Detrás de todo procedimiento penal existen personas que afrontan situaciones de enorme preocupación incertidumbre y, en muchas ocasiones, un profundo impacto en su vida personal, familiar y profesional.
Esta realidad adquiere una especial relevancia cuando el procedimiento se desarrolla en el ámbito de la violencia de género y, desde las primeras diligencias, se adoptan medidas cautelares que pueden limitar de manera significativa la libertad de movimientos y la posibilidad de comunicación de la persona investigada.
En estos procedimientos, la actuación de la defensa desde las primeras fases de la instrucción resulta especialmente importante. La investigación penal no debe limitarse a recoger la versión inicialmente aportada por las partes, sino que debe permitir contrastar los hechos denunciados, practicar las diligencias necesarias y determinar si existen elementos objetivos suficientes que justifiquen la continuación del procedimiento.
Recientemente, nuestro despacho ha asumido la defensa de una persona investigada en unas diligencias previas por presuntos delitos de violencia de género, amenazas, lesiones y acoso, procedimiento en el que, desde el inicio, se había acordado una orden de protección que incluía medidas de prohibición de aproximación y comunicación.
Tras un análisis individualizado del procedimiento, la propuesta y seguimiento de diferentes diligencias de investigación y el acompañamiento de nuestro cliente durante la instrucción, se ha obtenido un resultado especialmente favorable: el Tribunal ha acordado dejar sin efecto la orden de protección y, posteriormente, ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias al considerar que no resultaba debidamente justificada la perpetración del delito investigado. Este resultado pone de manifiesto la importancia de una defensa penal activa desde las primeras fases del procedimiento.
1. Orden de protección y su carácter cautelar
Al inicio de las diligencias se acordó una orden de protección respecto de nuestro cliente, que incluía, entre otras medidas, la prohibición de aproximación y de comunicación con la persona denunciante.
Las órdenes de protección constituyen instrumentos destinados a proporcionar una respuesta rápida ante situaciones en las que puedan concurrir circunstancias que permitan apreciar una situación objetiva de riesgo para determinadas personas. Su finalidad es eminentemente preventiva y cautelar.
Por ello, es importante distinguir entre una medida cautelar y una resolución sobre el fondo del procedimiento penal.
El establecimiento de una orden de protección no supone una declaración de culpabilidad ni constituye una anticipación de la eventual responsabilidad penal de la persona investigada. Se trata de una medida adoptada durante la tramitación del procedimiento cuya finalidad es prevenir posibles situaciones de riesgo mientras se desarrolla la investigación.
Precisamente por su naturaleza cautelar, estas medidas deben mantenerse mientras concurran las circunstancias que las justifican y pueden ser revisadas cuando se produzca una modificación relevante de la situación existente.
En el presente procedimiento, durante la tramitación de las diligencias, la persona inicialmente protegida manifestó su voluntad de que la orden de protección dejara de estar vigente, al considerar que la situación de riesgo había cesado.
Esta circunstancia fue valorada conjuntamente con el resto de los elementos existentes en el procedimiento.
Tras examinar las circunstancias concurrentes, el Tribunal concluyó que no persistía una situación objetiva de riesgo que justificara el mantenimiento de las medidas acordadas inicialmente y, en consecuencia, acordó formalmente el alzamiento de la orden de protección y de las prohibiciones que llevaba aparejadas.
Se trata de una decisión especialmente relevante para la persona investigada, dado que la desaparición de estas medidas cautelares permite recuperar la normalidad en determinados ámbitos de su vida cotidiana y elimina las restricciones que habían sido impuestas durante la investigación.
No obstante, debe insistirse en que el alzamiento de una orden de protección y el archivo posterior de las actuaciones son decisiones distintas, aunque en este caso ambas hayan terminado produciéndose dentro del mismo procedimiento.
2. Importancia de la una defensa activa durante la fase de instrucción
La fase de instrucción desempeña una función esencial dentro del procedimiento penal.
Una denuncia determina la puesta en marcha de la investigación judicial y puede dar lugar a la práctica de numerosas diligencias, pero la existencia de una denuncia no determina por sí misma que los hechos denunciados hayan quedado acreditados ni que necesariamente deba llegarse a una fase de enjuiciamiento.
La función de la instrucción consiste precisamente en investigar los hechos y determinar si existen elementos suficientes que permitan sostener la existencia de un delito y la participación de una determinada persona en el mismo.
Por este motivo, desde nuestra perspectiva, la defensa no puede adoptar una posición meramente pasiva durante esta fase.
En el presente caso, se analizó de manera exhaustiva el contenido de las actuaciones y la versión de los hechos sostenida en la denuncia, identificando aquellos aspectos que requerían ser contrastados mediante diligencias de investigación.
A lo largo del procedimiento se interesó la práctica de diferentes diligencias encaminadas a comprobar objetivamente los episodios relatados, entre ellas la aportación de comunicaciones, la identificación y eventual declaración de testigos, la incorporación de fotografías, grabaciones y conversaciones, así como otros elementos que permitieran contrastar las diferentes versiones existentes.
El objetivo de estas actuaciones no era únicamente negar genéricamente los hechos denunciados, sino aportar al procedimiento elementos objetivos que permitieran al órgano judicial realizar una valoración completa y suficientemente fundamentada de lo sucedido.
