{"id":255050,"date":"2026-07-30T11:15:59","date_gmt":"2026-07-30T09:15:59","guid":{"rendered":"https:\/\/fernandezadvocats.es\/?p=255050"},"modified":"2026-07-30T11:19:23","modified_gmt":"2026-07-30T09:19:23","slug":"procedimientos-sancionadores-instructor-funcionario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fernandezadvocats.es\/es\/procedimientos-sancionadores-instructor-funcionario\/","title":{"rendered":"Los procedimientos sancionadores deben ser instruidos por personal funcionario. Sentencia del TSJ de Andaluc\u00eda de 9 de octubre de 2025"},"content":{"rendered":"<p class=\"PDq2pG_selectionAnchorContainer\" data-section-id=\"h5dzug\" data-start=\"0\" data-end=\"136\"><strong><a href=\"https:\/\/fernandezadvocats.es\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/43-Els-procediments-sancionadors-han-dinstruir-se-per-part-de-funcionaris.pdf\">DESCARGAR ART\u00cdCULO COMPLETO EN PDF.<\/a><\/strong><\/p>\n<p data-start=\"138\" data-end=\"581\">En el \u00e1mbito del derecho administrativo sancionador, las garant\u00edas procedimentales constituyen un pilar fundamental para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos. La STSJ de Andaluc\u00eda (Sevilla), n\u00ba 942\/2025, de 9 de octubre de 2025 (Rec. 522\/2024), refuerza una de estas garant\u00edas esenciales: la necesidad de que las funciones que impliquen el ejercicio de potestades p\u00fablicas sean desempe\u00f1adas exclusivamente por funcionarios p\u00fablicos.<\/p>\n<h2 data-section-id=\"14jyvp8\" data-start=\"583\" data-end=\"610\">1. Antecedentes del caso<\/h2>\n<p data-start=\"612\" data-end=\"1097\">El caso analizado surge de un recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad mercantil Frucosur, S.L. contra una resoluci\u00f3n sancionadora de la Confederaci\u00f3n Hidrogr\u00e1fica del Guadalquivir. El motivo principal de impugnaci\u00f3n, y el que finalmente determin\u00f3 el resultado del litigio, fue un vicio en la tramitaci\u00f3n del procedimiento: la persona designada como instructora del expediente no ten\u00eda la condici\u00f3n de funcionaria, sino que era personal laboral fijo del organismo.<\/p>\n<h2 data-section-id=\"12cow0l\" data-start=\"1099\" data-end=\"1157\">2. El n\u00facleo del debate y las alegaciones de las partes<\/h2>\n<p data-start=\"1159\" data-end=\"1393\">La controversia se centr\u00f3 en determinar si la instrucci\u00f3n de un expediente sancionador por parte de personal laboral constituye una mera irregularidad formal o, por el contrario, un vicio de nulidad que invalida todo el procedimiento.<\/p>\n<h3 data-section-id=\"15w3ctb\" data-start=\"1395\" data-end=\"1436\">2.1. Alegaciones de la Administraci\u00f3n<\/h3>\n<p data-start=\"1438\" data-end=\"1999\">En primer lugar, se sosten\u00eda que la instructora era una empleada p\u00fablica seleccionada conforme a los principios de igualdad, m\u00e9rito y capacidad. Se argumentaba que su funci\u00f3n era principalmente de ordenaci\u00f3n e impulso procesal, y no un ejercicio directo de la potestad sancionadora. Tambi\u00e9n se destacaba que tr\u00e1mites clave como la incoaci\u00f3n del expediente y los informes t\u00e9cnicos fueron realizados por funcionarios de carrera. Por \u00faltimo, calificaba el hecho como una irregularidad formal no invalidante, ya que no se hab\u00eda generado indefensi\u00f3n al administrado.<\/p>\n<h3 data-section-id=\"1sdd8w2\" data-start=\"2001\" data-end=\"2038\">2.2. Alegaciones de la recurrente<\/h3>\n<p data-start=\"2040\" data-end=\"2239\">Se invocaba la vulneraci\u00f3n de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, que reserva el ejercicio de funciones que impliquen participaci\u00f3n en potestades p\u00fablicas exclusivamente a funcionarios.<\/p>\n<h2 data-section-id=\"qwg2iy\" data-start=\"2241\" data-end=\"2282\">3. La resoluci\u00f3n de la Sala de Sevilla<\/h2>\n<p data-start=\"2284\" data-end=\"2471\">La Sentencia acoge \u00edntegramente la tesis de la parte recurrente y anula la sanci\u00f3n, bas\u00e1ndose en una interpretaci\u00f3n rigurosa de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. La Sala razona que:<\/p>\n<p data-start=\"2473\" data-end=\"2674\">i) <strong data-start=\"2476\" data-end=\"2522\">La naturaleza de la potestad sancionadora:<\/strong> El procedimiento sancionador es una manifestaci\u00f3n del <em data-start=\"2577\" data-end=\"2591\">ius puniendi<\/em> del Estado. Por tanto, su tramitaci\u00f3n debe estar rodeada de las m\u00e1ximas garant\u00edas.<\/p>\n<p data-start=\"2676\" data-end=\"2980\">ii) <strong data-start=\"2680\" data-end=\"2720\">Reserva de funciones a funcionarios:<\/strong> El ejercicio de funciones que impliquen la participaci\u00f3n, directa o indirecta, en el ejercicio de potestades p\u00fablicas corresponde exclusivamente a los funcionarios p\u00fablicos. Esta es una regla b\u00e1sica en materia de tramitaci\u00f3n de procedimientos administrativos.