{"id":254535,"date":"2026-03-24T10:02:02","date_gmt":"2026-03-24T09:02:02","guid":{"rendered":"https:\/\/fernandezadvocats.es\/?p=254535"},"modified":"2026-03-24T10:11:58","modified_gmt":"2026-03-24T09:11:58","slug":"nulidad-contrato-administrativo-efectos-economicos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fernandezadvocats.es\/es\/nulidad-contrato-administrativo-efectos-economicos\/","title":{"rendered":"La nulidad de los contratos administrativos y sus efectos econ\u00f3micos"},"content":{"rendered":"

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Una reciente Sentencia de la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo ha venido a consolidar y aclarar una cuesti\u00f3n de gran relevancia pr\u00e1ctica en el \u00e1mbito de la contrataci\u00f3n p\u00fablica: cu\u00e1les son las consecuencias econ\u00f3micas cuando un contrato administrativo, despu\u00e9s de a\u00f1os de ejecuci\u00f3n, es declarado nulo por una resoluci\u00f3n judicial. La Sentencia de la Sala Tercera n\u00fam. 1362\/2025, de 28 de octubre (rec. 6091\/2022), resuelve la controversia entre una empresa prestataria de un servicio y el Ayuntamiento que se lo adjudic\u00f3, estableciendo una doctrina clara sobre la imposibilidad de reclamar revisiones de precios bas\u00e1ndose en las cl\u00e1usulas de un contrato inv\u00e1lido.<\/span><\/p>\n

1. Antecedentes del caso que se analiza<\/b><\/h2>\n

El litigio tiene su origen en un contrato para la gesti\u00f3n del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, suscrito en el a\u00f1o 2009 entre la empresa FCC y el Ayuntamiento de Telde. A\u00f1os m\u00e1s tarde, una Sentencia judicial de 2014 anul\u00f3 el acto de adjudicaci\u00f3n del contrato, lo que comport\u00f3, como efecto ineludible, la nulidad sobrevenida del propio contrato.<\/span><\/p>\n

A pesar de esta declaraci\u00f3n de nulidad, la empresa continu\u00f3 prestando el servicio, incluso por imperativo del inter\u00e9s p\u00fablico hasta que una nueva adjudicataria se hizo cargo del servicio en el a\u00f1o 2020. En este contexto, FCC reclam\u00f3 al Ayuntamiento el abono de 668.018,29 euros correspondientes a las revisiones de precios para el per\u00edodo 2012-2017, argumentando que el servicio se hab\u00eda prestado efectivamente y que no abonar dichas cantidades supon\u00eda un enriquecimiento injusto para la Administraci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

El Ayuntamiento, por su parte, sostuvo que, al ser el contrato nulo de pleno derecho, sus cl\u00e1usulas \u2014incluidas las relativas a la revisi\u00f3n de precios\u2014 eran inexistentes y no pod\u00edan desplegar efectos.<\/span><\/p>\n

2. La Doctrina del Tribunal Supremo: nulidad vs. incumplimiento<\/b><\/h2>\n

El Tribunal Supremo desestima el recurso de casaci\u00f3n de FCC y aprovecha para fijar una doctrina jurisprudencial de gran importancia, distinguiendo claramente los efectos de la nulidad contractual de los derivados de un mero incumplimiento. El n\u00facleo de la argumentaci\u00f3n del Supremo se basa en los siguientes puntos:<\/span><\/p>\n

I) Efectos ex tunc de la nulidad<\/b><\/h3>\n

La declaraci\u00f3n de nulidad de un contrato tiene efectos retroactivos (ex tunc), lo que significa que se considera que el v\u00ednculo contractual nunca naci\u00f3 v\u00e1lidamente. En consecuencia, las cl\u00e1usulas que lo conforman, incluida la que regula la revisi\u00f3n de precios, son igualmente inv\u00e1lidas e ineficaces desde el origen.<\/span><\/p>\n

II) La fase de liquidaci\u00f3n como \u00fanico camino<\/b><\/h3>\n

El Tribunal subraya que el mecanismo legal previsto para resolver las consecuencias patrimoniales de un contrato nulo es la fase de liquidaci\u00f3n, tal como establece el art\u00edculo 35 de la Ley 30\/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector P\u00fablico (normativa aplicable ratione temporis). En esta fase, las partes deben restituirse rec\u00edprocamente las prestaciones recibidas. Si la restituci\u00f3n in natura no es posible (como en el caso de un servicio ya prestado), debe devolverse su valor.<\/span><\/p>\n

