{"id":254594,"date":"2026-04-02T13:41:18","date_gmt":"2026-04-02T11:41:18","guid":{"rendered":"https:\/\/fernandezadvocats.es\/?p=254594"},"modified":"2026-04-02T13:52:32","modified_gmt":"2026-04-02T11:52:32","slug":"nulidad-ordenanza-ibi-barcelona-devolucion-ingresos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fernandezadvocats.es\/es\/nulidad-ordenanza-ibi-barcelona-devolucion-ingresos\/","title":{"rendered":"Nulidad de la ordenanza del IBI y devoluci\u00f3n de ingresos indebidos"},"content":{"rendered":"

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Introducci\u00f3n. El conflicto entre seguridad jur\u00eddica y principio de legalidad<\/span><\/h2>\n

En el n\u00facleo de la controversia suscitada por la aplicaci\u00f3n de un tipo incrementado del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana (IBI) a los garajes por parte del Ayuntamiento de Barcelona, reside una tensi\u00f3n cl\u00e1sica del Derecho Administrativo, como es la colisi\u00f3n entre el principio de seguridad jur\u00eddica, manifestado en la firmeza de los actos administrativos no recurridos en tiempo y forma, y el principio de legalidad, que exige que toda actuaci\u00f3n p\u00fablica tenga una cobertura normativa v\u00e1lida.<\/span><\/p>\n

El caso barcelon\u00e9s sirve como paradigma para analizar c\u00f3mo el ordenamiento jur\u00eddico resuelve esta dicotom\u00eda cuando el fundamento mismo de la actuaci\u00f3n administrativa, como es la Ordenanza fiscal, o m\u00e1s concretamente determinados preceptos de la misma son declarados nulos de pleno derecho.<\/span><\/p>\n

El origen de la controversia. La ilegalidad del art\u00edculo 7.2 de la Ordenanza Fiscal<\/span><\/h2>\n

El Ayuntamiento de Barcelona estableci\u00f3, a trav\u00e9s del art\u00edculo 7.2 y el anexo I de su Ordenanza Fiscal reguladora del IBI, un tipo de gravamen espec\u00edfico incrementado (1%), en lugar del general que actualmente es del 0\u201966%, para los inmuebles urbanos destinados a \u00abgaraje-estacionamiento\u00bb.<\/span><\/p>\n

Esta pr\u00e1ctica establecida tambi\u00e9n por otros Ayuntamientos de todo el Estado, como el de Madrid, fue declarada ilegal por Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 31 de enero del 2023, (Roj: STS 412\/2023), que se pronunci\u00f3 en los siguientes t\u00e9rminos,<\/span><\/p>\n

Por tanto, no es admisible la imposici\u00f3n de tipos diferenciados para usos combinados o de segundo y sucesivos grados distintos de los que figuran en la columna de \u00abusos\u00bb del referido cuadro (la norma 20 del RD 1020\/1993 de 25 de junio contiene el cuadro de coeficientes del valor de las construcciones y recoge 10 usos: residencial, industrial, oficinas, comercial, deportes, espect\u00e1culos, ocio y hosteler\u00eda, sanidad y beneficencia, culturales y religiosos y, finalmente, edificios singulares. Por tanto, la norma 20 no recoge como uso el de \u00abaparcamiento\u00bb, lo que significa que el Ayuntamiento de Barcelona al aplicar el tipo de gravamen diferenciado del 1% a estos inmuebles, est\u00e1 infringiendo el art. 72.4 del TRLHL).<\/span><\/p>\n

Distintos pronunciamientos judiciales posteriores, como han sido las sentencias de la Secci\u00f3n Primera de la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Catalu\u00f1a de 28 de septiembre de 2.023, recurso n\u00fam. 1733\/2023 (ECLI:ES:TSJCAT:2023:8385) y la de 5 de junio de 2.024, recurso n\u00fam. 687\/2024, (ECLI:ES:TSJCAT:2024:4945) han estimado sendas cuestiones de ilegalidad promovidas respectivamente por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo n\u00fameros 3 y 5 de Barcelona respecto de las Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento de Barcelona reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, aplicables a los ejercicios 2021 y 2.022, cuyo art\u00edculo 7 ten\u00eda la misma redacci\u00f3n desde el a\u00f1o 2017, y han llegado a la conclusi\u00f3n de que la creaci\u00f3n de esta categor\u00eda de uso \u00abex novo\u00bb, al margen de la normativa catastral, constitu\u00eda un \u00abmanifiesto desbordamiento de la legalidad\u00bb.<\/span><\/p>\n

