{"id":254639,"date":"2026-04-16T11:05:47","date_gmt":"2026-04-16T09:05:47","guid":{"rendered":"https:\/\/fernandezadvocats.es\/?p=254639"},"modified":"2026-04-16T12:37:15","modified_gmt":"2026-04-16T10:37:15","slug":"allanamiento-territorialidad-contratacion-publica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fernandezadvocats.es\/es\/allanamiento-territorialidad-contratacion-publica\/","title":{"rendered":"An\u00e1lisis de la Resoluci\u00f3n TCCSP n\u00ba 459\/2025 de 28 de noviembre: Cl\u00e1usula de territorialidad y allanamiento en el Recurso Especial de Contrataci\u00f3n"},"content":{"rendered":"

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La reciente Resoluci\u00f3n n\u00fam. 459\/2025 del Tribunal Catal\u00e1n de Contratos del Sector P\u00fablico (TCCSP) ofrece un an\u00e1lisis detallado de diversas cuestiones recurrentes en la impugnaci\u00f3n de las licitaciones, como la divisi\u00f3n en lotes o los requisitos t\u00e9cnicos. No obstante, hay dos aspectos merecen una atenci\u00f3n especial por su relevancia pr\u00e1ctica en impugnaciones de pliegos y licitaciones de contratos del sector p\u00fablico: el tratamiento de las cl\u00e1usulas de arraigo territorial y, sobre todo, los efectos jur\u00eddicos del aplanamiento del \u00f3rgano de contrataci\u00f3n a las pretensiones del recurrente.<\/span><\/p>\n

A menudo y en la pr\u00e1ctica, muchas Administraciones P\u00fablicas son bastante reticentes al uso de esta facultad, y al no valorarlo, se contribuye al retraso en la tramitaci\u00f3n del expediente de contrataci\u00f3n. Sin embargo, es una facultad interesante, sobre todo cuando hay licitadores que apuntan cuestiones con poco debate jur\u00eddico o t\u00e9cnico al respecto, o incluso de cara a la subsanaci\u00f3n de errores conceptuales.<\/span><\/p>\n

Contexto del recurso<\/b><\/h2>\n

El caso surge del recurso interpuesto por una empresa interesada en los pliegos del contrato de servicio local de teleasistencia de la Diputaci\u00f3n de Barcelona. La impugnaci\u00f3n se basaba en cuatro motivos principales:\u00a0<\/span><\/p>\n

a) La falta de divisi\u00f3n en lotes del contrato;\u00a0<\/span><\/p>\n

b) La exigencia que el centro de atenci\u00f3n de soporte estuviera ubicado en Catalu\u00f1a;\u00a0<\/span><\/p>\n

c) Una determinaci\u00f3n presuntamente err\u00f3nea del presupuesto base de licitaci\u00f3n (PBL);\u00a0<\/span><\/p>\n

d) La imposici\u00f3n de requisitos t\u00e9cnicos que, seg\u00fan la recurrente, restring\u00edan la concurrencia.<\/span><\/p>\n

Si bien el Tribunal analiza y resuelve cada uno de estos puntos, nos centraremos en el segundo motivo y su resoluci\u00f3n a trav\u00e9s de la figura del aplanamiento, dos cuestiones que presentan su inter\u00e9s y que la Resoluci\u00f3n permite comentar.<\/span><\/p>\n

La cl\u00e1usula de territorialidad: justificaci\u00f3n y l\u00edmites<\/b><\/h2>\n

El pliego de prescripciones t\u00e9cnicas (PPT) exig\u00eda, en su apartado 5.2.1.7, que la empresa contratada dispusiera de un \u00abcentro de atenci\u00f3n de soporte\u00bb ubicado en Catalu\u00f1a. La Empresa recurrente-licitadora impugn\u00f3 este requisito por considerarlo una cl\u00e1usula de arraigo territorial prohibida, argumentando que no estaba justificada ni era proporcionada, ya que el servicio de soporte se presta de manera telem\u00e1tica y no requiere una ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica concreta.<\/span><\/p>\n

La respuesta de la Diputaci\u00f3n de Barcelona es el punto clave de esta controversia. En su informe, el \u00f3rgano de contrataci\u00f3n \u00abacepta y enmienda la ubicaci\u00f3n territorial del centro de atenci\u00f3n de soporte en Catalu\u00f1a que considera un error de transcripci\u00f3n\u00bb. Es decir, se aplana a la pretensi\u00f3n de la recurrente.<\/span><\/p>\n

