{"id":254352,"date":"2026-02-17T09:10:53","date_gmt":"2026-02-17T08:10:53","guid":{"rendered":"https:\/\/fernandezadvocats.es\/?p=254352"},"modified":"2026-02-18T10:27:46","modified_gmt":"2026-02-18T09:27:46","slug":"rehabilitacion-funcionaria-inhabilitada-stsj-andalucia-1084-2025","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fernandezadvocats.es\/es\/rehabilitacion-funcionaria-inhabilitada-stsj-andalucia-1084-2025\/","title":{"rendered":"Denegaci\u00f3n de rehabilitaci\u00f3n de condici\u00f3n de funcionaria de carrera por raz\u00f3n de hechos delictivos cometidos cuando esta era personal eventual"},"content":{"rendered":"

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Comentario a la STSJ Andaluc\u00eda de M\u00e1laga n\u00ba 1084\/2025 de 15 de mayo (rec. 232\/2025)<\/b><\/h2>\n

La reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andaluc\u00eda pone de manifiesto la naturaleza excepcional de la figura de la rehabilitaci\u00f3n de la condici\u00f3n de funcionario p\u00fablico. En este caso, la Sala desestima el recurso de una ex-funcionaria del Ayuntamiento de Marbella, condenada penalmente como cooperadora necesaria en delitos de prevaricaci\u00f3n y fraude, y confirma la decisi\u00f3n administrativa de denegarle la reincorporaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

El an\u00e1lisis del Tribunal ofrece una visi\u00f3n detallada sobre c\u00f3mo deben ponderarse los criterios legales para la rehabilitaci\u00f3n, otorgando un peso determinante a la gravedad de los hechos y al da\u00f1o, no solo patrimonial sino tambi\u00e9n reputacional, causado al servicio p\u00fablico.<\/span><\/p>\n

Antecedentes del Caso<\/b><\/h3>\n

La recurrente fue condenada penalmente por su participaci\u00f3n esencial en la adjudicaci\u00f3n directa e irregular de una vivienda propiedad del Ayuntamiento de Marbella a un precio inferior al de mercado. Los hechos probados de la sentencia penal establecieron que dicha adjudicaci\u00f3n fue fruto de un \u201cacuerdo previo\u201d entre el alcalde, otro acusado y la recurrente, que en aquel momento era hija del Secretario municipal.<\/span><\/p>\n

En el momento de la comisi\u00f3n de los delitos (a\u00f1o 2000), la recurrente ten\u00eda la condici\u00f3n de personal eventual (\u201cde confianza\u201d) en el mismo Ayuntamiento, y no fue hasta el a\u00f1o 2003 cuando adquiri\u00f3 la condici\u00f3n de funcionaria de carrera. La condena a una pena de inhabilitaci\u00f3n especial para empleo o cargo p\u00fablico comport\u00f3 la p\u00e9rdida de su condici\u00f3n de funcionaria. Una vez extinguida la responsabilidad penal y civil, solicit\u00f3 la rehabilitaci\u00f3n, que fue denegada por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Marbella. En todo el tiempo que fue funcionaria de carrera (a\u00f1os 2003 a 2019), hasta la Sentencia penal, la funcionaria no fue objeto de ninguna sanci\u00f3n ni expediente disciplinario, siguiendo formaci\u00f3n continua y desarrollando funciones. La recurrente no ten\u00eda antecedentes en el momento de dictarse la Sentencia, abon\u00f3 la responsabilidad civil y penal impuesta.<\/span><\/p>\n

Argumentos de la funcionaria<\/b><\/h3>\n

La defensa de la recurrente fundament\u00f3 su recurso de apelaci\u00f3n en diversos motivos, entre los que destacan:<\/span><\/p>\n

