{"id":254501,"date":"2026-03-19T09:00:16","date_gmt":"2026-03-19T08:00:16","guid":{"rendered":"https:\/\/fernandezadvocats.es\/?p=254501"},"modified":"2026-03-14T10:55:34","modified_gmt":"2026-03-14T09:55:34","slug":"tc-recurso-amparo-reglamentos-derechos-fundamentales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fernandezadvocats.es\/es\/tc-recurso-amparo-reglamentos-derechos-fundamentales\/","title":{"rendered":"El tribunal constitucional refuerza el \u00e1mbito del recurso de amparo: revisi\u00f3n de reglamentos que vulneran derechos fundamentales"},"content":{"rendered":"

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En una reciente decisi\u00f3n de gran trascendencia jur\u00eddica, el Pleno del Tribunal Constitucional ha dictado la STC n\u00ba 184\/2025, de 2 de diciembre, modificando su doctrina sobre el alcance del recurso de amparo. A partir de ahora, el Tribunal se declara competente para declarar la inconstitucionalidad y nulidad de un precepto reglamentario cuando este sea el origen directo de la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, aunque el recurso se haya interpuesto formalmente contra el acto administrativo que lo aplica.<\/span><\/p>\n

Esta decisi\u00f3n supone un fortalecimiento significativo del recurso de amparo como herramienta para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos, al permitir no solo reparar la lesi\u00f3n concreta, sino tambi\u00e9n eliminar del sistema jur\u00eddico la norma que la caus\u00f3.<\/span><\/p>\n

1. Antecedentes del caso: una sanci\u00f3n reglamentaria a un alumno de escuela de polic\u00eda<\/b><\/h3>\n

El caso tiene su origen en la sanci\u00f3n impuesta a un alumno de la Escuela Nacional de Polic\u00eda el 4 de mayo de 2021. La sanci\u00f3n, que consisti\u00f3 en la p\u00e9rdida de puntos en su calificaci\u00f3n final, se fundament\u00f3 en el art\u00edculo 73.1 del Reglamento provisional de la Escuela Superior de Polic\u00eda, aprobado por Orden de 19 de octubre de 1981.<\/span><\/p>\n

El recurrente aleg\u00f3 que esta sanci\u00f3n vulneraba su derecho fundamental a la legalidad sancionadora (art\u00edculo 25.1 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola), ya que el precepto reglamentario aplicado no ten\u00eda la cobertura legal necesaria. Despu\u00e9s de agotar la v\u00eda administrativa y judicial, el caso lleg\u00f3 al Tribunal Constitucional, que apreci\u00f3 una especial trascendencia constitucional para aclarar el alcance de sus competencias en sede de amparo.<\/span><\/p>\n

2. El cambio doctrinal del Pleno y su justificaci\u00f3n<\/b><\/h3>\n

Hasta ahora, la doctrina constitucional hab\u00eda sido reticente a anular disposiciones de car\u00e1cter general en un recurso de amparo, considerando que esta funci\u00f3n depuradora del ordenamiento correspond\u00eda principalmente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria.<\/span><\/p>\n

No obstante, en la STC n\u00ba 184\/2025, el Tribunal, tras un \u201cproceso de reflexi\u00f3n interna\u201d, considera que est\u00e1 justificado extender su competencia por dos razones fundamentales, tal como expone la sentencia. La procedencia, en estos casos, de declarar la inconstitucionalidad y nulidad del precepto reglamentario que se constate como inmediatamente vulnerador de los derechos fundamentales encuentra su justificaci\u00f3n en dos motivos:<\/span><\/p>\n