A partir de aqu\u00ed se abre para los contribuyentes, seg\u00fan autoriza la propia Ley General Tributaria, la posibilidad de revisar unas liquidaciones firmes, promoviendo su revisi\u00f3n, pues no obstante constituyen actos tributarios dictados en aplicaci\u00f3n de un precepto de la ordenanza fiscal afectado de nulidad radical, que han producido una lesi\u00f3n efectiva con infracci\u00f3n del propio principio de capacidad econ\u00f3mica que constituye un l\u00edmite a la obligaci\u00f3n de contribuir, y tambi\u00e9n del de interdicci\u00f3n de la confiscatoriedad recogido en el propio art\u00edculo 31.1 de la Constituci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Es la necesidad de evitar que permanezca esta infracci\u00f3n lo que debe permitir abrir la v\u00eda de la revisi\u00f3n de aquellos actos tributarios, sin que exista ning\u00fan inter\u00e9s jur\u00eddico de prevalente protecci\u00f3n que se oponga a la misma, y m\u00e1s cuando la seguridad jur\u00eddica lo que debe garantizar es la revocaci\u00f3n de los efectos de los actos que de otra forma perpetuar\u00edan la lesi\u00f3n de principios constitucionalmente protegidos, siempre que se haga dentro de un tiempo ponderado, que en este caso fuera el de los cuatro a\u00f1os dentro de los cuales se debe permitir recuperar lo que ha sido indebidamente pagado.<\/span><\/p>\n

La tesis de la Administraci\u00f3n. La inatacabilidad de los actos firmes<\/span><\/h2>\n

A pesar de que el Ayuntamiento de Barcelona ces\u00f3 en la aplicaci\u00f3n de este tipo incrementado a partir del a\u00f1o 2024, mantiene su negativa a devolver las cuotas ingresadas en exceso durante los ejercicios anteriores no prescritos, ampar\u00e1ndose en la figura de los \u00abactos firmes y consentidos\u00bb.<\/span><\/p>\n

Este argumentario niega pues toda posibilidad de obtener la devoluci\u00f3n de ingresos efectuados en virtud de una liquidaci\u00f3n tributaria firme derivada de una ordenaci\u00f3n reglamentaria posteriormente declarada nula, a trav\u00e9s de un procedimiento de revisi\u00f3n iniciado a instancia del contribuyente interesado.<\/span><\/p>\n

El planteamiento del Ayuntamiento supone obviar si concurre o no causa de devoluci\u00f3n de ingresos indebidos, decisi\u00f3n que dada la firmeza de las liquidaciones, pasa necesariamente por decidir si aquellos actos tributarios firmes son o no recuperables por alguno de los motivos recogidos en el art\u00edculo 219.1 de la Ley General Tributaria.<\/span><\/p>\n

No obstante el art\u00edculo 221.3 de dicha Ley, comporta que solicitada por el contribuyente la devoluci\u00f3n de ingresos indebidos respecto de un acto firme de aplicaci\u00f3n del tributo, obliga a la Administraci\u00f3n a resolver, decisi\u00f3n que pasa necesariamente por determinar si aquellos actos firmes son o no revocables por infringir manifiestamente la Ley, que es lo que aqu\u00ed sucede.<\/span><\/p>\n

La posici\u00f3n municipal se basa en una interpretaci\u00f3n formalista de la firmeza administrativa. Sostiene que las liquidaciones tributarias que no fueron impugnadas dentro de los plazos legales han adquirido firmeza y, por tanto, devienen inatacables. Esta l\u00ednea argumental prioriza la estabilidad de las situaciones jur\u00eddicas y la seguridad jur\u00eddica, considerando que la falta de impugnaci\u00f3n en su momento por parte del contribuyente convalida el acto tributario de liquidaci\u00f3n, independientemente de la legalidad de la norma que le daba cobertura.<\/span><\/p>\n

La prevalencia del principio de legalidad. La eficacia \u201cex tunc\u201d de la nulidad<\/span><\/h2>\n

