{"id":255408,"date":"2026-10-08T11:02:14","date_gmt":"2026-10-08T09:02:14","guid":{"rendered":"https:\/\/fernandezadvocats.es\/?p=255408"},"modified":"2026-10-08T11:03:07","modified_gmt":"2026-10-08T09:03:07","slug":"responsabilidad-patrimonial-y-prevencion-de-riesgos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fernandezadvocats.es\/es\/responsabilidad-patrimonial-y-prevencion-de-riesgos\/","title":{"rendered":"Responsabilidad Patrimonial y Prevenci\u00f3n de Riesgos: La Administraci\u00f3n no puede eludir su deber activo de protecci\u00f3n (Sentencia AN de 22 de enero de 2026, Rec. 1006\/2024)"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"text-decoration: underline;\"><a href=\"https:\/\/fernandezadvocats.es\/sentencia-fet-prevencio-i-riscos-laborals-i-indemnitzacio-al-funcionari-accidentat\/\"><strong>Documento completo en PDF<\/strong><\/a><\/span><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una reciente sentencia de la Audiencia Nacional ha vuelto a poner el foco sobre dos pilares fundamentales del derecho administrativo y laboral: la responsabilidad patrimonial de la Administraci\u00f3n por funcionamiento anormal de los servicios p\u00fablicos y el alcance del deber de protecci\u00f3n del empleador en materia de prevenci\u00f3n de riesgos laborales. El caso analizado, que culmin\u00f3 con una indemnizaci\u00f3n de 20.000 euros para una funcionaria, ofrece claves interpretativas de gran relevancia para profesionales del derecho y para las mismas administraciones p\u00fablicas.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<h3 class=\"wp-block-heading\">1. Una ca\u00edda debida a los cables del equipo inform\u00e1tico bajo la mesa de la funcionaria<\/h3>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una funcionaria del Cuerpo de Auxilio Judicial sufri\u00f3 una ca\u00edda en su puesto de trabajo al enredarse con los cables del equipo inform\u00e1tico, que se encontraban sueltos bajo su mesa. Como consecuencia del accidente, sufri\u00f3 una fractura de h\u00famero que le ocasion\u00f3 lesiones y secuelas.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Administraci\u00f3n desestim\u00f3 su reclamaci\u00f3n de responsabilidad patrimonial argumentando, principalmente, que la funcionaria no hab\u00eda comunicado ninguna incidencia al servicio de mantenimiento, atribuy\u00e9ndole una parte de la responsabilidad por omisi\u00f3n de su deber de velar por su propia seguridad, de acuerdo con el art\u00edculo 29 de la Ley 31\/1995, de Prevenci\u00f3n de Riesgos Laborales. No obstante, la Audiencia Nacional revoca esta decisi\u00f3n y establece una serie de conclusiones de gran inter\u00e9s.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2. El deber de protecci\u00f3n es proactivo, no reactivo<\/h3>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El n\u00facleo de la sentencia radica en la ponderaci\u00f3n entre las obligaciones del trabajador (art\u00edculo 29 LPRL) y el deber de protecci\u00f3n del empleador (art\u00edculo 14 LPRL). La Sala es contundente: la obligaci\u00f3n del empleado de informar sobre situaciones de riesgo no exime ni aten\u00faa el deber principal e imperativo de la Administraci\u00f3n de garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Sentencia subraya que el empleador (ya sea p\u00fablico o privado) debe desarrollar una \u00abacci\u00f3n permanente de seguimiento de la actividad preventiva\u00bb. No basta con disponer de canales para comunicar incidencias; la Administraci\u00f3n tiene la obligaci\u00f3n de identificar, evaluar y controlar activamente los riesgos. Exculparse porque la trabajadora no avis\u00f3 del desorden de los cables supondr\u00eda una inversi\u00f3n inaceptable de la carga de la prevenci\u00f3n. Esta interpretaci\u00f3n refuerza la idea de que la prevenci\u00f3n de riesgos es una responsabilidad inherente a la organizaci\u00f3n del trabajo, y no una mera respuesta a las quejas de los empleados.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3. Principio de plena indemnidad: compatibilidad entre prestaciones e indemnizaci\u00f3n (RC)<\/h3>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Otro punto clave es el an\u00e1lisis del principio de plena indemnidad. La funcionaria ya hab\u00eda percibido 990 euros a trav\u00e9s del sistema de protecci\u00f3n espec\u00edfico para funcionarios (lesiones permanentes no incapacitantes). La Administraci\u00f3n alegaba que esta v\u00eda exclu\u00eda el sistema gen\u00e9rico de responsabilidad patrimonial.