    \n
  1. Error en la valoraci\u00f3n de la prueba:<\/b> Sosten\u00eda que la sentencia de instancia no hab\u00eda valorado correctamente que, al cometer los hechos, no era funcionaria de carrera, sino personal eventual, por lo que no se le pod\u00eda exigir el mismo nivel de deber que a un funcionario.<\/span><\/li>\n
  2. Falta de un pron\u00f3stico de idoneidad:<\/b> Argumentaba que la decisi\u00f3n denegatoria se basaba exclusivamente en la gravedad de los hechos pasados, sin realizar un pron\u00f3stico sobre su capacidad para reincorporarse al servicio p\u00fablico, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y su historial impecable durante los a\u00f1os que ejerci\u00f3 como funcionaria de carrera en el Ayuntamiento.<\/span><\/li>\n
  3. Incompetencia del \u00f3rgano:<\/b> Alegaba que la competencia para resolver la solicitud correspond\u00eda al alcalde y no a la Junta de Gobierno Local.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    Fundamentos Jur\u00eddicos del Tribunal<\/b><\/h3>\n

    La Sala contencioso-administrativa malague\u00f1a del TSJ de Andaluc\u00eda rebate y desestima los argumentos de la apelante, y basa su decisi\u00f3n en los siguientes razonamientos:<\/span><\/p>\n

    i) La irrelevancia de la condici\u00f3n de personal eventual<\/b><\/h4>\n

    La Sala considera que la juzgadora de instancia s\u00ed tuvo en cuenta que la recurrente era personal eventual (funcionario eventual). No obstante, subraya que este hecho es irrelevante, pues el Tribunal recuerda que los deberes b\u00e1sicos de \u201cintegridad\u201d, \u201cejemplaridad\u201d y \u201chonradez\u201d, recogidos en el art\u00edculo 52 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto B\u00e1sico del Empleado P\u00fablico (art. 52, p\u00e1rrafo 1), son exigibles a todos los empleados p\u00fablicos, independientemente de la naturaleza de su v\u00ednculo. Seg\u00fan el Tribunal andaluz, la conducta objeto del proceso penal condenatorio supuso un \u201cgrave quebrantamiento de los deberes inherentes\u201d a la actividad funcionarial.<\/span><\/p>\n

    ii) El da\u00f1o al servicio p\u00fablico: m\u00e1s all\u00e1 del perjuicio patrimonial<\/b><\/h4>\n

    Este es el n\u00facleo de la decisi\u00f3n. El tribunal enfatiza que el perjuicio causado no fue \u201cvacuo o intrascendente\u201d ni \u201cpuramente patrimonial\u201d. La Sentencia recoge el argumento del informe jur\u00eddico municipal, destacando el \u201cda\u00f1o o perjuicio reputacional\u201d al Ayuntamiento de Marbella.<\/span><\/p>\n

    Se razona que la ciudadan\u00eda tiene derecho a esperar que sus funcionarios act\u00faen con sujeci\u00f3n a la ley y a los intereses generales. La conducta de la recurrente, aprovechando su posici\u00f3n de proximidad al poder para obtener un beneficio personal, infringi\u00f3 gravemente esta confianza, causando un da\u00f1o a la imagen del servicio p\u00fablico que trasciende el valor econ\u00f3mico de la vivienda.<\/span><\/p>\n

    iii) La rehabilitaci\u00f3n como medida excepcional y no como derecho subjetivo<\/b><\/h4>\n

    La Sentencia perfila que la rehabilitaci\u00f3n, prevista en el art\u00edculo 68.2 TRLEBEP, es una medida excepcional y extraordinaria, no un derecho subjetivo que se adquiere autom\u00e1ticamente una vez cumplida la condena. La Administraci\u00f3n dispone de una potestad discrecional (aunque reglada por criterios orientadores) para valorar si concurren circunstancias que enerven la regla general contraria a la rehabilitaci\u00f3n. As\u00ed lo dictamin\u00f3 ya la STS, Sala Tercera, de 7 de noviembre de 2024 (rec. 1184\/2023).<\/span><\/p>\n

    En este caso, ni el tiempo transcurrido, ni el pago de las responsabilidades, ni el hecho de que las circunstancias personales (la relaci\u00f3n paternofilial con el secretario) sean irrepetibles, son suficientes para contrarrestar la gravedad extrema de los hechos y el da\u00f1o causado a la confianza p\u00fablica.<\/span><\/p>\n

    iv) Sobre la competencia de la Junta de Gobierno Local<\/b><\/h4>\n

    El tribunal rechaza tambi\u00e9n el motivo formal sobre la incompetencia del \u00f3rgano. Basa su decisi\u00f3n en el art\u00edculo 127.1.h) de la Ley 7\/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del R\u00e9gimen Local (art. 127.1.h) \u00faltimo inciso, de la Ley 7\/1985), que atribuye a la Junta de Gobierno Local las competencias en materia de personal que no est\u00e9n expresamente asignadas a otro \u00f3rgano.<\/span><\/p>\n

