{"id":254923,"date":"2026-06-16T13:54:08","date_gmt":"2026-06-16T11:54:08","guid":{"rendered":"https:\/\/fernandezadvocats.es\/?p=254923"},"modified":"2026-06-16T13:57:07","modified_gmt":"2026-06-16T11:57:07","slug":"multa-temeridad-recursos-contratacion-publica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fernandezadvocats.es\/es\/multa-temeridad-recursos-contratacion-publica\/","title":{"rendered":"La multa por temeridad en recursos especiales de contrataci\u00f3n p\u00fablica: \u00bfcu\u00e1ndo un recurso puede salir caro?"},"content":{"rendered":"

DESCARGAR ART\u00cdCULO COMPLETO EN PDF.<\/strong> <\/a><\/p>\n

El recurso especial en materia de contrataci\u00f3n es una herramienta fundamental para garantizar la legalidad, la transparencia y la igualdad de trato en los procedimientos de licitaci\u00f3n p\u00fablica. Permite a los licitadores y a los leg\u00edtimamente interesados en el expediente de contrataci\u00f3n poder impugnar de manera especializada, \u00e1gil y gratuita aquellos actos que consideren contrarios a Derecho. No obstante, un uso indebido de este mecanismo puede tener consecuencias: la imposici\u00f3n de una multa por temeridad o mala fe.<\/span><\/p>\n

1. Finalidad del Recurso Especial y el riesgo de un uso abusivo<\/b><\/h2>\n

La finalidad principal del recurso especial es ofrecer una v\u00eda de revisi\u00f3n r\u00e1pida y eficaz para corregir posibles arbitrariedades o tratos discriminatorios en un procedimiento de contrataci\u00f3n. Sin embargo, su interposici\u00f3n contra el acto de adjudicaci\u00f3n comporta la suspensi\u00f3n autom\u00e1tica del procedimiento, un efecto que, lamentablemente, puede ser utilizado de manera abusiva por licitadores que \u00fanicamente buscan dilatar el proceso en beneficio propio.<\/span><\/p>\n

Con el fin de tratar de combatir estas pr\u00e1cticas, la Ley de Contratos del Sector P\u00fablico (LCSP) prev\u00e9, en su art\u00edculo 58.2, la posibilidad de imponer multas cuando se aprecie temeridad o mala fe. El objetivo, tal como ha se\u00f1alado la jurisprudencia, es \u201cevitar que este derecho al recurso especial no se utilice de manera abusiva con la finalidad de dilatar el procedimiento de contrataci\u00f3n\u201d.<\/span><\/p>\n

2. La concepci\u00f3n de la multa por temeridad o mala fe<\/b><\/h2>\n

El art\u00edculo 58.2 de la LCSP establece que el \u00f3rgano competente para resolver el recurso puede imponer una multa de entre 1.000 y 30.000 euros si aprecia temeridad o mala fe en su interposici\u00f3n. La cuant\u00eda se determina en funci\u00f3n de la mala fe, el perjuicio causado al \u00f3rgano de contrataci\u00f3n y a los dem\u00e1s licitadores, y los beneficios obtenidos por el recurrente.<\/span><\/p>\n

Es crucial distinguir entre ambos conceptos, tal como hace la Resoluci\u00f3n n\u00ba 450\/2025 de 19 de noviembre del Tribunal Catal\u00e1n de Contratos del Sector P\u00fablico (TCCSP) dictada en el recurso n\u00ba N-2025-0578, y que concluye las siguientes consideraciones:<\/span><\/p>\n

    \n
  • Temeridad:<\/b> Tiene un car\u00e1cter objetivo. Se produce cuando el recurso \u201ccarece de un contenido serio\u201d o cuando \u201ces clara la falta de fundamento en la cuesti\u00f3n que se suscita\u201d. Equivale a una conducta procesal sin un fundamento defendible en derecho.<\/span><\/li>\n
  • Mala fe:<\/b> Tiene una proyecci\u00f3n eminentemente subjetiva. Se aplica a quien es \u201cconsciente de su falta de raz\u00f3n procesal\u201d, es decir, quien interpone el recurso sabiendo que no tiene raz\u00f3n.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

    3. \u00bfCu\u00e1ndo se aprecia temeridad? Un caso pr\u00e1ctico recientemente resuelto por el TCCSP<\/b><\/h2>\n

    La mencionada Resoluci\u00f3n n\u00ba 450\/2025 del TCCSP ofrece un ejemplo claro de las circunstancias que pueden llevar a la imposici\u00f3n de una multa. En este caso, relativo a una licitaci\u00f3n para un contrato de servicios de hemodi\u00e1lisis, el Tribunal impuso una multa de 5.300 euros a la entidad recurrente al apreciar temeridad, bas\u00e1ndose en los siguientes hechos:<\/span><\/p>\n

