{"id":255233,"date":"2026-09-10T09:50:41","date_gmt":"2026-09-10T07:50:41","guid":{"rendered":"https:\/\/fernandezadvocats.es\/?p=255233"},"modified":"2026-09-17T11:12:49","modified_gmt":"2026-09-17T09:12:49","slug":"caso-remling","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fernandezadvocats.es\/es\/caso-remling\/","title":{"rendered":"Caso Remling y la importancia (y utilidad) de la cuesti\u00f3n prejudicial ante el TJUE: Comentario a la STJUE (Gran Sala) de 24 de marzo (C-767\/23)"},"content":{"rendered":"

Documento completo en PDF<\/strong><\/a><\/span><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Es evidente la enorme trascendencia de lo que dispone el TJUE en su reciente STJUE (Gran Sala), de 24 de marzo de 2026, en el asunto C-767\/23, as\u00ed como su interconexi\u00f3n con la pr\u00e1ctica judicial interna, dado que supone un claro avance a favor de la utilizaci\u00f3n (a\u00fan muy reticente) de esta herramienta interpretativa en ocasi\u00f3n de los litigios con aplicaci\u00f3n de normas del Derecho de la UE.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

1. El Caso Remling<\/h2>\r\n\r\n\r\n\r\n

El caso que da lugar a la Sentencia de 24 de marzo de 2026 es un conflicto derivado de una determinada norma procesal neerlandesa que faculta al alto tribunal nacional a poder desestimar recursos mediante motivaciones sucintas, en aras a una agilizaci\u00f3n de procedimientos.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Un ciudadano de origen marroqu\u00ed solicitaba un permiso de residencia (con validez en toda la UE), que le fue denegado porque dispon\u00eda de otra autorizaci\u00f3n de residencia (en este caso, espa\u00f1ola). El caso fue escalando desde la primera desestimaci\u00f3n por parte de los Tribunales inferiores, llegando a la Secci\u00f3n Contencioso-Administrativa del Consejo de Estado de los Pa\u00edses Bajos, que consider\u00f3 que la cuesti\u00f3n de derecho era clara, y se planteaba si se pod\u00eda resolver sin tener que elevar la cuesti\u00f3n prejudicial ex art. 267 TFUE, con una motivaci\u00f3n sucinta.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Cabe decir que la norma procesal neerlandesa en cuesti\u00f3n encuentra bastante semejanza con una norma nacional espa\u00f1ola bastante conocida y sufrida en el orden contencioso-administrativo, como es el art\u00edculo 90.3 LJCA, que avala la inadmisi\u00f3n mediante resoluci\u00f3n \u201csucintamente motivada\u201d de los recursos de casaci\u00f3n.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

2. La Doctrina de la Gran Sala del TJUE: El deber de motivaci\u00f3n espec\u00edfica<\/h2>\r\n\r\n\r\n\r\n

La Sentencia del TJUE de 24 de marzo de 2026 establece un est\u00e1ndar riguroso para los tribunales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de recurso judicial ulterior. El Tribunal recuerda que el procedimiento prejudicial del art\u00edculo 267 TFUE es la \u00abpiedra angular\u00bb del sistema jurisdiccional de la Uni\u00f3n para garantizar la unidad de interpretaci\u00f3n.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

La cuesti\u00f3n clave resuelta por el TJUE es si una normativa nacional puede autorizar una \u00abmotivaci\u00f3n abreviada\u00bb para rechazar el planteamiento de una cuesti\u00f3n prejudicial. La respuesta del Tribunal es taxativa: \u201cEl art\u00edculo 267 TFUE, p\u00e1rrafo tercero, interpretado a la luz del art\u00edculo 47, p\u00e1rrafo segundo, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni\u00f3n Europea, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional conforme a la cual un \u00f3rgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno puede pronunciarse sobre una cuesti\u00f3n relativa a la interpretaci\u00f3n o a la validez de una disposici\u00f3n del Derecho de la Uni\u00f3n suscitada por una de las partes en el litigio independientemente de si esta cuesti\u00f3n va acompa\u00f1ada o no de una solicitud expresa de que se plantee una petici\u00f3n de decisi\u00f3n prejudicial, motivando su resoluci\u00f3n de manera abreviada, salvo si este \u00f3rgano jurisdiccional expone las razones espec\u00edficas y concretas por las que una de las tres excepciones a la obligaci\u00f3n que incumbe a este \u00f3rgano jurisdiccional de plantear una petici\u00f3n de decisi\u00f3n prejudicial establecidas por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 6 de octubre de 1982, Cilfit 283\/81, EU:C:1982:335, apartado 21, es aplicable en el asunto en cuesti\u00f3n.\u201d<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Esto implica que el juez nacional no puede limitarse a una f\u00f3rmula gen\u00e9rica. Debe indicar expresamente cu\u00e1l de las tres excepciones, ya prevista en la doctrina \u201cCilfit\u201d de los a\u00f1os 80, concurre o concurren en el caso particular:<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

