Proceso de estabilización y Ley 20/2021: Consecuencias del retraso en los plazos
La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, estableció medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público, fijando el 31 de diciembre de 2024 como fecha límite para finalizar los procesos de estabilización. Sin embargo, muchas administraciones públicas no han cumplido con este plazo, generando incertidumbre jurídica y dudas sobre las posibles consecuencias de este incumplimiento.
¿Los plazos de la Ley 20/2021 son esenciales o solo orientativos?
Una de las principales dudas es si superar el plazo establecido implica la invalidez de los procesos de estabilización u otras repercusiones legales. La Dirección General de Función Pública, en su Consulta núm. 157/2022-MMM, interpretó que estos plazos tienen un carácter no esencial, aunque siguen siendo obligatorios dentro del marco de los compromisos adquiridos con la Comisión Europea dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Extractos destacados de la Consulta 157/2022-MMM:
📌 «Los plazos de la Ley 20/2021 carecen desde el punto de vista jurídico de carácter esencial y su dilación supondría un vicio subsanable.»
📌 «Si se producen disfunciones en las fechas anteriores, pero se llega al objetivo final, se continuaría satisfaciendo el propósito de reducción de la temporalidad en el empleo público.»
Esto implica que, aunque el retraso no invalida los procesos, sí puede afectar la disponibilidad de fondos europeos para su financiación.
Implicaciones jurídicas según el TJUE
Desde la publicación de esta consulta, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido nuevas interpretaciones sobre la estabilización del empleo público, destacando la Sentencia de la Sala Sexta del 13 de junio de 2024 (C-331/22 y C-332/22).
🔹 Principales críticas del TJUE a los procesos de estabilización:
✔️ No garantizan una sanción adecuada contra el abuso de la temporalidad.
✔️ Permiten la participación de candidatos externos, afectando a los trabajadores temporales perjudicados.
✔️ La indemnización para los empleados que no superen el proceso selectivo no es una medida suficiente.
Estas valoraciones ponen en duda la efectividad de los procesos de estabilización como medida para corregir el uso abusivo de la temporalidad en el sector público.
¿Qué pasa si no se cumple el plazo de la Ley 20/2021?
Aunque la ley no establece consecuencias específicas por el incumplimiento de los plazos, esto no significa que no tenga implicaciones legales.
💡 Aspectos clave a considerar:
➡️ Posible nulidad de los procesos si se interpreta que el retraso afecta los derechos de los trabajadores.
➡️ Pérdida de financiación europea por el incumplimiento de los compromisos del PRTR.
➡️ Derecho de los afectados a reclamar indemnizaciones si pueden demostrar un perjuicio derivado del retraso.
Conclusión: ¿Cómo actuar ante esta situación?
Ante la incertidumbre jurídica actual, es fundamental analizar cada caso de forma individual y evaluar las posibles acciones legales para proteger los derechos de los afectados.
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