{"id":255516,"date":"2026-10-29T10:34:08","date_gmt":"2026-10-29T09:34:08","guid":{"rendered":"https:\/\/fernandezadvocats.es\/?p=255516"},"modified":"2026-10-29T10:34:08","modified_gmt":"2026-10-29T09:34:08","slug":"titulo-falso-nombramiento-funcionario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fernandezadvocats.es\/es\/titulo-falso-nombramiento-funcionario\/","title":{"rendered":"T\u00edtulo falso, nombramiento nulo: Comentario al Dictamen CJA n\u00ba 55\/2026 de 19 de febrero"},"content":{"rendered":"

Documento completo en PDF<\/strong><\/a><\/span><\/p>\r\n\r\n

T\u00edtulo falso, nombramiento nulo: Comentario al Dictamen CJA n\u00ba 55\/2026 de 19 de febrero<\/h2>\r\n\r\n\r\n\r\n

Un reciente dictamen de la Comisi\u00f3n Jur\u00eddica Asesora (CJA) ha dado luz verde al Ayuntamiento de Barcelona para declarar la nulidad de pleno derecho del nombramiento de una funcionaria de carrera que accedi\u00f3 a su plaza, presuntamente, con un t\u00edtulo acad\u00e9mico manipulado. El caso, que se inici\u00f3 a ra\u00edz de una comunicaci\u00f3n en la Buz\u00f3n \u00c9tico y de Buen Gobierno, pone de manifiesto la importancia de los requisitos esenciales en el acceso a la funci\u00f3n p\u00fablica y la contundencia de los mecanismos de revisi\u00f3n de la Administraci\u00f3n.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

1. Los hechos<\/h3>\r\n\r\n\r\n\r\n

El caso se remonta a diciembre de 2023, cuando el alcalde de Barcelona nombr\u00f3 a varios funcionarios de carrera que hab\u00edan superado un proceso de estabilizaci\u00f3n, incluyendo a la funcionaria objeto del expediente de revisi\u00f3n. M\u00e1s de un a\u00f1o despu\u00e9s, en febrero de 2025, una comunicaci\u00f3n en la Buz\u00f3n \u00c9tico y de Buen Gobierno del Ayuntamiento alert\u00f3 que la funcionaria podr\u00eda haber presentado un t\u00edtulo acad\u00e9mico manipulado. Tras una investigaci\u00f3n interna, que incluy\u00f3 consultas al Ministerio de Educaci\u00f3n, Formaci\u00f3n Profesional y Deportes, se confirm\u00f3 que no constaba ning\u00fan t\u00edtulo a nombre de la interesada. Adem\u00e1s, se detectaron indicios de falsedad documental que fueron comunicados a la Fiscal\u00eda. A ra\u00edz de estos hechos, el Ayuntamiento inici\u00f3 un procedimiento de revisi\u00f3n de oficio para anular el nombramiento de la funcionaria.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

2. El fundamento jur\u00eddico de la revisi\u00f3n: la falta de un requisito esencial (art. 47.1.f LPAC)<\/h3>\r\n\r\n\r\n\r\n

El Ayuntamiento fundament\u00f3 su actuaci\u00f3n en el art\u00edculo 47.1.f) de la Ley del Procedimiento Administrativo Com\u00fan (LPAC). Este precepto establece que son nulos de pleno derecho los actos administrativos \u00abpor los cuales se adquieren facultades o derechos cuando no se tengan los requisitos esenciales para adquirirlos\u00bb. La CJA, en su dictamen, confirma que la posesi\u00f3n de la titulaci\u00f3n acad\u00e9mica exigida en una convocatoria no es un mero tr\u00e1mite, sino un \u00abrequisito esencial\u00bb. Su ausencia provoca un \u00abchoque cualificado\u00bb con el ordenamiento jur\u00eddico que impide que el acto de nombramiento nazca de manera v\u00e1lida. El \u00f3rgano consultivo recuerda su doctrina consolidada (recogida, entre otras, en el Dictamen CJA n\u00ba 260\/2021), donde se afirma que la falta de titulaci\u00f3n es una causa de nulidad de pleno derecho.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