    \r\n
  • Que la cuesti\u00f3n no sea pertinente.<\/li>\r\n\r\n\r\n\r\n
  • Que la disposici\u00f3n ya haya sido interpretada por el TJUE (\u201cacto aclarado\u201d).<\/li>\r\n\r\n\r\n\r\n
  • Que la interpretaci\u00f3n correcta sea tan evidente que no deje lugar a duda razonable (\u201cacto claro\u201d).<\/li>\r\n<\/ul>\r\n\r\n\r\n\r\n

    Fuera de estos casos, la motivaci\u00f3n debe ser ad hoc, y \u2013 como dice el TJUE \u2013 (sic.) \u201cadaptarse a las circunstancias de hecho y de derecho del litigio y exponer las razones espec\u00edficas y concretas\u201d, que en su caso justifiquen el hecho de no plantear la cuesti\u00f3n prejudicial. Ciertamente, para aferrarse a la existencia de un \u201cacto claro\u201d, se requerir\u00e1 una justificaci\u00f3n m\u00e1s exhaustiva que la de un acto claro, ya que con la mera citaci\u00f3n de la sentencia en cuesti\u00f3n, bastar\u00eda, siendo que<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

    Esta doctrina cobra especial fuerza en los \u00faltimos Tribunales en la \u201ccadena de recursos\u201d jurisdiccionales que pueda haber en un Estado Miembro, ya que (sic.) \u201chabida cuenta de la funci\u00f3n fundamental del procedimiento prejudicial contemplado en el art\u00edculo 267 TFUE en el ordenamiento jur\u00eddico de la Uni\u00f3n, un \u00f3rgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso no puede desestimar los motivos de un recurso que susciten una cuesti\u00f3n relativa a la interpretaci\u00f3n o a la validez de una disposici\u00f3n del Derecho de la Uni\u00f3n sin examinar previamente si est\u00e1 obligado a plantear una petici\u00f3n de decisi\u00f3n prejudicial ante el Tribunal de Justicia en relaci\u00f3n con esta cuesti\u00f3n o si esta \u00faltima est\u00e1 comprendida en el \u00e1mbito de alguna de las tres excepciones Cilfit\u201d. De este modo, el \u00f3rgano judicial viene espec\u00edfica y especialmente requerido a cumplir el deber de motivaci\u00f3n, exponiendo \u201cde modo espec\u00edfico y concreto\u201d las razones por las que resulta la excepci\u00f3n o excepciones Cilfit (conforme a la doctrina de Consorzio y Kubera).<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

    El TJUE subraya adem\u00e1s la misi\u00f3n de oficio de velar por este prop\u00f3sito en la motivaci\u00f3n pues (sic.) \u201cpara que esta obligaci\u00f3n de motivaci\u00f3n resulte de aplicaci\u00f3n, basta que una de las partes en el litigio de que se trate invoque el Derecho de la Uni\u00f3n, sin que sea necesario exigirle que, adem\u00e1s, haya formulado expresamente una solicitud de remisi\u00f3n prejudicial\u201d.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

    3. Un caso reciente resuelto por el TSJCatalunya: La cr\u00edtica del recurrente sobre la ignorada cuesti\u00f3n y la respuesta judicial al respecto<\/h2>\r\n\r\n\r\n\r\n

    Esta Sentencia del TJUE permite traer a colaci\u00f3n el reciente FJ4\u00ba de la STSJCatalunya, Secci\u00f3n 4\u00aa, n\u00fam. 881\/2026 de 13 de julio (rec. 457\/2023), que resuelve un recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por un funcionario interino contra un Ayuntamiento de la Provincia de Barcelona en el marco de los procesos de estabilizaci\u00f3n de la Ley 20\/2021. Es bien notoria la especial litigiosidad y las dudas de encaje con el Derecho de la UE de numerosas singularidades y consideraciones derivadas de este tipo de procesos selectivos, hasta el punto de haberse ya planteado (y resuelto algunas de estas inquietudes) diversas cuestiones prejudiciales al TJUE.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