La doctrina jur\u00eddica y la jurisprudencia m\u00e1s reciente han consolidado una interpretaci\u00f3n que desmonta el argumento municipal, priorizando el principio de legalidad material sobre la firmeza formal, y en este sentido se\u00f1alamos,<\/span><\/p>\n

Primero.-<\/strong> Firmeza no equivale a inmunidad. Como se\u00f1ala la Sentencia n\u00fam. 20\/2026, de 19 de enero de 2.026, de la Secci\u00f3n Contenciosa del Tribunal de Instancia de Barcelona, \u00abfirmeza no equivale a inmunidad frente a la revisi\u00f3n\u00bb. La firmeza de un acto es, precisamente, el presupuesto para la incoaci\u00f3n de los procedimientos especiales de revisi\u00f3n regulados en los art\u00edculos 216 a 219 de la Ley General Tributaria (LGT). Sostener lo contrario supondr\u00eda vaciar de contenido dichos preceptos, dise\u00f1ados precisamente para corregir vicios de grave entidad en actos que ya no son susceptibles de recurso ordinario. Ya la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalu\u00f1a n\u00ba 607\/2016, de 9 de junio de 2016 apuntaba esta idea al se\u00f1alar que, si un ingreso indebido deriva de un acto firme, su devoluci\u00f3n no puede obtenerse por el procedimiento ordinario, sino que debe canalizarse a trav\u00e9s de los procedimientos especiales de revisi\u00f3n, lo que fue confirmado por las Sentencias del mismo Tribunal de 8 de septiembre de 2023 y 5 de junio de 2024.<\/span><\/p>\n

Segundo.-<\/strong> La propagaci\u00f3n de la nulidad de la norma al acto de aplicaci\u00f3n. La declaraci\u00f3n de nulidad de una disposici\u00f3n general, como una ordenanza fiscal, tiene efectos ex tunc, es decir, retroactivos a su entrada en vigor. Como recuerda la sentencia del Tribunal Supremo 614\/2024, de 11 de abril, a diferencia de la derogaci\u00f3n que solo tiene efectos hacia el futuro, la nulidad implica que la norma nunca existi\u00f3 v\u00e1lidamente en el ordenamiento jur\u00eddico. En consecuencia, los actos administrativos dictados en aplicaci\u00f3n de esta norma nacen con un vicio de invalidez estructural. El elemento que legitima un acto no es su firmeza, sino \u00absu fundamento en una norma que le d\u00e9 cobertura jur\u00eddica\u00bb. Si esta cobertura es declarada nula, el vicio se extiende al acto de aplicaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Recordemos que de la Ordenanza Fiscal n\u00fam. 1.1 del Ayuntamiento de Barcelona en las sucesivas versiones desde el a\u00f1o 2.017, aunque incluyan alguna modificaci\u00f3n y se publique cada a\u00f1o, no desvirt\u00faa que la infracci\u00f3n legal que justifica la nulidad \u201ces la misma desde su primigenia incorporaci\u00f3n al texto de la Ordenanza\u201d, y por tanto desde una misma regulaci\u00f3n que se encuentra afectada de la misma causa de ilegalidad y nulidad.<\/span><\/p>\n

Tercero.-<\/strong> Los mecanismos de revisi\u00f3n de actos nulos. La LGT ofrece v\u00edas espec\u00edficas para estos supuestos. La Sentencia n\u00fam. 20\/2026 antes mencionada identifica claramente las causas de nulidad de pleno derecho del art\u00edculo 217.1 de la LGT aplicables al caso:<\/span><\/p>\n

    \n
  • Art\u00edculo 217.1.e) LGT:<\/strong> Se ha prescindido materialmente del procedimiento legalmente establecido, ya que exigir un tributo sin un tipo impositivo v\u00e1lido supone ignorar el n\u00facleo del principio de legalidad tributaria.<\/span><\/li>\n
  • Art\u00edculo 217.1.f) LGT:<\/strong> El Ayuntamiento obtuvo ingresos tributarios sin el requisito esencial de habilitaci\u00f3n legal, lo que constituye una adquisici\u00f3n patrimonial sin causa jur\u00eddica v\u00e1lida, asimilable a un enriquecimiento injusto.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