    \n
  1. i) De una parte, porque en su \u201cdimensi\u00f3n subjetiva\u201d, como mecanismo subsidiario de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, el recurso de amparo exige la remoci\u00f3n de las \u201cdisposiciones\u201d de los poderes p\u00fablicos lesivas de estos derechos (arts. 41.2 y 43.1 LOTC) para garantizar su preservaci\u00f3n (art. 55.1 LOTC).<\/span><\/li>\n
  2. ii) Y, de otra parte, porque como proceso constitucional dotado de una \u201cdimensi\u00f3n objetiva\u201d y, por tanto, trascendente del caso concreto, el recurso de amparo est\u00e1 dirigido a impulsar la mejora de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales por parte de los poderes p\u00fablicos a trav\u00e9s, por lo que ahora importa, del enjuiciamiento de supuestos en los que la posible lesi\u00f3n del derecho fundamental que se denuncia pudiera provenir de una disposici\u00f3n de car\u00e1cter general (vid. STC 155\/2009, FJ2\u00ba).<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    Causa esta de especial trascendencia constitucional que, apreciada en el momento de la admisi\u00f3n a tr\u00e1mite del presente recurso, se proyecta sobre el enjuiciamiento y la decisi\u00f3n, impregnando con ello la totalidad del proceso de amparo, reforzando de esta manera su importancia para la interpretaci\u00f3n, aplicaci\u00f3n o general eficacia de la Constituci\u00f3n (art. 55.1 b LOTC).<\/span><\/p>\n

    En resumen, el Tribunal entiende que tanto la finalidad de proteger al individuo (dimensi\u00f3n subjetiva) como la de garantizar la supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n (dimensi\u00f3n objetiva) justifican la anulaci\u00f3n de la norma reglamentaria que origina la vulneraci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

    3. La decisi\u00f3n del Tribunal Constitucional: nulidad del acto administrativo y del precepto reglamentario que lo sustenta<\/b><\/h3>\n

    Aplicando esta nueva doctrina, el Tribunal Constitucional concluye que la sanci\u00f3n impuesta al alumno vulner\u00f3 efectivamente su derecho a la legalidad sancionadora, ya que el art\u00edculo 73.1 del Reglamento de 1981 no ten\u00eda cobertura legal suficiente.<\/span><\/p>\n

    En consecuencia, el fallo no se limita a anular el acto sancionador y las resoluciones judiciales que lo confirmaron, sino que va m\u00e1s all\u00e1 y declara la inconstitucionalidad y nulidad del propio precepto reglamentario:<\/span><\/p>\n

    La resoluci\u00f3n del director de la Escuela Nacional de Polic\u00eda de 4 de mayo de 2021 vulner\u00f3 el derecho fundamental a la legalidad sancionadora del art. 25.1 CE en su vertiente formal, infracci\u00f3n que es directamente imputable a la falta de cobertura legal del art. 73.1 del Reglamento provisional aplicado en dicha resoluci\u00f3n. Debe declararse, por tanto, la nulidad del acto sancionador y de las resoluciones que lo confirmaron en v\u00eda administrativa y judicial, as\u00ed como la inconstitucionalidad y nulidad del referido precepto reglamentario, interpretado sistem\u00e1ticamente con la disposici\u00f3n transitoria \u00fanica del Real Decreto 49\/2024, de 16 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los centros docentes de la Polic\u00eda Nacional; ello mientras que, atendiendo a los efectos que esta \u00faltima disposici\u00f3n le dota tras su derogaci\u00f3n, no puede descartarse la aplicaci\u00f3n del precepto inconstitucional a situaciones jur\u00eddicas pendientes (vid. STC 39\/2011, FJ1\u00ba).<\/span><\/p>\n

    4. Un recurso de amparo m\u00e1s potenciado<\/b><\/h3>\n

    Esta sentencia marca un antes y un despu\u00e9s en la configuraci\u00f3n del recurso de amparo. Al permitir la anulaci\u00f3n de normas reglamentarias inconstitucionales, el Tribunal Constitucional no solo ofrece una reparaci\u00f3n completa al recurrente, sino que tambi\u00e9n ejerce una funci\u00f3n preventiva, evitando que la misma norma pueda seguir lesionando los derechos fundamentales de otros ciudadanos en el futuro. Se trata, sin duda, de un paso adelante en la consolidaci\u00f3n del Estado de Derecho y en la eficacia del sistema de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales.<\/span><\/p>\n

    El presente art\u00edculo es meramente divulgativo y no supone asesoramiento ni compromiso de actualizaci\u00f3n.<\/span><\/i>
    \n<\/span><\/i> Para m\u00e1s informaci\u00f3n, contacte con info@fernandezadvocats.es<\/span><\/i><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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