3. La defensa de la funcionaria y el parecer de la CJA<\/h3>\r\n\r\n\r\n\r\n

La funcionaria afectada aleg\u00f3, entre otros motivos, la vulneraci\u00f3n de su derecho a la presunci\u00f3n de inocencia y solicit\u00f3 la suspensi\u00f3n del procedimiento administrativo hasta que no hubiera una sentencia penal firme sobre la presunta falsedad documental. Argumenta tambi\u00e9n que la suspensi\u00f3n provisional del nombramiento no est\u00e1 suficientemente motivada y que en todo caso deber\u00eda aplicarse el r\u00e9gimen disciplinario respecto a la suspensi\u00f3n provisional de funciones, o que ser\u00eda una separaci\u00f3n del servicio encubierta, lo que consideraba que no ser\u00eda procedente sin seguir un procedimiento disciplinario contradictorio. No obstante, la CJA rechaza este argumento, pues distingue entre el objeto del proceso penal (determinar si se cometi\u00f3 un delito de falsedad) y el objeto del procedimiento de revisi\u00f3n administrativa (constatar si la persona cumpl\u00eda los requisitos en el momento del nombramiento). Seg\u00fan la Comisi\u00f3n, aunque una sentencia penal no confirmase el delito, la realidad administrativa ser\u00eda exactamente la misma: la interesada continuar\u00eda sin disponer del t\u00edtulo necesario para ocupar la plaza.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

4. Consecuencias de la revisi\u00f3n de oficio<\/h3>\r\n\r\n\r\n\r\n

El dictamen concluye informando favorablemente sobre la revisi\u00f3n de oficio. La declaraci\u00f3n de nulidad tiene efectos ex tunc, es decir, se retrotrae al momento en que se dict\u00f3 el acto. Esto implica que el nombramiento se considera como si nunca hubiera existido. En consecuencia, la nulidad comporta la p\u00e9rdida de las retribuciones percibidas y de cualquier otro derecho derivado del nombramiento, dejando sin efecto la relaci\u00f3n funcionarial desde su origen.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

5. Comentario valorativo final<\/h3>\r\n\r\n\r\n\r\n

El Dictamen CJA n\u00ba 55\/2026 analizado en este art\u00edculo no deja margen para la duda sobre la procedencia de la nulidad. No obstante, un an\u00e1lisis cr\u00edtico permite extraer diversas reflexiones relevantes en las instituciones en juego y en fricci\u00f3n en todo el panorama que presenta el caso objeto del Dictamen:<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

