{"id":254722,"date":"2026-05-07T10:58:51","date_gmt":"2026-05-07T08:58:51","guid":{"rendered":"https:\/\/fernandezadvocats.es\/?p=254722"},"modified":"2026-05-07T11:05:59","modified_gmt":"2026-05-07T09:05:59","slug":"movilidad-docente-discapacidad-tjue-2026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fernandezadvocats.es\/es\/movilidad-docente-discapacidad-tjue-2026\/","title":{"rendered":"Movilidad del personal docente y derechos de las personas con discapacidad (STJUE de 12 de marzo de 2026, C-597\/24)"},"content":{"rendered":"

DESCARGAR ART\u00cdCULO COMPLETO EN PDF.<\/strong> <\/a><\/p>\n

Una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea (TJUE), de 12 de marzo de 2026, ha aportado luz sobre la compatibilidad de los sistemas de movilidad del personal del sector p\u00fablico con la normativa europea sobre igualdad de trato, especialmente en relaci\u00f3n con los trabajadores con discapacidad. El caso, que enfrentaba a una profesora italiana con el Ministerio de Educaci\u00f3n, aclara conceptos clave como los \u201cajustes razonables\u201d y la \u201cdiscriminaci\u00f3n indirecta\u201d, y establece criterios importantes para todas las administraciones p\u00fablicas.<\/span><\/p>\n

1. Antecedentes del caso: la movilidad interprovincial en cuesti\u00f3n<\/b><\/h3>\n

El litigio se origin\u00f3 cuando a C.M., una profesora con una discapacidad reconocida superior al 70 %, se le deneg\u00f3 la solicitud de traslado a otra provincia (movilidad interprovincial). La normativa italiana, reflejada en el Convenio Colectivo Nacional del sector, otorgaba prioridad absoluta a las solicitudes de traslado dentro de la misma provincia (movilidad intraprovincial). En la pr\u00e1ctica, esto significaba que las plazas vacantes en la provincia de destino se agotaban antes de que se examinaran las solicitudes de profesores de otras provincias, dejando sin efecto la prioridad que la ley reconoc\u00eda a C.M. por su discapacidad.<\/span><\/p>\n

El Tribunal Supremo de Casaci\u00f3n de Italia elev\u00f3 dos cuestiones prejudiciales al TJUE para determinar si este sistema era compatible con la Directiva 2000\/78\/CE, relativa a la igualdad de trato en el empleo.<\/span><\/p>\n

2. El an\u00e1lisis del TJUE: ajustes razonables vs discriminaci\u00f3n<\/b><\/h3>\n

El Tribunal de Justicia analiz\u00f3 el caso desde dos perspectivas principales:<\/span><\/p>\n

i) El sistema de prioridad no constituye un \u201cajuste razonable\u201d<\/b><\/h4>\n

El TJUE determin\u00f3 que el concepto de ajustes razonables del art\u00edculo 5 de la Directiva 2000\/78\/CE hace referencia a medidas \u201cadecuadas, en funci\u00f3n de las necesidades de cada situaci\u00f3n concreta\u201d. Es decir, deben ser soluciones individualizadas para eliminar las barreras que una persona con discapacidad encuentra en su entorno laboral.<\/span><\/p>\n

La normativa italiana, en cambio, establec\u00eda una medida de <\/span>car\u00e1cter general y abstracto<\/b>: conced\u00eda una prioridad autom\u00e1tica basada en una categor\u00eda de discapacidad (porcentaje de invalidez), sin evaluar las necesidades particulares de la persona afectada. Por tanto, el TJUE concluy\u00f3 que este sistema de prioridad no entra dentro del concepto de ajustes razonables. Como consecuencia, la Directiva no se opone a una normativa nacional de este tipo, ya que simplemente no est\u00e1 regulando esta situaci\u00f3n concreta.<\/span><\/p>\n

ii) No se aprecia discriminaci\u00f3n indirecta respecto a los trabajadores sin discapacidad<\/b><\/h4>\n

La segunda cuesti\u00f3n analizaba si la norma, aun siendo aparentemente neutra, pod\u00eda ocasionar una desventaja particular a las personas con discapacidad (discriminaci\u00f3n indirecta).<\/span><\/p>\n

El Tribunal razon\u00f3 que, para apreciar discriminaci\u00f3n, es necesario comparar la situaci\u00f3n de los trabajadores con discapacidad con la de los trabajadores sin discapacidad. En este caso, concluy\u00f3 que la profesora C.M. no sufr\u00eda una desventaja, sino que se encontraba en una situaci\u00f3n m\u00e1s ventajosa que un profesor sin discapacidad, ya que ella disfrutaba de una prioridad (aunque fuera \u201crelativa\u201d) de la que los dem\u00e1s carec\u00edan.<\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, el perjuicio derivado de la prioridad intraprovincial afectaba por igual a todos los profesores que solicitaban un traslado interprovincial, tuvieran o no una discapacidad.<\/span><\/p>\n

Por tanto, no pod\u00eda considerarse que la norma estableciera una diferencia de trato basada indirectamente en la discapacidad.<\/span><\/p>\n

3. Implicaciones para el sector p\u00fablico<\/b><\/h3>\n

Esta Sentencia tiene implicaciones relevantes para la gesti\u00f3n de la movilidad y los derechos de los empleados p\u00fablicos con discapacidad:<\/span><\/p>\n