No obstante, la Diputaci\u00f3n a\u00f1ade que su intenci\u00f3n era exigir que el centro de atenci\u00f3n principal (y no el de soporte) estuviera en Catalu\u00f1a, justific\u00e1ndolo por la necesidad de conocimiento del territorio, la cooficialidad ling\u00fc\u00edstica y la gesti\u00f3n de recursos humanos.<\/span><\/p>\n

Las cl\u00e1usulas de prohibici\u00f3n de arraigo territorial, si bien son improcedentes en t\u00e9rminos generales, han sido tambi\u00e9n matizadas. Por ejemplo, en la Sentencia n\u00ba 1447\/2021 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo se establece una doctrina clave: en contratos con un objeto espec\u00edfico, como la gesti\u00f3n de residuos, el principio de proximidad puede justificar un criterio de valoraci\u00f3n donde se premie la proximidad geogr\u00e1fica. Esta excepci\u00f3n se fundamenta en una raz\u00f3n imperiosa de inter\u00e9s general (la protecci\u00f3n del medio ambiente y la salud p\u00fablica) que est\u00e1 recogida en la normativa sectorial, tanto europea como nacional.<\/span><\/p>\n

Por ejemplo, la Resoluci\u00f3n n\u00ba 378\/2023 del TACP de Madrid aplicaba directamente esta doctrina, considerando que una ponderaci\u00f3n de 15 puntos sobre 100 por disponer de una planta en la regi\u00f3n es una medida proporcionada y no excluyente, validando as\u00ed el mencionado criterio. Por el contrario, la Resoluci\u00f3n n\u00ba 109\/2024 del TACP de Madrid criticaba el uso de este tipo de cl\u00e1usulas de manera contundente cuando se emplean para colocar a determinados licitadores en una posici\u00f3n de ventaja por encima de otros, ya sea como criterio de solvencia para concurrir, o para que exista una puntuaci\u00f3n \u201cde salida\u201d superior, si no se tiene en cuenta el objeto del contrato.<\/span><\/p>\n

En estos t\u00e9rminos, la Resoluci\u00f3n n\u00ba 910\/2025 de 19 de junio del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) abordaba hace unos meses la cuesti\u00f3n, recordando la jurisprudencia del TJUE, entendiendo que no pueden considerarse discriminatorias de manera autom\u00e1tica, sino que hay que prestar atenci\u00f3n al objeto y finalidad del contrato, y establece tambi\u00e9n el principio de proporcionalidad a la hora de que no vaya m\u00e1s all\u00e1 de lo necesario para alcanzar el objetivo leg\u00edtimo que puede perseguir el hecho de establecer un arraigo territorial.<\/span><\/p>\n

La legalidad de estas cl\u00e1usulas depende, fundamentalmente, de: <\/span><\/p>\n

i) El objeto del contrato y si existe una normativa sectorial que ampare el criterio de proximidad.<\/span><\/p>\n

ii) Una justificaci\u00f3n suficiente en el expediente.<\/span><\/p>\n

iii) Una ponderaci\u00f3n proporcionada que no restrinja la concurrencia de manera injustificada.<\/span><\/p>\n

Esto contrasta con el caso de la teleasistencia de la Diputaci\u00f3n de Barcelona, donde la naturaleza telem\u00e1tica del servicio hac\u00eda dif\u00edcil justificar un requisito de proximidad f\u00edsica, motivo por el cual el \u00f3rgano de contrataci\u00f3n se aplan\u00f3.<\/span><\/p>\n

El Tribunal, ante esta situaci\u00f3n, adopta una decisi\u00f3n impecable, pues:\u00a0<\/span><\/p>\n

A) Acepta el aplanamiento: al reconocer el \u00f3rgano de contrataci\u00f3n que el requisito impugnado era un error, el Tribunal estima el recurso en este punto.\u00a0<\/span><\/p>\n

B) No prejuzga la futura modificaci\u00f3n: el TCCSP se niega a valorar la idoneidad de la propuesta de la Diputaci\u00f3n de aplicar el requisito al centro principal. Advierte que esto no es una simple correcci\u00f3n de error material, sino una modificaci\u00f3n sustancial del pliego que, si se quisiera llevar a cabo, deber\u00eda seguir los tr\u00e1mites legales pertinentes (como ser\u00eda la retroacci\u00f3n de actuaciones seg\u00fan el art\u00edculo 124 de la LCSP) y, adem\u00e1s, deber\u00eda justificarse materialmente respetando la doctrina consolidada sobre las cl\u00e1usulas de territorialidad (como la Sentencia del TJUE en el asunto C-234\/03, caso Contse).<\/span><\/p>\n

