{"id":255041,"date":"2026-07-28T13:08:01","date_gmt":"2026-07-28T11:08:01","guid":{"rendered":"https:\/\/fernandezadvocats.es\/?p=255041"},"modified":"2026-07-28T13:10:07","modified_gmt":"2026-07-28T11:10:07","slug":"derecho-buena-administracion-transparencia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fernandezadvocats.es\/es\/derecho-buena-administracion-transparencia\/","title":{"rendered":"El derecho a la buena administraci\u00f3n en materia de transparencia. Comentario a la Sentencia n\u00ba 940\/2024, de 29 de mayo, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo"},"content":{"rendered":"

El derecho a una buena administraci\u00f3n, consagrado en el art\u00edculo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni\u00f3n Europea, ha dejado de ser una mera declaraci\u00f3n de intenciones para convertirse en un principio jur\u00eddico plenamente exigible ante los tribunales. Una muestra de esta realidad es la Sentencia de 29 de mayo de 2024 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que no solo resuelve un caso concreto sobre acceso a la informaci\u00f3n, sino que consolida una doctrina fundamental: la transparencia es la regla, y las administraciones p\u00fablicas no pueden escudarse en interpretaciones restrictivas de la ley para limitar los derechos de los ciudadanos.<\/span><\/p>\n

1. El caso: la negativa al acceso a expedientes ya finalizados<\/b><\/h2>\n

El caso analizado por el Alto Tribunal nace de la petici\u00f3n de un fiscal que solicita a la Inspecci\u00f3n Fiscal de la Fiscal\u00eda General del Estado copia \u00edntegra de todos los expedientes gubernativos incoados sobre su persona entre los a\u00f1os 2012 y 2016.<\/span><\/p>\n

La respuesta de la Administraci\u00f3n fue denegatoria. Su argumento principal se basaba en una interpretaci\u00f3n literal del art\u00edculo 53.1.a) de la Ley 39\/2015, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan, que reconoce el derecho de los interesados a \u00abconocer, en cualquier momento, el estado de la tramitaci\u00f3n de los procedimientos en los que tengan la condici\u00f3n de interesados\u00bb y a \u00abacceder y obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos\u00bb. Seg\u00fan la Fiscal\u00eda, dado que los expedientes solicitados ya estaban archivados y no se encontraban \u00aben tramitaci\u00f3n\u00bb, entend\u00eda que el derecho de acceso no era aplicable.<\/span><\/p>\n

2. La doctrina del Tribunal Supremo: m\u00e1s all\u00e1 de la literalidad de la norma<\/b><\/h2>\n

El Tribunal Supremo desmonta completamente este argumento, recordando que el derecho de acceso a los archivos y registros administrativos es una pieza clave del Estado de Derecho, con ra\u00edces directas en la Constituci\u00f3n y en el Derecho europeo. La sentencia articula su razonamiento en torno a diversos ejes que definen el contenido del derecho a la buena administraci\u00f3n:<\/span><\/p>\n

    \n
  1. i) <\/span>Un derecho constitucional y europeo:<\/b> El Supremo enmarca el debate en el derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos (art\u00edculo 105.b de la Constituci\u00f3n) y lo conecta directamente con el derecho a una buena administraci\u00f3n del art\u00edculo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Este derecho incluye, de manera expl\u00edcita, \u00abel derecho de toda persona a acceder al expediente que le concierna\u00bb.<\/span><\/li>\n
  2. ii) <\/span>La interpretaci\u00f3n no puede ser restrictiva:<\/b> El tribunal reitera una l\u00ednea jurisprudencial consolidada: el acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica es un principio general y su interpretaci\u00f3n no puede ser restrictiva. Argumenta que el hecho de que el art\u00edculo 53.1.a) de la Ley 39\/2015 garantice el acceso a procedimientos en tr\u00e1mite no significa, en ning\u00fan caso, que proh\u00edba el acceso a procedimientos ya concluidos. Como afirma la sentencia: \u00abde aqu\u00ed no se sigue que las personas con un inter\u00e9s leg\u00edtimo no tengan derecho a conocer la informaci\u00f3n recogida en procedimientos administrativos ya concluidos\u00bb.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    iii) <\/span>La transparencia como garant\u00eda:<\/b> El acceso a la informaci\u00f3n no es un fin en s\u00ed mismo, sino una manifestaci\u00f3n del principio de transparencia administrativa. Este principio, seg\u00fan el Supremo, responde a una nueva manera de entender las relaciones entre la Administraci\u00f3n y los ciudadanos, superando la tradicional posici\u00f3n de superioridad de la Administraci\u00f3n. Es especialmente relevante cuando, como en este caso, quien solicita la informaci\u00f3n es el directamente afectado.<\/span><\/p>\n

      \n
    1. iv) <\/span>La protecci\u00f3n de datos de terceros no es un escudo gen\u00e9rico:<\/b> La Administraci\u00f3n aleg\u00f3 subsidiariamente que, en caso de conceder el acceso, deber\u00edan omitirse los datos personales de terceros. El Supremo rechaza este argumento de manera contundente, recordando que la legislaci\u00f3n solo obliga a proteger los datos \u00abespecialmente protegidos\u00bb, y que la Administraci\u00f3n no puede invocar esta limitaci\u00f3n de forma gen\u00e9rica sin especificar qu\u00e9 datos concretos merecen esa protecci\u00f3n especial.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

      3. Implicaciones para la buena administraci\u00f3n<\/b><\/h2>\n

      Esta Sentencia incorpora diversas implicaciones de trascendencia pr\u00e1ctica sobre el derecho a la buena administraci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

        \n
      1. I) La Administraci\u00f3n debe actuar con la m\u00e1xima transparencia y solo puede limitar el derecho de acceso por las causas tasadas en la ley, interpretadas siempre de forma restrictiva.<\/span><\/li>\n
      2. II) No es aceptable utilizar una lectura parcial o formalista de un precepto para vaciar de contenido un derecho fundamental. La actuaci\u00f3n administrativa debe ser coherente con los principios generales del Derecho, como la buena fe y la protecci\u00f3n de la confianza leg\u00edtima.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

        III) El ciudadano tiene derecho a conocer su \u00abhistorial administrativo\u00bb, m\u00e1xime cuando la finalizaci\u00f3n de un expediente no lo convierte en secreto. Los ciudadanos, y especialmente los empleados p\u00fablicos, tienen derecho a saber qu\u00e9 informaci\u00f3n sobre ellos consta en los archivos p\u00fablicos, lo que constituye una garant\u00eda esencial para su defensa y para el control de la actividad administrativa.<\/span><\/p>\n

        Esta Sentencia es una lecci\u00f3n magistral sobre c\u00f3mo el derecho a una buena administraci\u00f3n se materializa en la pr\u00e1ctica. Recuerda que la Administraci\u00f3n no es propietaria de la informaci\u00f3n que gestiona, sino su custodio, y que su deber principal es servir con objetividad a los intereses generales, lo que incluye, sin duda, garantizar que los ciudadanos puedan acceder a la informaci\u00f3n que les afecta directamente.<\/span><\/p>\n

        El presente art\u00edculo es meramente divulgativo y no supone asesoramiento ni compromiso de actualizaci\u00f3n.<\/span><\/i>
        \n<\/span><\/i> Para m\u00e1s informaci\u00f3n, contacte con info@fernandezadvocats.es.<\/span><\/i><\/p>\n

         <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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