{"id":254989,"date":"2026-07-09T09:01:48","date_gmt":"2026-07-09T07:01:48","guid":{"rendered":"https:\/\/fernandezadvocats.es\/?p=254989"},"modified":"2026-07-06T12:54:41","modified_gmt":"2026-07-06T10:54:41","slug":"caducidad-expediente-administrativo-recurso-apelacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fernandezadvocats.es\/es\/caducidad-expediente-administrativo-recurso-apelacion\/","title":{"rendered":"Apreciada la caducidad del expediente administrativo, no procede pronunciarse sobre nada m\u00e1s: STSJ Catalu\u00f1a, sec. 2.\u00aa, n\u00ba 566\/2026, de 6 de mayo de 2026"},"content":{"rendered":"

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La reciente Sentencia n\u00fam. 566\/2026 del Tribunal Superior de Justicia de Catalu\u00f1a (Secci\u00f3n Segunda), de fecha 6 de mayo de 2026 (Rec. 2293\/2024), supone un sorprendente recordatorio sobre la naturaleza del recurso de apelaci\u00f3n en el orden contencioso-administrativo. La resoluci\u00f3n desestima el recurso interpuesto por una sociedad limitada contra una sentencia previa del Tribunal de Instancia. Secci\u00f3n de lo Contencioso-Administrativo n\u00ba 7 de Barcelona, confirmando que la declaraci\u00f3n de caducidad de un expediente administrativo exime al juzgador de entrar en el fondo del asunto, al tiempo que impone un elevado rigor formal al escrito de interposici\u00f3n del apelante.<\/span><\/p>\n

1. El supuesto de hecho: caducidad frente al fondo del asunto<\/b><\/h2>\n

El litigio se origina en un procedimiento de protecci\u00f3n de la legalidad urban\u00edstica incoado por una Administraci\u00f3n local contra una empresa de turismo rural. En primera instancia, el Tribunal de Instancia estim\u00f3 parcialmente el recurso del administrado, anulando la actuaci\u00f3n administrativa por no ser ajustada a Derecho y obligando al Ayuntamiento a dictar una resoluci\u00f3n expresa que declarase la caducidad del procedimiento.<\/span><\/p>\n

La empresa, no obstante, apel\u00f3 la decisi\u00f3n al considerar que el Juez <\/span>a quo<\/span><\/i> no hab\u00eda dado respuesta a la totalidad de sus pretensiones ni hab\u00eda entrado a valorar el fondo de las cuestiones planteadas (a pesar de que la Sentencia no las detalla ni describe, por la propia din\u00e1mica de los hechos y la tipolog\u00eda del asunto, probablemente el recurso se orientaba a una declaraci\u00f3n de legalidad de sus obras o actividades que fuera m\u00e1s all\u00e1 de la simple superaci\u00f3n de los plazos del procedimiento \u2014caducidad\u2014).<\/span><\/p>\n

2. La naturaleza del recurso de apelaci\u00f3n: la \u00abcr\u00edtica razonada\u00bb de la Sentencia de primera instancia<\/b><\/h2>\n

El TSJ de Catalu\u00f1a fundamenta su desestimaci\u00f3n en una doctrina jurisprudencial consolidada (citando, entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 1987 y de 15 de diciembre de 1998). La Sala del Tribunal Superior de Justicia de Catalu\u00f1a recuerda una vez m\u00e1s que la apelaci\u00f3n no es un <\/span>novum iudicium<\/span><\/i> donde pueda repetirse pura y simplemente los argumentos ya utilizados en la instancia.<\/span><\/p>\n

Es cierto que la apelaci\u00f3n en el orden contencioso-administrativo sirve para revisar el acierto de la Sentencia de instancia, no para repetir el proceso, de modo que se impone un cierto deber de cr\u00edtica por parte del apelante, que debe individualizar los motivos de oposici\u00f3n y combatir los razonamientos del juez de primera instancia.<\/span><\/p>\n

No obstante, tambi\u00e9n es cierto que a menudo y necesariamente deben reproducirse, aunque sucintamente, los hechos y fundamentos de Derecho invocados durante la instancia si, precisamente, la cr\u00edtica que se formula en el recurso de apelaci\u00f3n es de incongruencia o de falta de respuesta a determinadas cuestiones que se hab\u00edan planteado durante la instancia.<\/span><\/p>\n

