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Uno de los delitos que con mayor frecuencia tramitamos en nuestro despacho es el delito de alcoholemia. Muchas personas tienden a pensar que se trata simplemente de una mula de tráfico agravado, pero lo cierto es que nos encontramos ante un auténtico procedimiento penal que puede tener consecuencias muy relevantes para la persona investigada, no solo desde el punto de vista económico, sino también personal, familiar y profesional.
Una condena por alcoholemia puede implicar antecedentes penales, la retirada del permiso de conducir durante largos periodos de tiempo, la pérdida del puesto de trabajo en determinados sectores profesionales e incluso, en algunos supuestos, el ingreso en prisión. Precisamente por ello, resulta fundamental conocer cómo se regula este delito, cuáles son los derechos del conductor y qué elementos deben concurrir para que exista realmente responsabilidad penal.
¿Qué es exactamente el delito de alcoholemia?
El delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas se regula en el art. 379 del CP. No obstante, es importante comprender que dicho precepto no contempla una única modalidad delictiva, sino dos formas distintas de cometer el delito, cuestión que la jurisprudencia ha denominado habitualmente «tipicidad desdoblada» (como ejemplo Sentencia de la sección 7 de la Audiencia Provincial de Barcelona, nº 454/2019, de 29 de mayo)
Conducción “bajo la influencia” (Tasa entre 0.25 y 0.6 mg/l)
Nos encontramos ante la modalidad clásica y más subjetiva del delito de alcoholemia.
Esta situación se produce cuando el conductor arroja una tasa de alcohol superior a la permitida administrativamente, pero inferior a 0,60 mg/l en aire espirado. Conviene recordar que, con carácter general, la normativa administrativa sanciona a partir de 0,25 mg/l, aunque para conductores noveles y profesionales el límite es todavía inferior.
Ahora bien, en estos casos no basta simplemente con dar positivo en la prueba. La jurisprudencia exige que la acusación acredite que el alcohol consumido influyó efectivamente en la conducción, afectando a las capacidades psicofísicas del conductor y generando un riesgo real para la seguridad vial.
Por ello, en esta modalidad adquieren especial relevancia los denominados “síntomas externos de embriaguez”, es decir, todos aquellos signos apreciados por los agentes actuantes que permiten concluir que el alcohol estaba afectando de manera efectiva a la conducción.
Entre los síntomas más habituales encontramos: habla pastosa, dificultades de coordinación, deambulación inestable, ojos enrojecidos o vidriosos, fuerte olor a alcohol, comportamiento agresivo o desorientado, respuestas incoherentes, conducción irregular, invasiones de carril, exceso de velocidad,…
Por tanto, en estos supuestos, el resultado del etilómetro constituye únicamente un elemento más de prueba, pero no suficiente por sí solo para fundamentar una condena penal.
De hecho, no son infrecuentes las absoluciones cuando, pese a existir una tasa positiva, no concurren síntomas externos relevantes o no se acredita una afectación real de la conducción.
Conducción con una tasa objetiva
El segundo inciso del artículo 379 CP establece de forma expresa:
“En todo caso será condenado quien condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro”.
En este caso nos encontramos ante un delito de peligro abstracto.
Ello significa que el legislador presume, sin admitir prueba en contrario, que conducir con una tasa superior a 0,60 mg/l constituye por sí mismo un riesgo intolerable para la seguridad vial.
A diferencia de la modalidad anterior, aquí ya no es necesario acreditar síntomas externos relevantes ni una conducción peligrosa. Tampoco importa que el conductor circulara correctamente o que no hubiera provocado accidente alguno. El simple hecho de superar dicha tasa constituye automáticamente un delito.
Precisamente por ello, muchos conductores se sorprenden cuando son investigados penalmente pese a considerar que “conducían perfectamente”. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, la superación objetiva de la tasa convierte automáticamente la conducta en delictiva.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que los márgenes de error del etilómetro adquieren aquí una enorme importancia práctica. En determinados supuestos, especialmente cuando la tasa obtenida se encuentra muy próxima al límite penal, la defensa puede analizar si procede aplicar dichos márgenes para cuestionar la existencia misma del delito.
Penas asociadas al delito de alcoholemia
El artículo 379 CP establece varias penas alternativas para este delito, si bien la retirada del permiso de conducir siempre es obligatoria.
Concretamente, las penas previstas son:
- Prisión de 3 a 6 meses, O
- Multa de 6 a 12 meses, O
- Trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.
- Y, en cualquier caso, la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a 1 y hasta 4 años.
En la práctica, cuando se trata de personas sin antecedentes penales y los hechos no presentan especial gravedad, es habitual que la condena consista en multa o trabajos en beneficio de la comunidad, evitando el ingreso en prisión.
Sin embargo, ello no significa que las consecuencias sean leves.
La retirada del permiso de conducir puede afectar gravemente a personas que dependen del vehículo para trabajar, como transportistas, comerciales, repartidores o conductores profesionales.
Además, debe tenerse muy presente el artículo 47 del Código Penal. Dicho precepto establece que cuando la privación del derecho a conducir supera los dos años, se produce automáticamente la pérdida de vigencia del permiso de conducción.
Esto implica que, una vez cumplida la condena, el conductor no recuperará automáticamente el carnet, sino que deberá tramitar de nuevo la obtención del permiso.
La negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia: delito independiente
Uno de los errores más frecuentes es pensar que negarse a realizar la prueba de alcoholemia puede evitar consecuencias penales.
Nada más lejos de la realidad.
La negativa constituye un delito autónomo tipificado en el artículo 383 del Código Penal y, de hecho, suele estar castigado con penas incluso más graves que el propio delito de alcoholemia.
Las penas previstas son:
- prisión de seis meses a un año,
- y privación del derecho a conducir por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.
La razón de esta severidad reside en que la negativa impide a la autoridad verificar una situación potencialmente muy peligrosa para la seguridad vial.
Además, la jurisprudencia ha interpretado este delito de manera muy estricta. No solo se castiga la negativa expresa y frontal, sino también determinadas conductas obstructivas, dilatorias o claramente encaminadas a impedir la correcta práctica de la prueba.
Por ello, ante un requerimiento policial, la recomendación general siempre debe ser colaborar y posteriormente analizar jurídicamente la actuación policial y la regularidad del procedimiento.
Conclusiones
Un delito de alcoholemia no es una simple sanción administrativa ni una multa de tráfico. Se trata de un procedimiento penal que puede generar consecuencias muy importantes tanto a corto como a largo plazo.
Cada caso requiere un análisis individualizado:
- de la legalidad del control,
- de la regularidad del procedimiento,
- de la sintomatología apreciada,
- de la fiabilidad de las mediciones,
- y de las concretas circunstancias personales del investigado.
En muchos procedimientos existen aspectos técnicos o procesales que pueden resultar determinantes para la defensa.
Por ello, ante una investigación por alcoholemia, resulta fundamental contar desde el primer momento con asesoramiento jurídico especializado que permita analizar todas las circunstancias del caso y garantizar la correcta protección de los derechos del conductor.
*El presente artículo es meramente divulgativo y no supone asesoramiento ni compromiso de actualización.
Para más información o asesoramiento, contacte con info@fernandezadvocats.es.