    \r\n
  • La prejudicialidad penal frente a la realidad administrativa comprobable: La CJA traza una l\u00ednea divisoria muy clara entre el procedimiento penal y el administrativo. Aunque jur\u00eddicamente es una distinci\u00f3n impecable, decisiones como esta confirman que, en la pr\u00e1ctica, se evidencia la potencia de la autotutela administrativa. La Administraci\u00f3n no necesita esperar que un juez penal confirme la falsedad, pues basta con constatar la falta del requisito objetivo (la existencia o no del t\u00edtulo) para poder actuar. Esto acelera la restauraci\u00f3n de la legalidad, pero tambi\u00e9n concentra un poder de decisi\u00f3n enorme en la Administraci\u00f3n, basado en sus propias comprobaciones administrativas (en este caso, v\u00eda Ministerio), frente a las que se derivan de un proceso penal con todas las garant\u00edas, y adem\u00e1s preferente ex art. 44 LOPJ. Sin embargo, es cierto que en t\u00e9rminos generales, se admite que no se suspenda el procedimiento contencioso-administrativo si, existiendo una cuesti\u00f3n penal prejudicial, se puede perfectamente prescindir de esta para (sic.) \u201cadoptar la debida decisi\u00f3n\u201d, sin que (sic.) \u201ctampoco condicionara directamente el contenido de la misma\u201d (STS de 9 de junio de 1998; o la STSJ Catalu\u00f1a de 11 de febrero de 2000, entre otras). Por su parte, la STSJ Andaluc\u00eda de M\u00e1laga, sec. 1\u00aa, n\u00ba 313\/2019 de 31 de enero (rec. 264\/2017) tambi\u00e9n se postulaba por la indiferencia de si reca\u00eda o no condena penal en torno a la titulaci\u00f3n empleada por el funcionario para obtener el nombramiento, que tambi\u00e9n se hab\u00eda podido verificar interadministrativamente con la Administraci\u00f3n competente en materia de estas titulaciones. Cabe pues hilar fino en si se condiciona o no, y si realmente se puede prescindir de la no-finalizaci\u00f3n de la sentencia penal por presunta falsedad. No obstante, cabe manifestar que en otros casos de \u00edndole similar al analizado, lo cierto es que se hab\u00eda considerado la suspensi\u00f3n del procedimiento de revisi\u00f3n a expensas del resultado del procedimiento penal destinado a verificar la conducta del funcionario (vid. STSJ Castilla La Mancha, sec. 2\u00aa, n\u00ba 356\/2003, rec. 600\/1999, donde un funcionario hab\u00eda aportado un resguardo de haber abonado los derechos de expedici\u00f3n del t\u00edtulo universitario, y la Consejer\u00eda habr\u00eda constatado que no dispon\u00eda de t\u00edtulo, siendo que seguido el expediente de revisi\u00f3n de oficio, el propio \u00f3rgano consultivo pasaba el tanto de culpa a la jurisdicci\u00f3n penal, quedando la revisi\u00f3n de oficio suspendida, hasta la sentencia firme del orden penal que le condenaba por un delito de intrusismo).<\/li>\r\n\r\n\r\n\r\n
  • La suspensi\u00f3n del nombramiento objeto de revisi\u00f3n de oficio: Uno de los temas a destacar en este caso es si realmente se puede plantear la suspensi\u00f3n del nombramiento de funcionario ampar\u00e1ndose en el art\u00edculo 108 LPAC. Ciertamente, existe esta posibilidad legal de suspenderlo, pero no hay que pasar por alto que siempre que haya \u201cperjuicios de reparaci\u00f3n imposible o dif\u00edcil\u201d, lo que no se puede interpretar extensivamente, ni tampoco se puede extrapolar al supuesto da\u00f1o que la situaci\u00f3n pueda causar a la imagen del servicio p\u00fablico (no hay que pasar por alto tampoco que el funcionario implicado en los hechos, con independencia de disponer del t\u00edtulo o no y las consecuencias que tendr\u00eda esto de confirmarse, ha pasado un proceso selectivo que se supone ha verificado su capacidad para el desarrollo de las funciones \u2013 en este caso, a trav\u00e9s de un concurso de m\u00e9ritos -, y que del expediente se infiere que ha realizado durante m\u00e1s de un a\u00f1o, sin que por parte del Ayuntamiento se haga constar ning\u00fan tipo de incidencia o disfunci\u00f3n en este sentido que, de existir, se podr\u00eda considerar como motivo o argumento que avalase la idoneidad de la suspensi\u00f3n). No obstante y en pureza, no se aprecia esta imposible