3. Apreciada la caducidad, el recurso ya est\u00e1 estimado (parcialmente)<\/b><\/h2>\n

El punto m\u00e1s controvertido de la Sentencia se encuentra en su Fundamento de Derecho Segundo, donde concluye que, una vez declarada la caducidad del expediente de protecci\u00f3n de la legalidad urban\u00edstica, \u00abes evidente que no procede dar respuesta al resto de cuestiones planteadas\u00bb.<\/span><\/p>\n

Desde una perspectiva cr\u00edtica, esta postura, aun siendo pragm\u00e1tica desde el punto de vista de la econom\u00eda procesal y de la consecuencia de la anulaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n administrativa impugnada, puede generar una cierta indefensi\u00f3n material para el administrado que pretende la anulaci\u00f3n y que, como suele suceder, no se centra en una sola causa o motivo, sino en varios, y que pueden ser de \u00edndole procedimental\/formal o sustantiva\/de fondo.<\/span><\/p>\n

La caducidad de un procedimiento de restauraci\u00f3n de la legalidad urban\u00edstica no deja de ser un argumento o cr\u00edtica de forma\/procesal, que no impide que la Administraci\u00f3n competente, si la acci\u00f3n no ha prescrito, pueda volver a incoar un nuevo expediente con el mismo objeto.<\/span><\/p>\n

Al no entrar el Tribunal a valorar el fondo (es decir, la legalidad o no de la obra o uso), el administrado se encuentra en una especie de \u00abbucle\u00bb donde gana la batalla formal (la caducidad), pero despu\u00e9s mantiene la incertidumbre sobre la viabilidad jur\u00eddica de su actividad.<\/span><\/p>\n

De hecho, de haber mantenido una postura diferente y entrando el TSJ de Catalu\u00f1a a resolver el fondo del asunto, podr\u00eda evitarse el escenario de un nuevo procedimiento administrativo de protecci\u00f3n de la legalidad y seguir discutiendo las mismas consideraciones que ya han sido planteadas en el marco del procedimiento judicial contencioso-administrativo.<\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, existe otro detalle, y es que la estimaci\u00f3n por parte de la Plaza n\u00ba 7 era \u00abparcial\u00bb, es decir, no se estimaba \u00edntegramente el recurso y, con mayor consideraci\u00f3n o sentido, pod\u00eda uno plantearse el hecho de acudir a la superioridad para buscar tutela de aquellas partes no analizadas por el \u00f3rgano <\/span>a quo<\/span><\/i>; ya que el inter\u00e9s leg\u00edtimo del recurso est\u00e1 en aquellas partes en las que no se haya beneficiado de la Sentencia que se recurre\/se apela.<\/span><\/p>\n

Justamente, ante la estimaci\u00f3n parcial de la demanda, cualquiera de las partes podr\u00eda apelar leg\u00edtimamente aquellas partes de la Sentencia que no le favorezcan o que hayan quedado imprejuzgadas y\/o incorrectamente resueltas.<\/span><\/p>\n

4. Las costas procesales: una penalizaci\u00f3n por el uso de la segunda instancia<\/b><\/h2>\n

La Sentencia finaliza tambi\u00e9n imponiendo las costas a la parte recurrente, limit\u00e1ndolas a <\/span>2.000 euros<\/b>. La aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 139 de la Ley de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso-Administrativa (LJCA) es aqu\u00ed un mecanismo disuasorio contra recursos que se limitan a reproducir mim\u00e9ticamente la demanda inicial sin aportar una cr\u00edtica jur\u00eddica real contra la sentencia apelada.<\/span><\/p>\n

El TSJ de Catalu\u00f1a no solo reh\u00fasa entrar a revisar el fondo del asunto, sino que a\u00f1ade una importante penalizaci\u00f3n o castigo a quien lo pretende, con una concepci\u00f3n que se aleja de la idea de una jurisdicci\u00f3n revisora y de plena jurisdicci\u00f3n, ya que es evidente que durante la primera instancia una parte importante del debate planteado ha quedado directamente imprejuzgada.<\/span><\/p>\n