    Uno de los motivos principales de impugnaci\u00f3n del funcionario recurrente fue, precisamente, que la sentencia de instancia no se hab\u00eda pronunciado sobre su sugerencia de plantear una cuesti\u00f3n prejudicial al TJUE. El recurrente argumentaba que exist\u00edan varios dudas en t\u00e9rminos de derecho de la UE y que, a su criterio, avalaban la promoci\u00f3n de sendas cuestiones prejudiciales, particularmente sobre si la situaci\u00f3n de \u00abfraude de ley\u00bb en una determinada ocupaci\u00f3n de una plaza en temporalidad se opon\u00eda a la Cl\u00e1usula 5\u00aa del Acuerdo Marco y a la Directiva 1999\/70\/CE [1].<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

    Ante esta cr\u00edtica, el TSJC responde en los siguientes t\u00e9rminos: \u201cEn el caso presente no se estima necesario el planteamiento de cuesti\u00f3n prejudicial ante el TJUE al no plantearse dudas sobre la interpretaci\u00f3n\/aplicaci\u00f3n del Derecho de la UE en la resoluci\u00f3n del pleito por todo cuanto hemos dicho.\u201d.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

    A diferencia de lo que hab\u00eda hecho el Juzgado de Instancia, la Sala del TSJCatalunya entra a resolver este planteamiento procesal expreso de la parte recurrente, en el sentido de rechazarlo por no plantearse dudas sobre la interpretaci\u00f3n del Derecho de la UE. No obstante, esta respuesta \u2013 posterior a la Sentencia Remling \u2013 no lo hace desde el prisma de esta doctrina, ya que se limita a decir que no hay dudas, pero no se\u00f1ala si se trata de un acto aclarado, ni si se trata de un acto claro.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

    Esta respuesta del TSJC, aunque confirma la sentencia de instancia asumiendo la existencia de dudas de derecho en la resoluci\u00f3n, aborda el deber de congruencia en la resoluci\u00f3n (algo que ciertamente inspira la doctrina Remling), pero despacha el rechazo de la cuesti\u00f3n de manera somera, aduciendo que no se plantean dudas, sin especificar por qu\u00e9 no. De hecho, la Sentencia aborda las cuestiones del litigio desde el prisma del derecho interno (no sin encontrarse fuera de pol\u00e9mica la resoluci\u00f3n que finalmente adopta el TSJCat, en sentido desestimatorio para el funcionario que solicitaba que una determinada plaza ocupada temporalmente figurase en la OPOE, apuntando precisamente que esta ocupaci\u00f3n temporal lo era por una situaci\u00f3n indiciariamente reveladora de un fraude de ley en la ocupaci\u00f3n, como ser\u00eda el hecho de mantener y\/o prorrogar m\u00e1s all\u00e1 de los plazos normativos una comisi\u00f3n de servicio). Sin embargo, el mero planteamiento abierto y expreso de las cuestiones e implicaciones del caso con normas del Derecho de la UE en este litigio, y si la normativa nacional a aplicar se opone o puede oponerse (sin contar con ning\u00fan tipo de precedente que lo haya abordado previamente, que pueda constituir un \u201cacto aclarado\u201d), ser\u00eda esperable contar con la explicaci\u00f3n motivada conforme a la doctrina Cilfit y Remling. Y, igualmente, a la vista del contenido de las cuestiones planteadas y apuntadas en el recurso, resulta al menos cuestionable la no-trascendencia o fricci\u00f3n que puede implicar la aplicaci\u00f3n de la norma o normas internas en el caso concreto, toda vez que est\u00e1 visto que, en \u00faltima instancia, no se sanciona de ninguna manera el abuso de temporalidad denunciado por el recurrente (ni la plaza en cuesti\u00f3n se incluye en la OPOE, a diferencia de lo que suced\u00eda con la plaza ocupada en ocasi\u00f3n de la comisi\u00f3n de servicios tan prolongada; ni se adopta ni se plantea ninguna sanci\u00f3n, ya no digamos suficiente para la Administraci\u00f3n que ha generado y tolerado esta situaci\u00f3n de temporalidad).<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

    Si bien el Tribunal Superior de Catalu\u00f1a demuestra una mayor sensibilidad en la motivaci\u00f3n del argumentario y peticiones de la parte recurrente, en t\u00e9rminos de cuesti\u00f3n prejudicial ante el TJUE, da una motivaci\u00f3n poco exhaustiva al respecto.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

