismo un delito de prevaricaci\u00f3n.<\/b><\/p>\n

D) La indeterminaci\u00f3n f\u00e1ctica de la Sentencia \u201ca quo\u201d y el principio de presunci\u00f3n de inocencia.<\/b><\/h3>\n

Finalmente, el Supremo reprocha a la sentencia de instancia un \u201cgrave d\u00e9ficit descriptivo\u201d.<\/span>
\n<\/span> La Audiencia conden\u00f3 bas\u00e1ndose en la existencia de \u201cdefectos\u201d en las facturas, pero <\/span>sin especificar cu\u00e1les eran esos defectos.<\/b>
\n<\/b> Esa indeterminaci\u00f3n impide valorar si la decisi\u00f3n de la concejala fue realmente arbitraria y conscientemente injusta.<\/span>
\n<\/span> Ante esta \u201cindeterminaci\u00f3n f\u00e1ctica estructural\u201d, la \u00fanica soluci\u00f3n posible es la <\/span>absoluci\u00f3n<\/b>, en aplicaci\u00f3n del principio <\/span>in dubio pro reo<\/b>.<\/span><\/p>\n

Conclusi\u00f3n: el Derecho Penal como \u00faltima ratio<\/b><\/h2>\n

La sentencia comentada es un recordatorio esencial de que el <\/span>Derecho Penal es la \u00faltima ratio<\/b> del sistema jur\u00eddico.<\/span>
\n<\/span> Su funci\u00f3n no es sustituir a la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa en el control de la legalidad de los actos de la Administraci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Para que una actuaci\u00f3n sea constitutiva de prevaricaci\u00f3n administrativa deben concurrir las siguientes circunstancias:<\/span><\/p>\n

1) Una resoluci\u00f3n arbitraria<\/b>, que suponga una vulneraci\u00f3n flagrante y clamorosa del ordenamiento jur\u00eddico.<\/span><\/p>\n

2)<\/b> Que sea dictada <\/span>con conocimiento de su injusticia<\/b>, es decir, con dolo directo sobre el car\u00e1cter il\u00edcito del acto.<\/span><\/p>\n

3)<\/b> Que no sea sostenible bajo ninguna interpretaci\u00f3n jur\u00eddica razonable, siendo patente la ilegalidad que supone.<\/span><\/p>\n

4) <\/b>Que la arbitrariedad tenga la finalidad de <\/span>beneficiar o perjudicar a alguien<\/b>, lo cual exige demostrar el motivo espurio o la intencionalidad del acto.<\/span><\/p>\n

En definitiva, esta sentencia <\/span>protege a los funcionarios<\/b> que, actuando en la \u00faltima fase de un expediente, se limitan a cumplir con una obligaci\u00f3n real y exigible \u2014como es el pago de un servicio efectivamente prestado\u2014, <\/span>evitando que sean penalmente responsables por irregularidades cometidas en fases anteriores<\/b> en las que no intervinieron.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

El presente art\u00edculo es meramente divulgativo y no supone asesoramiento ni compromiso de actualizaci\u00f3n.<\/span><\/i>
\n<\/span><\/i> Para m\u00e1s informaci\u00f3n o asesoramiento, contacte con <\/span>info@fernandezadvocats.es<\/b><\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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