Una interesante y bastante reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) aclara las condiciones bajo las cuales un funcionario interino puede solicitar su rehabilitación tras superar una incapacidad permanente. La resolución, que desestima el recurso de una ex-funcionaria interina, establece dos criterios fundamentales que todo profesional del derecho administrativo debe conocer: el sentido negativo del silencio administrativo en estos casos y, sobre todo, la necesidad de que la plaza original continúe existiendo en el momento de la solicitud.
1. Antecedentes del caso
El caso lo inicia una funcionaria interina que prestaba servicios como auxiliar de policía local en el Ayuntamiento de Castell-Platja d’Aro desde 1990. En el año 2000, fue declarada en situación de incapacidad permanente total, lo que extinguió su relación de servicio. Dieciocho años más tarde, en 2018, una resolución del INSS declaró que ya no se encontraba en ningún grado de incapacidad. En consecuencia, la funcionaria solicitó al Ayuntamiento su rehabilitación. Ante la falta de respuesta de la administración, recurrió a los tribunales contencioso-administrativos, iniciando un litigio que ha culminado con esta sentencia.
2. El debate jurídico de las cuestiones planteadas por la funcionaria
El tribunal centró su análisis en dos debates principales:
- El sentido del silencio administrativo
- El derecho a la rehabilitación del funcionario interino: un derecho condicionado
La recurrente defendía que la falta de respuesta del Ayuntamiento en el plazo de seis meses debía interpretarse como un silencio administrativo positivo, basándose en el artículo 7.3 del Decreto 2669/1998, que regula el procedimiento de rehabilitación para funcionarios de la Administración General del Estado. No obstante, el TSJCat desestima este argumento de manera contundente. Recuerda que un reglamento (como el citado decreto) no puede contradecir una norma con rango de ley. En este sentido, tanto la legislación estatal (artículo 24.1 de la LPAC) como la autonómica (artículo 54.1 de la Ley catalana de procedimiento 26/2010) establecen que el silencio será negativo cuando la solicitud implique la transferencia de facultades relativas al servicio público o tenga consecuencias económicas. La rehabilitación de un funcionario cumple ambas condiciones, por lo que el tribunal concluye que el silencio del Ayuntamiento fue desestimatorio.
Este es el núcleo de la sentencia. La recurrente argumentaba que el artículo 68.1 del TREBEP reconoce el derecho a la rehabilitación sin distinguir entre funcionarios de carrera e interinos. El tribunal le da la razón en este punto, pero con un matiz decisivo pues, para interpretar correctamente este derecho, el artículo 68.1 debe ponerse en conexión con el artículo 10.3 del TREBEP, que regula las causas de finalización de la relación de interinidad. Según el TSJCat, un funcionario interino tiene derecho a ser rehabilitado, siempre que no concurra alguna de las causas que habrían motivado su cese. Una de estas causas es, precisamente, «la supresión o amortización de los puestos asignados».
3. La valoración de la prueba: la clave del desenlace
Una vez establecido el marco jurídico, la resolución del caso dependía de si la plaza de auxiliar de policía local que ocupaba la recurrente existía en el momento de su solicitud de rehabilitación (12 de julio de 2018). El Ayuntamiento aportó una serie de pruebas: a) Los plantillas orgánicas y las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) de los años 2015, 2016 y 2017 incluían plazas de auxiliar de policía local; b) No obstante, en la RPT aprobada en febrero de 2018, meses antes de la solicitud, estas plazas ya habían sido suprimidas. El Tribunal rechaza el argumento de la recurrente de que su plaza se había «convertido» en una de agente de policía, constatando que se trataba de categorías diferentes, con funciones y niveles retributivos distintos. En consecuencia, al no existir la plaza en el momento de la petición, el derecho a la rehabilitación no podía ser reconocido.
4. Implicaciones de la sentencia
Esta sentencia ofrece diversas conclusiones de alto interés práctico:
- Silencio negativo de estas peticiones: Las solicitudes de rehabilitación de funcionarios, al implicar el ejercicio de servicio público y tener efectos económicos, generan silencio administrativo negativo.
- Derecho a la rehabilitación para interinos: Se confirma que los funcionarios interinos tienen derecho a la rehabilitación tras superar una incapacidad, equiparándose en este punto a los de carrera. También cabe preguntarse la aplicabilidad de esta doctrina al personal laboral interino de la Administración, condicionado también a la existencia de vacante.
- Condición sine qua non: Este derecho no es absoluto. Está supeditado a que la plaza que ocupaban continúe existiendo y esté vacante en el momento de la solicitud.
- Importancia de la RPT: La Relación de Puestos de Trabajo se convierte en el documento probatorio fundamental para acreditar la existencia o supresión de una plaza.
En definitiva, el TSJ de Cataluña consolida una interpretación que equilibra el derecho del funcionario interino a la reincorporación con el principio de autoorganización de la Administración, que tiene la potestad de modificar sus estructuras de personal según las necesidades del servicio.
El presente artículo es meramente divulgativo y no supone asesoramiento ni compromiso de actualización.
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