<\/p>\n<p data-start=\"2982\" data-end=\"3324\">iii) <strong data-start=\"2987\" data-end=\"3033\">La instrucci\u00f3n no es un tr\u00e1mite accesorio:<\/strong> El Tribunal rechaza categ\u00f3ricamente el argumento de que la funci\u00f3n del instructor es meramente accesoria o de impulso. Considera que la instrucci\u00f3n constituye una \u00abgenuina actividad administrativa\u00bb dentro del procedimiento sancionador, que condiciona de manera decisiva la resoluci\u00f3n final.<\/p>\n<p data-start=\"3326\" data-end=\"3615\">iv) <strong data-start=\"3330\" data-end=\"3391\">Insuficiencia de la intervenci\u00f3n parcial de funcionarios:<\/strong> El hecho de que otros tr\u00e1mites (incoaci\u00f3n, informes) hayan sido realizados por funcionarios no convalida el vicio original. La designaci\u00f3n de un instructor no funcionario contamina la validez del procedimiento en su n\u00facleo.<\/p>\n<p data-start=\"3617\" data-end=\"3927\">En palabras de la propia sentencia, citando la doctrina del Supremo: \u00abno es admisible, para alterar esta exigencia, pretender hacer una distinci\u00f3n dentro del procedimiento entre actuaciones esenciales y accesorias (&#8230;) porque ello supone desconocer la relevancia de cada tr\u00e1mite que integra el procedimiento\u00bb.<\/p>\n<h2 data-section-id=\"1cmhqcz\" data-start=\"3929\" data-end=\"3976\">4. Implicaciones pr\u00e1cticas de esta Sentencia<\/h2>\n<p data-start=\"3978\" data-end=\"4449\">Esta sentencia tiene una notable relevancia pr\u00e1ctica para los profesionales del derecho que act\u00faan en la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa ya que, de entrada, refuerza una v\u00eda de impugnaci\u00f3n s\u00f3lida y preliminar, pues ante un expediente sancionador una de las primeras comprobaciones que debe realizarse es la condici\u00f3n profesional del instructor designado. Si no es funcionario de carrera, existe un motivo s\u00f3lido para solicitar la nulidad de todo el procedimiento.<\/p>\n<p data-start=\"4451\" data-end=\"4780\">Por otro lado, limita la discrecionalidad de la Administraci\u00f3n sancionadora, ya que impide que las Administraciones P\u00fablicas utilicen personal laboral para funciones centrales en el ejercicio de sus potestades, garantizando as\u00ed los principios de estabilidad, neutralidad e independencia que caracterizan la relaci\u00f3n funcionarial.<\/p>\n<p data-start=\"4782\" data-end=\"5981\">Finalmente, consolida la doctrina del Tribunal Supremo en el sentido de mantener la doctrina sobre la reserva de funciones, extendi\u00e9ndola a supuestos que van m\u00e1s all\u00e1 del caso original (externalizaci\u00f3n a empresas p\u00fablicas como TRAGSATEC) para aplicarla directamente a la tipolog\u00eda de personal dentro de la propia Administraci\u00f3n. De hecho, con posterioridad a esta Sentencia, la Sala Tercera tambi\u00e9n ha interpretado que la exigencia de personal funcionario en expedientes sancionadores tambi\u00e9n puede ser desarrollada por funcionarios interinos (STS, Sala Tercera, de 27 de noviembre de 2025, rec. 6013\/2024), lo que igualmente supone un importante precedente en materia administrativo-sancionadora, as\u00ed como respecto de las facultades de las que disponen los funcionarios interinos, en la l\u00ednea expansiva y aperturista de la STC n\u00ba 106\/2019, de 19 de septiembre, que ya abord\u00f3 la redacci\u00f3n del art\u00edculo 9 del TRLEBEP en el sentido de interpretar que los interinos tambi\u00e9n pueden llevar a cabo y participar directa o indirectamente en potestades p\u00fablicas o en la salvaguarda de intereses generales, y que pueden asimismo desempe\u00f1ar las funciones reservadas de acuerdo con el art\u00edculo 10.1 del TRLEBEP.<\/p>\n<p data-start=\"5983\" data-end=\"6239\">En definitiva, esta resoluci\u00f3n recuerda que el cumplimiento escrupuloso de las normas procedimentales no es un mero formalismo, sino una garant\u00eda esencial para el administrado, especialmente cuando se enfrenta al ejercicio del poder sancionador del Estado.<\/p>\n<hr data-start=\"6241\" data-end=\"6244\" \/>\n<p data-start=\"6246\" data-end=\"6453\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\"><em data-start=\"6246\" data-end=\"6415\">El presente art\u00edculo es meramente divulgativo y no supone asesoramiento ni compromiso de actualizaci\u00f3n.<br data-start=\"6350\" data-end=\"6353\" \/>Para m\u00e1s informaci\u00f3n, contacte con <a class=\"decorated-link cursor-pointer\" rel=\"noopener\" data-start=\"6388\" data-end=\"6413\">info@fernandezadvocats.es<\/a>.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>DESCARGAR ART\u00cdCULO COMPLETO EN PDF. 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