La Instituci\u00f3n del aplanamiento y sus efectos en el recurso especial en materia de contrataci\u00f3n<\/b><\/h2>\n

El aplanamiento es el acto procesal por el cual la parte demandada (en este caso, el \u00f3rgano de contrataci\u00f3n) reconoce la legitimidad de las pretensiones de la parte demandante (la recurrente). La Resoluci\u00f3n n\u00ba 459\/2025 es muy clara sobre sus efectos, una doctrina que se ve reforzada por la Resoluci\u00f3n n\u00fam. 485\/2025 del mismo Tribunal, dictada unos d\u00edas despu\u00e9s en relaci\u00f3n a otro caso.<\/span><\/p>\n

Ambos pronunciamientos establecen una regla consistente. El aplanamiento del \u00f3rgano de contrataci\u00f3n debe conducir a la estimaci\u00f3n del recurso en el motivo correspondiente, siempre que la pretensi\u00f3n aceptada no se aprecie manifiestamente contraria al ordenamiento jur\u00eddico.<\/span><\/p>\n

Esta doctrina, que el Tribunal basa en la aplicaci\u00f3n integradora del art\u00edculo 75 de la Ley 29\/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa (LJCA), tiene implicaciones fundamentales:<\/span><\/p>\n

    \n
  • El aplanamiento evita que el Tribunal deba entrar a valorar el fondo de la controversia sobre aquel punto concreto. Si la Administraci\u00f3n reconoce el error, no hace falta un debate contradictorio.<\/span><\/li>\n
  • El aplanamiento no es absoluto. El Tribunal se reserva una potestad de control de legalidad final para preservar el inter\u00e9s p\u00fablico. Si la consecuencia de aceptar el aplanamiento fuera una decisi\u00f3n ilegal (por ejemplo, si vulnerara principios esenciales de la contrataci\u00f3n p\u00fablica o derechos de terceros), el Tribunal no estar\u00eda vinculado por este.<\/span><\/li>\n
  • Aunque el recurso especial protege el inter\u00e9s p\u00fablico, se admite que la Administraci\u00f3n pueda disponer de su posici\u00f3n procesal, reconociendo un error y facilitando una resoluci\u00f3n m\u00e1s \u00e1gil del conflicto generado.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

    La Resoluci\u00f3n TCCSP n\u00ba 485\/2025 lo ejemplifica perfectamente en un caso de adjudicaci\u00f3n. La recurrente impugna la valoraci\u00f3n de un criterio t\u00e9cnico de la adjudicataria. El \u00f3rgano de contrataci\u00f3n, tras revisar la oferta, se aplana a la pretensi\u00f3n. El Tribunal, constatando que el aplanamiento \u00abno se aprecia contrario al ordenamiento jur\u00eddico\u00bb, estima el recurso y anula la adjudicaci\u00f3n, ordenando la retroacci\u00f3n de las actuaciones al momento anterior a la valoraci\u00f3n de las ofertas.<\/span><\/p>\n

    Conclusiones<\/b><\/h2>\n

    La Resoluci\u00f3n TCCSP de 28 de noviembre de 2025 nos deja dos ense\u00f1anzas de inter\u00e9s para la pr\u00e1ctica en la impugnaci\u00f3n de las licitaciones: <\/span><\/p>\n

    i) En cuanto a la territorialidad, confirma que cualquier requisito de arraigo debe estar s\u00f3lidamente justificado, ser proporcional y estar directamente vinculado a la correcta ejecuci\u00f3n del objeto del contrato. Un simple error de transcripci\u00f3n no permite sustituir un requisito ilegal por otro diferente sin seguir los procedimientos de modificaci\u00f3n de pliegos. <\/span><\/p>\n

    ii) Respecto al aplanamiento, consolida la doctrina de que este acto de la Administraci\u00f3n conduce, como regla general, a la estimaci\u00f3n del recurso en el punto aceptado. El Tribunal mantiene un rol de garante de la legalidad, pero solo actuar\u00e1 en contra del aplanamiento si la soluci\u00f3n resultante es manifiestamente ilegal. El aplanamiento, por tanto, se convierte en una figura procesal que resulta una herramienta eficaz para la correcci\u00f3n de errores y la resoluci\u00f3n de conflictos, evitando dilaciones innecesarias cuando la propia Administraci\u00f3n reconoce la raz\u00f3n del impugnante.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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