      \n
    1. i) <\/span>Reiteraci\u00f3n:<\/b> Era la segunda vez que la misma entidad impugnaba la licitaci\u00f3n.<\/span><\/li>\n
    2. ii) <\/span>Constataci\u00f3n de falta de inter\u00e9s directo:<\/b> Los motivos del recurso se fundamentaban en cuestiones de legalidad estricta, sin una repercusi\u00f3n clara en los intereses de la asociaci\u00f3n o de sus miembros.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

      iii) <\/span>Uso inadecuado del recurso especial:<\/b> La mayor\u00eda de las cuestiones planteadas podr\u00edan haberse resuelto mediante una simple consulta al \u00f3rgano de contrataci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

        \n
      1. iv) <\/span>Grave perjuicio al servicio p\u00fablico (sanitario):<\/b> La demora en la tramitaci\u00f3n afectaba a un servicio sanitario esencial.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

        El Tribunal concluye que estas circunstancias, en el caso concreto, evidenciaban un uso del recurso que frustraba el objetivo de la normativa, que no es otro que garantizar que las decisiones il\u00edcitas se recurran \u201cde manera eficaz y lo m\u00e1s r\u00e1pidamente posible\u201d.<\/span><\/p>\n

        4. El l\u00edmite: no toda desestimaci\u00f3n implica temeridad<\/b><\/h2>\n

        Ahora bien, es fundamental entender que la simple desestimaci\u00f3n de un recurso no comporta autom\u00e1ticamente una multa. La temeridad debe ser manifiesta y evidente, siempre atendiendo a la casu\u00edstica, como indic\u00f3 la STSJ Catalu\u00f1a, sec. 5\u00aa, n\u00ba 2032\/2024 de 12 de junio (rec. 726\/2022), cuando dec\u00eda que:<\/span><\/p>\n

        \u201c(…) la apreciaci\u00f3n de la temeridad exige valorar la conducta procesal de las partes y la incidencia en el procedimiento en cuesti\u00f3n. Es evidente que estamos ante una cuesti\u00f3n que ofrece una amplia casu\u00edstica, por lo que hay que estar al caso concreto. Ello no obstante y sin apartarnos del caso de autos, es indudable que cabe acudir a una serie de criterios, generalmente admitidos, que permiten apreciar si una determinada conducta (por su objeto, resultado, intencionalidad, finalidad, o por varios de motivos conjuntamente) puede considerarse una actuaci\u00f3n temeraria, fraudulenta, abusiva o de mala fe\u201d.<\/span><\/p>\n

        De hecho, la multa forma parte de la resoluci\u00f3n de desestimaci\u00f3n del recurso especial y, por tanto, tambi\u00e9n es susceptible de revisi\u00f3n ante la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa, que puede anularla si est\u00e1 mal fundamentada por parte del Tribunal Administrativo competente en materia de contrataci\u00f3n p\u00fablica.<\/span><\/p>\n

        Al respecto, la muy reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, sec. 1\u00aa, n\u00ba 264\/2025 de 14 de julio de 2025 (rec. 600\/2021) es muy ilustrativa en este sentido. En este caso, el tribunal anul\u00f3 precisamente una multa impuesta por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) porque, aunque el recurso fue desestimado, su resoluci\u00f3n requiri\u00f3 una \u201cargumentaci\u00f3n extensa\u201d por parte del propio TACRC.<\/span><\/p>\n

        El TSJ castellano-manchego razonaba que ello evidenciaba que \u201cno exist\u00eda una inviabilidad jur\u00eddica tan clara o evidente como para justificar un juicio de temeridad\u201d. Para poder imponer una multa, el recurso debe carecer completamente de consistencia jur\u00eddica o limitarse a reiterar argumentos ya resueltos, cosa que no ocurr\u00eda en aquel caso debido precisamente a cierta \u201ccomplejidad del debate\u201d.<\/span><\/p>\n

        5. Conclusi\u00f3n<\/b><\/h2>\n

        La multa por temeridad es una medida excepcional, dise\u00f1ada para garantizar la \u201cseriedad en el recurso\u201d y desincentivar el uso abusivo del recurso especial como herramienta dilatoria. No obstante, su aplicaci\u00f3n debe ser restrictiva y estar s\u00f3lidamente motivada, y tanto es as\u00ed que la pr\u00e1ctica evidencia un uso ciertamente restrictivo y poco frecuente de la multa, atendiendo a las circunstancias en que se promueve y a la causa o causas por las que se desestima el recurso.<\/span><\/p>\n

        Como licitador afectado por una decisi\u00f3n contractual, debe ser consciente de que, si bien el derecho a recurrir es una garant\u00eda fundamental, ejercerlo de manera inconsistente y sin fundamento, con el \u00fanico prop\u00f3sito de obstaculizar un procedimiento, puede comportar consecuencias econ\u00f3micas significativas. La clave radica en distinguir entre una discrepancia jur\u00eddica razonable y una impugnaci\u00f3n manifiestamente insostenible.<\/span><\/p>\n

        El presente art\u00edculo es meramente divulgativo y no supone asesoramiento ni compromiso de actualizaci\u00f3n.<\/span><\/i>
        \n<\/span><\/i> Para m\u00e1s informaci\u00f3n, contacte con info@fernandezadvocats.es<\/span><\/i><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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