    Conclusiones y comentario cr\u00edtico<\/b><\/h3>\n

    Esta sentencia refuerza una l\u00ednea jurisprudencial del Tribunal Supremo basada en la discrecionalidad excepcional en los procedimientos de rehabilitaci\u00f3n de funcionarios, enfatizando que en aquellos que hayan sido condenados por delitos vinculados a la corrupci\u00f3n o a un abuso grave de la funci\u00f3n p\u00fablica, el criterio del da\u00f1o a la imagen y a la confianza en las instituciones adquiere entonces una relevancia capital. Por tanto, la disquisici\u00f3n funcionarial planteada en el recurso contencioso-administrativo pasa a un segundo plano, primando en favor de la no rehabilitaci\u00f3n un argumentario m\u00e1s propio de la ejemplaridad y pulcritud en la funci\u00f3n p\u00fablica en general, no tanto en las normas aplicables, que presentaban una literalidad interpretable a favor de la rehabilitaci\u00f3n de la condici\u00f3n de funcionaria. No obstante, y en puridad, no debe pasarse por alto que los hechos por los que se condenaba son anteriores a la relaci\u00f3n como funcionaria de carrera (incluso anteriores al EBEP), y cuando esta presentaba un v\u00ednculo \u2013 si bien funcionarial, como personal eventual \u201cde confianza\u201d \u2013 jur\u00eddicamente distinto al v\u00ednculo que, en su caso, permite la rehabilitaci\u00f3n, y que exist\u00eda una dilatada trayectoria posterior a los hechos objeto de condena como funcionaria del mismo Ayuntamiento sin incidencias ni expedientes, por lo que ciertamente pod\u00eda plantearse la necesidad de rehabilitar a la funcionaria que lo solicitaba, habiendo cumplido con las penalidades. Desde un punto de vista de resocializaci\u00f3n, se trata de una decisi\u00f3n que limita el derecho del funcionario que ha sido penado, y que ha cumplido ya la pena, imponi\u00e9ndole una sanci\u00f3n adicional por unos hechos que tampoco se produjeron con ocasi\u00f3n del v\u00ednculo funcionarial de carrera, donde ha habido un desarrollo que no ha sido criticado tampoco por parte de la Administraci\u00f3n Local, sino que la cuesti\u00f3n se ha centrado en la consecuencia posterior a la propia inhabilitaci\u00f3n derivada de la decisi\u00f3n penal.<\/span><\/p>\n

    El art\u00edculo 68.2 TRLEBEP establece esta rehabilitaci\u00f3n excepcional a los funcionarios penados, atendiendo a las circunstancias y al tipo de delito cometido, por lo que deber\u00e1 siempre analizarse caso por caso la procedencia o no de dicha rehabilitaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

    La decisi\u00f3n del TSJ de Andaluc\u00eda env\u00eda un mensaje contundente para casos similares: la rehabilitaci\u00f3n no es un mecanismo para borrar el pasado, sino una medida excepcional reservada para supuestos en los que pueda formularse un pron\u00f3stico razonable de que la persona est\u00e1 en condiciones de volver a servir el inter\u00e9s general con el servicio sin tachas que, en principio, se espera de un servidor p\u00fablico. En este tipo de precedentes, y cuando los hechos delictivos suponen un ataque directo a los principios de integridad y ejemplaridad, las puertas de la funci\u00f3n p\u00fablica permanecen cerradas, dificultando por tanto la reincorporaci\u00f3n al servicio activo.<\/span><\/p>\n

    El presente art\u00edculo es meramente divulgativo y no supone asesoramiento ni compromiso de actualizaci\u00f3n.<\/span><\/i>
    \n<\/span><\/i>Para m\u00e1s informaci\u00f3n o asesoramiento, contacte con info@fernandezadvocats.es<\/span><\/i><\/p>\n

     <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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