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Sala, siguiendo la doctrina consolidada del Tribunal Supremo, recuerda que ambos sistemas son compatibles. Las prestaciones derivadas de la normativa sectorial (como las de la Seguridad Social o reg\u00edmenes especiales) obedecen a un t\u00edtulo diferente y constituyen una evaluaci\u00f3n a priori del da\u00f1o causado en atenci\u00f3n al incumplimiento experimentado.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando esta prestaci\u00f3n no alcanza una reparaci\u00f3n integral del da\u00f1o, la responsabilidad patrimonial act\u00faa como un mecanismo complementario para satisfacer el principio de plena indemnidad. Por tanto, la percepci\u00f3n de una prestaci\u00f3n inicial no cierra la puerta a una reclamaci\u00f3n posterior si se demuestra un funcionamiento anormal del servicio p\u00fablico y un da\u00f1o no cubierto \u00edntegramente.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<h3 class=\"wp-block-heading\">4. La cuantificaci\u00f3n del da\u00f1o: El Baremo de tr\u00e1fico como referencia, no como norma<\/h3>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En cuanto a la cuantificaci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n, la sentencia reitera un criterio ya establecido: el baremo de la Ley 35\/2015 sobre accidentes de circulaci\u00f3n no es de aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica en el \u00e1mbito de la responsabilidad patrimonial. Aunque el art\u00edculo 34.2 de la Ley 40\/2015 permite utilizarlo como referencia, en este caso, la Sala opta por desplazarlo en favor de la \u00abnormativa sectorial aplicable para la determinaci\u00f3n de las indemnizaciones por lesiones (&#8230;) derivadas de accidente laboral\u00bb. A partir de aqu\u00ed, y teniendo en cuenta las circunstancias concretas (edad de la v\u00edctima, d\u00edas de curaci\u00f3n, secuelas funcionales y afectaci\u00f3n a su puesto de trabajo), fija discrecionalmente una cantidad global de 20.000 euros.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<h3 class=\"wp-block-heading\">5. Conclusiones e implicaciones pr\u00e1cticas de la Sentencia<\/h3>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por un lado, para las Administraciones P\u00fablicas (y empleadores en general), este pronunciamiento es un recordatorio contundente de que las pol\u00edticas de prevenci\u00f3n de riesgos deben ser activas y continuas. No se puede trasladar la responsabilidad de la detecci\u00f3n de riesgos a los trabajadores. La falta de mantenimiento adecuado de las condiciones del puesto de trabajo constituye un funcionamiento anormal del servicio. Consolida, por tanto, el argumentario para defender la compatibilidad de las prestaciones de la Seguridad Social con la indemnizaci\u00f3n por responsabilidad patrimonial. Adem\u00e1s, aclara la jerarqu\u00eda de normas a la hora de cuantificar el da\u00f1o, dando en este caso preferencia a la normativa espec\u00edfica de accidentes laborales sobre el Baremo de tr\u00e1fico (en l\u00ednea tambi\u00e9n con otros precedentes de la misma AN), lo que en la pr\u00e1ctica puede suponer tambi\u00e9n una rebaja para las cuantificaciones del da\u00f1o reclamado.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Finalmente, de cara a los empleados p\u00fablicos, les refuerza su derecho a una protecci\u00f3n eficaz y a una reparaci\u00f3n integral en caso de accidente laboral derivado de una negligencia de la Administraci\u00f3n, incluso si ya han recibido una prestaci\u00f3n inicial.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En definitiva, la resoluci\u00f3n de la Audiencia Nacional no solo hace justicia en un caso concreto, sino que reafirma principios esenciales que delimitan las obligaciones de la Administraci\u00f3n como garante de la seguridad en el entorno laboral.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El presente art\u00edculo es meramente divulgativo y no supone asesoramiento ni compromiso de actualizaci\u00f3n. Para m\u00e1s informaci\u00f3n o asesoramiento, contacte con info@fernandezadvocats.es<\/p>\r\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Documento completo en PDF Una reciente sentencia de la Audiencia Nacional ha vuelto a poner el foco sobre dos pilares fundamentales del derecho administrativo y laboral: la responsabilidad patrimonial de la Administraci\u00f3n por funcionamiento anormal de los servicios p\u00fablicos y el alcance del deber de protecci\u00f3n del empleador en materia de prevenci\u00f3n de riesgos laborales. 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