    4. Utilidades pr\u00e1cticas de la doctrina Remling<\/h2>\r\n\r\n\r\n\r\n

    El Caso Remling nos ofrece un reforzamiento de las herramientas procesales para que el litigio se resuelva sin oposici\u00f3n al Derecho de la UE, y es evidente que favorece el a\u00fan residual planteamiento de la cuesti\u00f3n prejudicial en los procedimientos judiciales nacionales, detect\u00e1ndose a\u00fan a d\u00eda de hoy reticencias en emplear este \u00fatil recurso al alcance de cualquier Tribunal. A la vista de esta doctrina, cabe destacar algunas consideraciones e implicaciones pr\u00e1cticas:<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      \r\n
    • Control de la arbitrariedad en la motivaci\u00f3n: Ya no es suficiente que un tribunal superior diga que \u00abno tiene dudas\u00bb. El abogado puede exigir, bas\u00e1ndose en la doctrina del caso Remling, que el tribunal identifique qu\u00e9 excepci\u00f3n aplica y por qu\u00e9. Si no lo hace, podr\u00eda ganar fuerza el posible planteamiento de incidentes de nulidad de actuaciones o del recurso de amparo por vulneraci\u00f3n de la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) y del derecho a un proceso equitativo (art. 47 de la Carta).<\/li>\r\n\r\n\r\n\r\n
    • Invocaci\u00f3n de oficio: El TJUE aclara que la obligaci\u00f3n de motivar la no remisi\u00f3n se impone incluso si las partes no han pedido expresamente la cuesti\u00f3n prejudicial, siempre que hayan invocado el Derecho de la Uni\u00f3n o que el juez tenga la facultad de plantear motivos de oficio.<\/li>\r\n\r\n\r\n\r\n
    • Estrategia jur\u00eddica en procesos con discusi\u00f3n abierta en t\u00e9rminos de Derecho de la UE: En casos como el de la STSJCatalunya antes citada, la presi\u00f3n sobre los tribunales nacionales para motivar exhaustivamente su negativa a consultar el TJUE aumenta. Esto obliga a los tribunales a entrar en el fondo de la jurisprudencia europea (como las sentencias \u201cGavieiro Gavieiro\u201d o \u201cConsorzio Italian Management\u201d) en lugar de hacer remisiones gen\u00e9ricas a la legalidad ordinaria.<\/li>\r\n\r\n\r\n\r\n
    • El est\u00e1ndar del acto claro: El TJUE establece que para considerar una cuesti\u00f3n como \u00abacto claro\u00bb, el tribunal nacional debe estar bien convencido de que la misma evidencia se impondr\u00eda a los tribunales de los otros Estados miembros y al propio TJUE. Esta es una carga argumentativa muy elevada que los profesionales deben hacer valer.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n\r\n\r\n\r\n