La defensa puso especial atención en aquellos elementos que permitían cuestionar determinados episodios expuestos en la denuncia, así como en las circunstancias que podían resultar relevantes para valorar la existencia de los delitos investigados.
En este tipo de procedimientos, la diferencia entre una defensa meramente reactiva y una defensa activa puede resultar determinante.
No basta con esperar a que la acusación aporte sus elementos de prueba. Es necesario analizar el expediente, detectar sus puntos débiles, identificar qué hechos pueden ser contrastados objetivamente y solicitar las diligencias necesarias para que el órgano judicial disponga de todos los elementos relevantes antes de adoptar una decisión sobre la continuación del procedimiento.
3. La relevancia de las diligencias de investigación
Uno de los aspectos fundamentales del trabajo desarrollado en este procedimiento fue precisamente la identificación de aquellas diligencias que podían contribuir a esclarecer los hechos. Las comunicaciones mantenidas entre las partes, los mensajes, las fotografías, las grabaciones o la declaración de terceras personas pueden adquirir una especial relevancia cuando existen versiones contradictorias sobre determinados acontecimientos.
En este sentido, como defensa interesamos la incorporación al procedimiento de diferentes elementos que permitían contrastar los episodios descritos inicialmente.
Asimismo, se puso de manifiesto la relevancia de determinadas diligencias que habían sido solicitadas o consideradas necesarias durante la investigación y que finalmente no habían sido atendidas por parte de la acusación.
La ausencia de determinados elementos probatorios no significa automáticamente que una denuncia sea falsa ni que los hechos no hayan ocurrido. Sin embargo, desde una perspectiva estrictamente procesal, sí puede resultar determinante cuando, después de la investigación, no existen elementos suficientes que permitan considerar debidamente acreditada la perpetración del delito investigado.
En el presente caso, el órgano judicial tuvo en consideración precisamente la situación probatoria existente al finalizar esta fase de investigación.
A ello se añadió la evolución de las circunstancias relativas a la orden de protección y, en particular, la manifestación de la persona inicialmente protegida respecto al cese de la situación de riesgo.
El conjunto de estos elementos permitió al Tribunal realizar una valoración global de la situación y adoptar una decisión favorable a los intereses de nuestro cliente.
4. El archivo provisional de la causa
Una vez finalizadas las actuaciones de investigación, el Tribunal acordó el sobreseimiento provisional y archivo de la causa, al considerar que no resultaba debidamente justificada la perpetración del delito que había dado lugar a la incoación de las diligencias previas.
Esta resolución encuentra su fundamento, entre otros, en el artículo 641.1 de la LECrim, que contempla el sobreseimiento provisional cuando no resulte debidamente justificada la perpetración del delito que haya dado motivo a la formación de la causa.
La diferencia entre un sobreseimiento provisional y una sentencia absolutoria debe ser claramente entendida.
El sobreseimiento provisional no equivale técnicamente a una sentencia absolutoria ni supone una declaración definitiva de inexistencia del delito. Se trata de una resolución adoptada durante la fase de investigación cuando, con los elementos disponibles, no existe base suficiente para continuar adelante con el procedimiento penal.
Precisamente por ello, debe distinguirse entre el resultado procesal obtenido y una eventual sentencia absolutoria tras la celebración de un juicio.
En este caso, el resultado obtenido supone que, con los elementos existentes en ese momento, el órgano judicial consideró que no existía una base probatoria suficiente para continuar la tramitación de las diligencias en los términos inicialmente planteados.
El archivo provisional constituye, por tanto, un resultado procesal especialmente favorable para nuestro cliente, al poner fin a la investigación en esta fase y evitar que el procedimiento avance hacia fases posteriores sin que exista una base suficiente que justifique dicha continuación.
5. Conclusiones
Este caso constituye un claro ejemplo de la importancia de una defensa penal rigurosa, activa y personalizada.
En procedimientos especialmente sensibles, como aquellos relacionados con presuntos delitos de violencia de género, amenazas, lesiones o acoso, la defensa debe desarrollarse con el máximo rigor jurídico, respetando en todo momento los derechos de todas las personas implicadas y evitando cualquier valoración ajena al objeto estrictamente jurídico del procedimiento.
La existencia de una denuncia no exime de la necesidad de investigar y contrastar los hechos. Del mismo modo, la adopción de una medida cautelar no equivale a una declaración de culpabilidad.
La función de la defensa consiste, entre otras cuestiones, en garantizar que la persona investigada pueda ejercer plenamente sus derechos y que el procedimiento se desarrolle con todas las garantías, aportando los elementos necesarios para que el órgano judicial pueda valorar la situación de manera completa y objetiva.
En el presente asunto, el trabajo desarrollado durante la fase de instrucción permitió obtener el alzamiento de la orden de protección y, posteriormente, el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias.
Más allá del resultado concreto, el caso refleja nuestra manera de entender la defensa penal: analizar cada expediente de forma individualizada, estudiar todas las alternativas posibles, actuar desde las primeras fases del procedimiento y defender los intereses de nuestros clientes con rigor, estrategia y máximo compromiso profesional.
El presente artículo es meramente divulgativo y no supone asesoramiento ni compromiso de actualización.
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