III) Improcedencia de la aplicaci\u00f3n selectiva de cl\u00e1usulas<\/b><\/h3>\n

La pretensi\u00f3n de la empresa de reclamar la revisi\u00f3n de precios es rechazada porque supondr\u00eda aplicar selectivamente una cl\u00e1usula de un contrato declarado inv\u00e1lido. El Supremo advierte que admitir esta v\u00eda \u201csupondr\u00eda, de facto, mantener los efectos econ\u00f3micos del contrato administrativo (…) al margen de la declaraci\u00f3n de nulidad\u201d. Equiparar\u00eda, parad\u00f3jicamente, los efectos de un contrato nulo a los de un contrato v\u00e1lido.<\/span><\/p>\n

IV) Posibilidad de continuar con el servicio y la ejecuci\u00f3n del contrato, si se ordena por razones de inter\u00e9s p\u00fablico<\/b><\/h3>\n

No obstante, la Sala destaca que se pueden ordenar continuaciones de la ejecuci\u00f3n del contrato declarado nulo, por razones de inter\u00e9s p\u00fablico, pero ello no significa que el contrato mantenga su validez.<\/span><\/p>\n

V) El enriquecimiento injusto y sus l\u00edmites<\/b><\/h3>\n

Si bien el principio de prohibici\u00f3n del enriquecimiento injusto obliga a la Administraci\u00f3n a compensar al contratista por el valor del servicio efectivamente prestado, este principio no puede servir de fundamento para exigir el cumplimiento de obligaciones contractuales espec\u00edficas (como podr\u00edan ser las revisiones de precios) que derivan de un negocio jur\u00eddico inexistente. La obligaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n se limita a abonar el valor de la prestaci\u00f3n recibida, pero no a aplicar mecanismos de c\u00e1lculo previstos en cl\u00e1usulas que han perdido toda fuerza vinculante.<\/span><\/p>\n

3. Implicaciones pr\u00e1cticas de la doctrina abordada por parte del Tribunal Supremo y conclusiones al respecto<\/b><\/h2>\n

Esta sentencia tiene implicaciones directas tanto para las empresas contratistas como para las Administraciones P\u00fablicas. De entrada, deja claro que, ante la nulidad de un contrato, la v\u00eda para cualquier reclamaci\u00f3n econ\u00f3mica no es la exigencia del cumplimiento de las cl\u00e1usulas contractuales, sino instar y participar activamente en el procedimiento de liquidaci\u00f3n del contrato. Sus pretensiones deben centrarse en acreditar el valor de los servicios prestados para obtener la debida restituci\u00f3n, y no en invocar derechos que emanaban del contrato anulado.<\/span><\/p>\n

Por otra parte, refuerza la seguridad jur\u00eddica al establecer que la declaraci\u00f3n de nulidad extingue todas las obligaciones derivadas del contrato. Si bien persiste el deber de compensar para evitar un enriquecimiento injusto, esta compensaci\u00f3n se desvincula de las condiciones pactadas y debe calcularse en el marco de la liquidaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

El Tribunal Supremo, con esta resoluci\u00f3n, traza una l\u00ednea divisoria n\u00edtida entre la invalidez y la resoluci\u00f3n contractual. La nulidad de un contrato p\u00fablico no abre la puerta a una aplicaci\u00f3n parcial o selectiva de sus cl\u00e1usulas, sino que conduce necesariamente a su liquidaci\u00f3n. Cualquier controversia econ\u00f3mica entre las partes debe ser resuelta en este procedimiento, garantizando la restituci\u00f3n rec\u00edproca y evitando que un contrato jur\u00eddicamente inexistente contin\u00fae produciendo efectos como si fuera v\u00e1lido.<\/span><\/p>\n

El presente art\u00edculo es meramente divulgativo y no supone asesoramiento ni compromiso de actualizaci\u00f3n.<\/span><\/i>
\n<\/span><\/i>Para m\u00e1s informaci\u00f3n, contacte con info@fernandezadvocats.es<\/span><\/i><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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