De hecho, esta concepci\u00f3n \u2014que, entre otros extremos, permite solicitar al Tribunal que entre sobre el fondo del asunto cuando el \u00f3rgano administrativo no lo ha hecho, sin necesidad de retrotraer el procedimiento para que se pronuncie, vid. STS, Sala Tercera, de 23 de mayo de 2000, rec. 1061\/1996\u2014 tiene una utilidad constitucional important\u00edsima para la tutela judicial efectiva (art. 24 CE), de manera que una lectura evolutiva y garantista de este principio deber\u00eda permitir tambi\u00e9n que el \u00f3rgano judicial de segunda instancia pudiera analizar el fondo del asunto, ya que <\/span>a priori<\/span><\/i> en esta instancia cabr\u00eda entender que existen medios y material suficientes para poder pronunciarse sobre el mismo.<\/span><\/p>\n

5. Conclusiones finales y comentario valorativo<\/b><\/h2>\n

Esta Sentencia invita a reflexionar sobre el alcance actual del proceso judicial contencioso-administrativo y de su segunda instancia. Ciertamente, la apelaci\u00f3n en el orden contencioso-administrativo no puede emplearse mediante la mera reproducci\u00f3n de los argumentos y debe centrarse en la cr\u00edtica de la Sentencia combatida, pero nos obliga a reflexionar sobre cu\u00e1l es el alcance de esta segunda instancia cuando la declaraci\u00f3n <\/span>a quo<\/span><\/i> se centra en una cuesti\u00f3n formal y no entra en el fondo del asunto, pudiendo efectuar declaraciones jur\u00eddicas individualizadas.<\/span><\/p>\n

Aunque la caducidad constituye una victoria procesal para la parte recurrente, debe valorarse si dicha declaraci\u00f3n es suficiente (o no) para los intereses del cliente, pues puede convertirse en una victoria moment\u00e1nea y, procesalmente hablando, en un mero \u00abtel\u00f3n\u00bb argumental de antesala para evitar tener que contar con un pronunciamiento pleno y sobre el fondo del asunto, lo que genera que la Administraci\u00f3n P\u00fablica demandada pueda volver a iniciar un procedimiento administrativo en el que el ciudadano deba volver a defenderse en sede administrativa.<\/span><\/p>\n

Ello convierte tambi\u00e9n la actividad administrativa que ya ha sido objeto de un procedimiento judicial en algo muy poco eficiente, ya que ser\u00e1 necesario volver a agotar la tramitaci\u00f3n de un nuevo procedimiento administrativo que, probablemente, volver\u00e1 a finalizar en un nuevo procedimiento jurisdiccional contencioso-administrativo, y que podr\u00e1 ser impugnado por razones procedimentales y\/o de fondo.<\/span><\/p>\n

En todo caso, pronunciamientos como el que se ha comentado acotan claramente la tutela judicial a una de las diferentes cuestiones debatidas, en este caso de car\u00e1cter procesal, lo que devuelve entonces la cuesti\u00f3n ya judicializada a que se siga nuevamente un procedimiento administrativo (si es que la acci\u00f3n administrativa no ha prescrito), de modo que ser\u00e1 all\u00ed donde deber\u00e1 volver a intervenirse y presentar los eventuales motivos y justificaciones de fondo.<\/span><\/p>\n

Ese nuevo expediente, una vez resuelto y de manera m\u00e1s que potencial, tambi\u00e9n puede volver a finalizar en otro nuevo proceso judicial contencioso-administrativo de larga duraci\u00f3n, lo que resulta evidente que genera un escenario de inseguridad jur\u00eddica y tambi\u00e9n, por qu\u00e9 no decirlo, de ineficiencia de recursos a emplear, tanto p\u00fablicos como privados, al tener que volver a incoar procedimientos en los que se contin\u00fae discutiendo algo que ya hab\u00eda sido previamente judicializado.<\/span><\/p>\n

El presente art\u00edculo es meramente divulgativo y no supone asesoramiento ni compromiso de actualizaci\u00f3n.<\/span><\/i>
\n<\/span><\/i> Para m\u00e1s informaci\u00f3n, contacte con info@fernandezadvocats.es<\/span><\/i><\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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