      La STJUE de 24 de marzo 2026 supone un paso adelante en la protecci\u00f3n de los derechos de los justiciables, ya que evita que el di\u00e1logo \u00abde juez a juez\u00bb que pretende y garantiza la cuesti\u00f3n prejudicial quede bloqueado por decisiones judiciales poco motivadas. En la pr\u00e1ctica judicial, asuntos como el del TSJCatalunya deber\u00e1n adaptarse a este nuevo est\u00e1ndar, garantizando que cualquier negativa a consultar el Tribunal de Luxemburgo est\u00e9 fundamentada en razones \u00abespec\u00edficas y concretas\u00bb, y no en una mera declaraci\u00f3n de ausencia de dudas.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      El presente art\u00edculo es meramente divulgativo y no supone asesoramiento ni compromiso de actualizaci\u00f3n. Para m\u00e1s informaci\u00f3n o asesoramiento, contacte con info@fernandezadvocats.es<\/em><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      ________________<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      [1] La Sentencia del TSJCat, incluso, transcribe literalmente el contenido de las cuestiones sugeridas por el recurrente\/apelante, que indicaban las siguientes:<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      \u201c- Si el hecho de escudarse en una situaci\u00f3n de fraude de ley, creada y sostenida en el tiempo por parte de la Administraci\u00f3n P\u00fablica convocante de un proceso de estabilizaci\u00f3n de acuerdo con la Ley 20\/2021 de 27 de diciembre (en este caso, el Ayuntamiento de Sallent que se escuda en la existencia de una fraudulenta comisi\u00f3n de servicios que se ha venido sucediendo desde junio de 2016) para no estabilizar la plaza cubierta de manera temporal se opone o no a la Cl\u00e1usula 5\u00aa del Acuerdo Marco y la Directiva 1999\/70\/CE, dado que se deja de sancionar el abuso de la temporalidad en la ocupaci\u00f3n en el sector p\u00fablico de acuerdo con un remedio o medida legislativa de la Ley 20\/2021, cuando el legislador estatal y competente concibe los procesos selectivos de estabilizaci\u00f3n como medida sancionadora<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      – Si la respuesta a la anterior o anteriores preguntas fuera negativa, si el hecho de no establecer entonces ning\u00fan otro mecanismo de sanci\u00f3n del abuso de la temporalidad a cargo de la Administraci\u00f3n incumplidora se opone a la mencionada Cl\u00e1usula 5\u00aa del Acuerdo Marco y Directiva.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      – No obstante, si el hecho de escudarse en una situaci\u00f3n de fraude de ley, creada y sostenida en el tiempo por parte de la Administraci\u00f3n P\u00fablica convocante (en este caso, el Ayuntamiento de Sallent opone la existencia de una fraudulenta comisi\u00f3n de servicios que se ha venido sucediendo desde junio de 2016) para no estabilizar la plaza cubierta de manera temporal por parte de personal interino se opone o no a la Cl\u00e1usula 4\u00aa, sobre el principio de no discriminaci\u00f3n, dado que el funcionario de carrera de la Corporaci\u00f3n que cubre otra plaza interinamente puede ver c\u00f3mo esta se convoca en el proceso de estabilizaci\u00f3n y, en cambio, el funcionario interino que durante el mismo per\u00edodo cubre la otra plaza no ve que esta, en cambio, se estabilice.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      – Incluso en el caso de tener que dar por v\u00e1lida la existencia de una comisi\u00f3n de servicios (con reserva de puesto de trabajo), si el hecho de no estabilizar una plaza cubierta temporalmente por parte de personal interino de larga duraci\u00f3n (en nuestro caso, a d\u00eda de hoy desde hace m\u00e1s de 7 a\u00f1os), bajo la premisa de que existe una reserva de puesto de trabajo de otro servidor p\u00fablico, infringe o no la Cl\u00e1usula 5\u00aa del Acuerdo Marco y la Directiva 1999\/70\/CE, pues se deja de sancionar el abuso de la temporalidad en la ocupaci\u00f3n en el sector p\u00fablico con el remedio legislativo de la Ley 20\/2021 al concebir los procesos selectivos de estabilizaci\u00f3n de plazas cubiertas temporalmente como medida sancionadora.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      – Si la respuesta a la anterior cuesti\u00f3n fuera negativa, si el hecho de no establecer entonces ning\u00fan otro mecanismo de sanci\u00f3n del abuso de la temporalidad a cargo de la Administraci\u00f3n incumplidora se opone a la mencionada Cl\u00e1usula 5\u00aa del Acuerdo Marco y Directiva.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      – En adici\u00f3n a todo lo anterior, creemos que tambi\u00e9n resultar\u00eda de inter\u00e9s aqu\u00ed en este caso plantearse la misma pregunta que trasladaba el Magistrado del JCA n\u00ba 17 de Barcelona al TJUE en el asunto C-332\/22 y que reproducimos a continuaci\u00f3n: \u201cCuando un \u00f3rgano jurisdiccional nacional, en cumplimiento de su obligaci\u00f3n de sancionar, en todo caso, el abuso constatado (la sanci\u00f3n es \u00abindispensable\u00bb e \u00abinmediata\u00bb), llega a la conclusi\u00f3n de que el principio de interpretaci\u00f3n conforme no permite garantizar el efecto \u00fatil de la Directiva sin incurrir en una interpretaci\u00f3n \u00abcontra lege[m]\u00bb del Derecho interno, precisamente porque el ordenamiento interno del Estado<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      miembro no ha incorporado ninguna medida sancionadora para aplicar la cl\u00e1usula 5 del Acuerdo marco en el sector p\u00fablico; \u00bfDebe aplicar las consideraciones de la Sentencia Egenberger ( 2 ), de 17 de abril de 2018, o de la Sentencia (de la Gran Sala), de 15 de abril de 2008, n. o C- 268\/2006 ( 3 ), de forma que los arts. 21 y 47 de la Carta de Derechos de la Uni\u00f3n Europea permitir\u00edan una exclusi\u00f3n de las disposiciones del Derecho interno que impidan garantizar la plena efectividad de la Directiva 1999\/70\/CE, aun cuando tengan rango constitucional?\u201d<\/p>\r\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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