    Esta interpretaci\u00f3n ha sido decisivamente reforzada por las sentencias del Tribunal Supremo n\u00fam. 279 de 4 de marzo de 2022 y n\u00fam. 339\/2024, de 28 de febrero, que establecen que \u00abresulta posible acordar la revisi\u00f3n de oficio por nulidad respecto de liquidaciones tributarias firmes\u00bb.<\/span><\/p>\n

    \u2026\u201cEn el supuesto que contemplamos, ya se ha dicho, el interesado ha ejercitado la acci\u00f3n de devoluci\u00f3n de ingresos indebidos. No hay duda que en estos casos, la norma aplicable reconoce a los interesados la facultad de accionar la misma \u00aba instancia del interesado\u00bb, y ante un acto firme \u00abinstando o promoviendo la revisi\u00f3n del acto\u00bb, en este caso, mediante la revocaci\u00f3n. En el procedimiento de devoluci\u00f3n de ingresos indebidos, en el que se inserta el art. 221.3, la revocaci\u00f3n posee car\u00e1cter instrumental\u201d.<\/span><\/p>\n

    La responsabilidad patrimonial como v\u00eda alternativa<\/span><\/h2>\n

    Adicionalmente, puede plantearse una v\u00eda alternativa o complementaria, como es la acci\u00f3n de responsabilidad patrimonial de la Administraci\u00f3n. La decisi\u00f3n municipal de crear una categor\u00eda de inmuebles al margen de la normativa catastral para aplicar un tipo incrementado constituye un \u00abfuncionamiento anormal\u00bb de la Administraci\u00f3n en el ejercicio de su potestad reglamentaria. Este funcionamiento ha generado un da\u00f1o antijur\u00eddico y econ\u00f3micamente evaluable a los contribuyentes, que no ten\u00edan el deber de soportarlo. Esta v\u00eda permite reclamar una indemnizaci\u00f3n por los perjuicios sufridos, incluso en supuestos en los que los actos hubieran sido confirmados por sentencia judicial firme, superando el obst\u00e1culo de la cosa juzgada.<\/span><\/p>\n

    Conclusi\u00f3n<\/span><\/h2>\n

    El an\u00e1lisis doctrinal y jurisprudencial evidencia que la argumentaci\u00f3n del Ayuntamiento de Barcelona sobre la inatacabilidad de los \u00abactos firmes y consentidos\u00bb no puede prevalecer ante una vulneraci\u00f3n tan flagrante del principio de legalidad tributaria. La nulidad de pleno derecho de la ordenanza fiscal contamina de origen las liquidaciones practicadas bajo su vigencia, convirtiendo los pagos realizados en ingresos indebidos.<\/span><\/p>\n

    La jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo ha consolidado las v\u00edas de revisi\u00f3n de oficio o a instancia de parte previstas en la LGT como el mecanismo adecuado para restaurar la legalidad y garantizar el derecho de los contribuyentes a la devoluci\u00f3n de las cantidades ileg\u00edtimamente exigidas, dentro del plazo de prescripci\u00f3n de cuatro a\u00f1os. La seguridad jur\u00eddica no puede amparar el enriquecimiento injusto de la Administraci\u00f3n ni perpetuar los efectos de actos dictados sin una cobertura legal v\u00e1lida.<\/span><\/p>\n

    El presente art\u00edculo es meramente divulgativo y no supone asesoramiento ni compromiso de actualizaci\u00f3n.<\/span><\/i>
    \n<\/span><\/i>Para m\u00e1s informaci\u00f3n o asesoramiento, contacte con info@fernandezadvocats.es<\/span><\/i><\/p>\n

    <\/h2>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    DESCARGAR ART\u00cdCULO COMPLETO EN PDF. Introducci\u00f3n. El conflicto entre seguridad jur\u00eddica y principio de legalidad En el n\u00facleo de la controversia suscitada por la aplicaci\u00f3n de un tipo incrementado del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana (IBI) a los garajes por parte del Ayuntamiento de Barcelona, reside una tensi\u00f3n cl\u00e1sica del Derecho Administrativo, como […]<\/p>\n","protected":false},"author":19,"featured_media":254592,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[28,131,55],"tags":[],"class_list":["post-254594","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-articulos-fa","category-derecho-administrativo","category-sentencia-2"],"yoast_head":"\nNulidad de la ordenanza del IBI y devoluci\u00f3n de ingresos indebidos | Fern\u00e1ndez Advocats<\/title>\n<meta name=\"description\" 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