1. Distinci\u00f3n entre medidas generales y ajustes individuales<\/b><\/h4>\n

Las administraciones p\u00fablicas pueden establecer normas generales de movilidad que otorguen ciertas prioridades, pero estas no sustituyen la obligaci\u00f3n de realizar ajustes razonables individualizados cuando un trabajador con discapacidad lo necesite para garantizar su plena participaci\u00f3n profesional. Son dos obligaciones diferentes y complementarias.<\/span><\/p>\n

Aplicando lo anterior al caso interno espa\u00f1ol, las administraciones p\u00fablicas espa\u00f1olas no pueden considerar que cumplen con su obligaci\u00f3n de realizar ajustes razonables simplemente porque tengan establecidos sistemas de prioridad en la movilidad o cumplan con la cuota de reserva que se determine.<\/span><\/p>\n

Son dos obligaciones diferentes y complementarias. Por ejemplo, un funcionario con movilidad reducida podr\u00eda necesitar, adem\u00e1s de prioridad en un traslado, la adaptaci\u00f3n de su puesto de trabajo, y la administraci\u00f3n tiene la obligaci\u00f3n de evaluar y, en su caso, implementar esta adaptaci\u00f3n de manera individualizada.<\/span><\/p>\n

2. La carga de la prueba en la discriminaci\u00f3n<\/b><\/h4>\n

La sentencia europea refuerza la idea de que, para demostrar una discriminaci\u00f3n indirecta, es necesario probar que una norma aparentemente neutra afecta negativamente y de manera desproporcionada al colectivo protegido (personas con discapacidad) en comparaci\u00f3n con el resto. Un sistema que perjudica de manera general a un grupo amplio de solicitantes (todos los que solicitan traslado interprovincial) no es necesariamente discriminatorio.<\/span><\/p>\n

Esta interpretaci\u00f3n eleva el umbral para acreditar una discriminaci\u00f3n indirecta en este \u00e1mbito. Un empleado p\u00fablico que alegue discriminaci\u00f3n en un proceso de movilidad deber\u00e1 demostrar que la norma, aparentemente neutra, le ocasiona una \u201cdesventaja particular\u201d en comparaci\u00f3n con sus compa\u00f1eros sin discapacidad.<\/span><\/p>\n

No bastar\u00e1 con argumentar que el sistema limita sus opciones de traslado si esta limitaci\u00f3n afecta de manera similar al resto de participantes. Esto refuerza la seguridad jur\u00eddica de los sistemas de movilidad que, como en el caso analizado, establecen fases o prioridades territoriales por razones organizativas leg\u00edtimas.<\/span><\/p>\n

3. Un aviso importante sobre la posible discriminaci\u00f3n entre personas con discapacidad<\/b><\/h4>\n

Aunque el TJUE no pudo pronunciarse por falta de informaci\u00f3n, dej\u00f3 abierta la puerta a una cuesti\u00f3n crucial. Se\u00f1al\u00f3 que la normativa italiana s\u00ed establec\u00eda una diferencia de trato entre diferentes categor\u00edas de personas con discapacidad (prioridad absoluta para invidentes o personas en hemodi\u00e1lisis, y relativa para otras). Esto podr\u00eda constituir una discriminaci\u00f3n directa si no estuviera objetivamente justificada.<\/span><\/p>\n

Las administraciones deben ser, por tanto, muy cuidadosas a la hora de crear diferentes niveles de protecci\u00f3n entre personas con discapacidad, asegurando que cualquier distinci\u00f3n responda a finalidades leg\u00edtimas y proporcionadas.<\/span><\/p>\n

Esta es una llamada de atenci\u00f3n no solo a Italia, sino que interpela a las Administraciones P\u00fablicas de toda la UE, incluidas las administraciones espa\u00f1olas. Muchas normativas auton\u00f3micas y estatales sobre funci\u00f3n p\u00fablica establecen diferentes niveles de protecci\u00f3n o prioridad bas\u00e1ndose en el grado o el tipo de discapacidad.<\/span><\/p>\n

La sentencia recuerda que, aunque estas distinciones son posibles, de existir, deben estar objetiva y razonablemente justificadas. No es suficiente basarse \u00fanicamente en la categor\u00eda de la discapacidad; la administraci\u00f3n debe poder argumentar por qu\u00e9 una determinada condici\u00f3n merece un nivel de protecci\u00f3n superior a otra en un contexto espec\u00edfico como la movilidad.<\/span><\/p>\n

Esto obliga a una revisi\u00f3n y fundamentaci\u00f3n m\u00e1s rigurosa de los criterios utilizados en los baremos de los concursos de traslados y otros procedimientos de provisi\u00f3n.<\/span><\/p>\n

4. Conclusiones<\/b><\/h3>\n

En definitiva, la sentencia del TJUE avala los sistemas de movilidad del personal que priorizan los traslados internos por razones organizativas, siempre que no generen una discriminaci\u00f3n indirecta. Sin embargo, recuerda a las administraciones p\u00fablicas de toda Europa su doble obligaci\u00f3n: mantener medidas generales de acci\u00f3n positiva y, al mismo tiempo, garantizar ajustes razonables individualizados.<\/span><\/p>\n

Finalmente, introduce una nueva exigencia de cautela y justificaci\u00f3n en el tratamiento diferenciado entre trabajadores con diferentes tipos o grados de discapacidad, un aspecto que requerir\u00e1 un an\u00e1lisis detallado de la normativa vigente en materia de funci\u00f3n p\u00fablica.<\/span><\/p>\n

El presente art\u00edculo es meramente divulgativo y no supone asesoramiento ni compromiso de actualizaci\u00f3n.<\/span><\/i>
\n<\/span><\/i> Para m\u00e1s informaci\u00f3n, contacte con info@fernandezadvocats.<\/span><\/i><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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