reparaci\u00f3n, ya que el efecto de la nulidad, si se confirma, como ya se dice en el Dictamen ser\u00e1 ex tunc, y por tanto, se retrotrae al momento de dictarse el acto revisado (incluso antes del inicio de la revisi\u00f3n y de la suspensi\u00f3n decretada). Independientemente de la oportunidad de esta medida, lo cierto es que tiene una traslaci\u00f3n funcionarial concreta y anticipada, que implica de facto una situaci\u00f3n completamente desprotectora para el funcionario afectado a multinivel y con implicaciones en diferentes facetas (no solo a nivel de sueldo y desarrollo efectivo de funciones, sino tambi\u00e9n a nivel de carrera administrativa, servicios prestados, etc.). Empleando dial\u00e9cticamente, a contrario sensu, el argumentario administrativista de la tutela cautelar que a menudo alegan las Administraciones P\u00fablicas, si no se constata una situaci\u00f3n irreversible o de muy dif\u00edcil reparaci\u00f3n, ser\u00e1 entonces tambi\u00e9n dif\u00edcil poder justificar la procedencia de esta medida cautelar considerada a la hora de iniciar la revisi\u00f3n de oficio. Aun as\u00ed es cierto que la Administraci\u00f3n puede estar fuertemente condicionada por el esc\u00e1ndalo que la situaci\u00f3n (conocida indiciariamente y ahora mismo objeto de un procedimiento penal destinado a verificarla) le puede generar interna y externamente, y ser\u00e1 un elemento que explique la suspensi\u00f3n efectuada, m\u00e1s all\u00e1 de que no se constata que se enfrente a una situaci\u00f3n irreversible.<\/li>\r\n\r\n\r\n\r\n
  • Los efectos ex tunc de la nulidad: La consecuencia m\u00e1s dura para la persona afectada es, sin duda, el efecto retroactivo de la nulidad. La p\u00e9rdida de todas las retribuciones percibidas despu\u00e9s de m\u00e1s de un a\u00f1o de servicio efectivo es una medida de una severidad extrema. Aunque es la consecuencia l\u00f3gica de la nulidad de pleno derecho (lo que es nulo no produce efectos), abre un debate sobre si el ordenamiento deber\u00eda prever mecanismos para modular estos efectos en casos donde, a pesar de la invalidez del acto, ha habido una prestaci\u00f3n de servicios real y efectiva a favor de la Administraci\u00f3n. El dictamen no entra a valorar este aspecto, limit\u00e1ndose a aplicar la consecuencia legal de manera autom\u00e1tica.<\/li>\r\n\r\n\r\n\r\n
  • El sistema de Buz\u00f3n \u00c9tico como mecanismo de control interno y apto para la revisi\u00f3n de oficio: Este caso demuestra la eficacia de los canales de denuncia internos que dispone el Ayuntamiento como herramienta para la salvaguarda de la integridad y la legalidad en la Administraci\u00f3n P\u00fablica. El Buz\u00f3n \u00c9tico no act\u00faa solo como un receptor pasivo de quejas, sino como el verdadero catalizador que activa una potente maquinaria de revisi\u00f3n. Es un ejemplo positivo de c\u00f3mo los mecanismos de buen gobierno pueden tener consecuencias jur\u00eddicas directas y tangibles. No obstante, el Dictamen precisa que el expediente se instruye de oficio (no a instancia de parte), lo que tiene otras implicaciones jur\u00eddicas, como la necesidad de respetar los plazos de resoluci\u00f3n y caducidad.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n\r\n\r\n\r\n

    En conclusi\u00f3n, el Dictamen es un recordatorio contundente de que el acceso a la funci\u00f3n p\u00fablica se basa en principios de m\u00e9rito y capacidad que deben ser acreditados de manera fehaciente. Aunque la soluci\u00f3n jur\u00eddica es incuestionable, sus consecuencias pr\u00e1cticas ponen de manifiesto la tensi\u00f3n existente entre la necesaria seguridad jur\u00eddica, el principio de legalidad y la protecci\u00f3n de los derechos individuales, incluso cuando estos se han adquirido sobre una base inv\u00e1lida. *El presente art\u00edculo es meramente divulgativo y no supone asesoramiento ni compromiso de actualizaci\u00f3n.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

    Para m\u00e1s informaci\u00f3n o asesoramiento, contacte con info@fernandezadvocats.es.<\/p>\r\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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