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La reciente sentencia del Tribunal Supremo aborda un supuesto de hecho aparentemente sencillo, pero con una complejidad técnica relevante en cuanto a la calificación jurídica: la sustracción y el deterioro de señales de tráfico. El Alto Tribunal, estimando el recurso de casación interpuesto por la defensa, determina que tales conductas no deben castigarse de forma independiente como un delito de daños, sino que quedan integradas en el desvalor del delito contra la seguridad vial previsto en el Artículo 385.1 del Código Penal.
Antecedentes fácticos y proceso judicial
Los hechos probados analizados en la sentencia sitúan la acción en diciembre de 2019, cuando el acusado, con el ánimo de menoscabar el patrimonio público y perturbar el tráfico, golpeó y dobló varias señales de tráfico (prohibición de estacionamiento y paso de peatones) y arrancó otras dos (un “STOP” y una “dirección prohibida”, guardando estas últimas en su domicilio.
En primera instancia, el Tribunal de Instancia. Sección de lo Penal (anteriormente Juzgado de lo Penal nº 1 de Terrassa) condenó al acusado por un delito contra la seguridad vial en concurso medial con un delito de daños agravados. Esta calificación fue mantenida esencialmente por la Audiencia Provincial de Barcelona, lo que motivó el recurso de casación.
Naturaleza del Riesgo y el “Dolo de Peligro”
Uno de los puntos más didácticos de la sentencia es la delimitación del elemento subjetivo en el artículo 385 del CP. El Tribunal Supremo recuerda que este es un delito de riesgo abstracto. No se requiere que se produzca un peligro concreto para un usuario determinado de la vía, sino que basta con la idoneidad de la conducta para generar un riesgo grave.
Respecto al dolo, la Sala Segunda precisa que nos encontramos ante un dolo de peligro, que define como un dolo directo de segundo grado o de consecuencias necesarias:
- El autor quiere destruir o suprimir la señalización (resultado material).
- Al hacerlo, es plenamente consciente de que necesariamente infringe el bien jurídico protegido (la seguridad vial), pues las señales proporcionan la disposición normativa indispensable para la circulación.
El conflicto de normas ¿concurso de delitos o concurso de normas?
El núcleo de la controversia jurídica reside en si el daño causado a las señales debe penarse de forma separada al riesgo creado. La Audiencia Provincial había apreciado un concurso medial de delitos. Sin embargo, el tribunal supremo, siguiendo la tesis del ministerio fiscal, rectifica esta postura basándose en los siguientes argumentos
- Carácter residual del delito de daños: El Artículo 263 CP comienza con una cláusula de exclusión: «El que causare daños en propiedad ajena no comprendidos en otros títulos de este Código…». Al estar la conducta de dañar señales ya contemplada en el Título de los delitos contra la seguridad colectiva, el delito de daños pierde su aplicabilidad.
- Especialidad de la norma vial: el artículo 385.1 del CP, tras la reforma de la LO 15/2007, incluye expresamente las acciones de “mutar, sustrae o anular” la señalización. ¡El legislador entendió que el concepto de “anular” o “mutar! Ya lleva implícito el daño material sobre el soporte físico de la señal.
- Principio de consunción (art. 8.3 CP): El Tribunal determina que el desvalor de la acción (romper la señal) ya está íntegramente contenido en el desvalor del tipo de seguridad vial. La acción de «anular» o «mutar» la señalización lleva implícito el daño material. Castigar por ambos delitos supondría sancionar dos veces el mismo sustrato fáctico, vulnerando el principio non bis in idem.
Por tanto, el tribunal concluye que estamos ante un concurso de normas que debe resolverse a favor del delito contra la seguridad vial, por ser la norma más específica y la que abarca la totalidad de la significación antijurídica del comportamiento.
Fallo y consecuencias penológicas
El Tribunal Supremo casa la sentencia recurrida y dicta una segunda sentencia en la que se anula la condena por el delito de daños previsto y penado en el art. 263.3.4 del CP y condena exclusivamente por el delito contra la seguridad vial del art. 385.1 del CP.
Conclusiones
La sentencia analizada establece un precedente vital para la defensa técnica en casos de vandalismo vial. Refuerza la idea de que el CP debe aplicarse de forma que la norma más específica absorba a la genérica cuando el bien jurídico protegido (la seguridad vial) es de mayo rango o abarca el desvalor total de la conducta.
Esta sentencia es una herramienta clave para evitar la acumulación de penas en supuestos donde el daño patrimonial es solo el vehículo instrumental para la creación de un riesgo vial.
*El presente artículo es meramente divulgativo y no supone asesoramiento ni compromiso de actualización.
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